20 años después: Oaxaca resiste al despojo capitalista

Acciones de resistencia de los pueblos en el estado de Oaxaca (enero 2022 – agosto 2025 )


Presentación

A 20 años de la lucha y resistencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en EDUCA nos dimos a la tarea de reflexionar y analizar las formas de organización, acción colectiva y resistencia que actualmente se desarrollan en el estado.

En este ejercicio, las principales demandas de los pueblos y las expresiones de defensa del territorio adquieren especial relevancia, pues durante las últimas dos décadas el avance de los proyectos extractivos, así como diversas políticas gubernamentales, han configurado un escenario marcado por la conflictividad social, pero también por la resistencia, la organización comunitaria y la dignidad de los pueblos de Oaxaca.

Han sido los pueblos, comunidades y organizaciones sociales y civiles quienes, particularmente durante la última década y con mayor intensidad en los años recientes, han sostenido la defensa de sus territorios y derechos frente al extractivismo y otras amenazas.

En este contexto, el presente informe busca reconocer las luchas y resistencias que se desarrollan en Oaxaca, así como visibilizar los esfuerzos colectivos que mantienen viva la defensa del territorio, la autonomía de los pueblos y la construcción de alternativas frente a los modelos de despojo.

A dos décadas de la irrupción de la APPO, las luchas y resistencias que hoy se desarrollan en Oaxaca nos recuerdan que la defensa de la vida, el territorio, los bienes comunes y los derechos colectivos sigue siendo una tarea vigente. Reconocer estas experiencias implica no solo valorar la capacidad organizativa y la dignidad de los pueblos que las sostienen, sino también comprender que sus demandas interpelan al conjunto de la sociedad.

Este informe invita a las y los lectores a acercarse a estas voces, a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las comunidades y a reconocer que las resistencias que emergen desde los territorios no solo defienden intereses locales, sino que contribuyen a la construcción de un futuro más justo, democrático y sustentable para Oaxaca y para el país.

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, 20 de junio de 2026.

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Resumen ejecutivo

Este análisis examina las acciones de resistencia de la población de Oaxaca durante el periodo comprendido entre enero de 2022 y agosto de 2025, prestando especial atención al periodo de gobierno de Salomón Jara. A partir del monitoreo «Alas y raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca» de EDUCA, se registraron 159 acciones de resistencia en 56 municipios, las cuales están distribuidos en siete categorías.

Para el análisis del presente informe se presenta la información en dos apartados importantes: “formas de resistencia narrativas” y “formas de resistencia directas”. Se observa una mayor concentración espacial, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec y en la ciudad de Oaxaca, mientras que otras regiones se ven afectadas de forma más puntual, lo que refleja la amenaza inmediata que suponen los megaproyectos y los proyectos de infraestructura.

La resistencia se dirige contra decisiones de actores estatales y no estatales, así como contra intereses económicos, y se opone a las injerencias en los derechos sobre la tierra, el territorio, el medio ambiente, las prácticas culturales y la justicia social. Las formas de resistencia se basan en los problemas regionales, la disponibilidad de recursos y la intensidad del conflicto. En dichas acciones, las mujeres desempeñan un papel central, ya que defienden tanto la protección del territorio como su propia integridad física, lo que confiere a la resistencia en Oaxaca un carácter territorial, físico y de género.

El análisis muestra que la resistencia no debe entenderse únicamente como una reacción a la represión, sino como una práctica continua y estratégica de auto organización indígena. Las comunidades formulan enfoques alternativos a las estructuras capitalistas que sitúan en el centro el bien común, la responsabilidad ecológica y los principios de vida colectiva. A pesar de la violencia, la desigualdad y la represión, la resistencia se mantiene fuerte, genera visibilidad, fortalece a las comunidades y ofrece perspectivas para formas alternativas de vida y organización. Oaxaca se convierte así en un ejemplo de resistencia estratégica, solidaria y orientada al futuro, que tiene relevancia más allá de las fronteras regionales.

1. Introducción y Metodología

El presente documento es un análisis sobre las acciones de resistencia de los pueblos oaxaqueños. Los datos subyacentes se recopilaron entre el 11 enero de 2022 y el 30 agosto de 2025i. Por lo tanto, la mayoría de los datos corresponden al período del gobernador Salomón Jara. La fuente de los datos es el Monitoreo “Alas y raíces de los Movimientos Sociales en Oaxacaii” elaborado por EDUCA.

Durante el periodo analizado, 56 municipios se encontraban en resistencia y se registraron 159 acciones para este análisisiii. Estas 159 acciones se dividieron en siete categorías: acciones directas, bloqueos, celebraciones, conferencias de prensa, encuentros, foros y manifestaciones. Basándose en el número absoluto de acciones de resistencia registradas por municipio, los acciones se pueden dividir en tres regiones: la región metropolitana de Oaxacaiv, la región del Istmov y un panorama de acciones dispersas en el resto del estado.

¿Que estamos entendiendo por resistencia? En este texto, las acciones de resistencia se entienden como una práctica social autónoma. No solo se manifiesta en acciones visibles como manifestaciones o bloqueos, sino también en formas cotidianas de organización colectiva, en asambleas, prácticas culturales, rituales comunitarios y en la construcción de estructuras de comunicación propias. La resistencia se convierte así en un proceso continuo de auto organización que fortalece las relaciones sociales y genera capacidad de acción política.

Los datos se dividen en dos categorías superiores según el criterio del tipo y la intensidad de las acciones de resistencia. La división sirve para la reducción analítica y permite una comparación de la distribución espacial de los diferentes niveles de intensidad de la resistencia. Así, las formas de resistencia que se refieren a las «celebraciones», «conferencias de prensa», «encuentros» y «foros» se resumen como «formas de resistencia narrativasvi».

Las formas de resistencia referidas a las «acciones directas», «bloqueos» y «manifestaciones» se agrupan de manera general como «formas de resistencia directasvii».

Las formas de resistencia narrativas se desarrollan principalmente dentro de espacios de comunicación institucionalizados o socialmente aceptados y se caracterizan por un grado relativamente bajo de confrontación directa. En comparación, las formas de resistencia directa tienden más bien a la apropiación física directa de espacios públicos y, por lo tanto, conllevan un mayor riesgo de represión por parte de otros actores. Por lo tanto, esta categoría puede interpretarse como la expresión de una situación de conflicto agudizada.

¿Como definimos el territorio en el que se desarrollan las acciones de resistencia?

El territorio es, para los pueblos indígenas, mucho más que un espacio geográficamente delimitado. Abarca tres dimensiones interrelacionadas que juntas conforman una comprensión integral del concepto.

Para comprender esta concepción, es necesario partir de una distinción fundamental: mientras que el Estado concibe el territorio como un espacio administrativo y geográfico, o bien como una mercancía sujeta a explotación y privatización, los pueblos indígenas lo entienden como un espacio sagrado y vivo, inseparable de su identidad, su cultura y su espiritualidad. Esta diferencia de visiones no es menor, sino que constituye el núcleo del conflicto que se vive en Oaxaca, visible especialmente en regiones como el Istmo de Tehuantepec, donde los megaproyectos del CIIT redefinen el territorio como recurso económico con consultas inadecuadas a quienes lo habitan.

En este sentido, las palabras del intelectual indígena mixe Floriberto Díaz Gómez expresan con claridad lo que el territorio significa desde adentro: la tierra no es solo el suelo, sino que la conforman los animales, las plantas, los ríos, las piedras, el aire, las aves y los seres humanos. La tierra tiene vida, y los pueblos indígenas le deben su existencia. Como madre, no puede convertirse en propiedad privada, pues de lo contrario no sería posible asegurar el futuro colectivo de los pueblos.

Esta concepción cobra una dimensión adicional cuando se considera el papel de las mujeres. La defensa del territorio no es únicamente la defensa de un espacio físico, sino también la defensa del propio cuerpo. La integridad corporal y la integridad territorial están profundamente entrelazadas: el cuerpo es en sí mismo un territorio que debe ser protegido. Por eso, las mujeres en Oaxaca no solo luchan por sus tierras y sus medios de subsistencia, sino también por su propia seguridad física, lo que confiere a la resistencia un carácter simultáneamente territorial, corporal y de género.

A partir de estas bases, el territorio puede entenderse en tres dimensiones interrelacionadas:

La primera dimensión es el Cuerpo-Territorio: el territorio es el cuerpo mismo, la vida misma, la «primera piel» de las personas. Tiene un significado espiritual, cultural y religioso. La tierra no es algo que pertenece a los pueblos indígenas, sino que son los pueblos los que forman parte de ella.

La segunda dimensión es el Comunidad-Territorio: el territorio es el espacio geográfico en el que se inscribe la memoria colectiva, el soporte material de la vida comunitaria y el referente simbólico de la identidad colectiva. Aquí se expresa la unidad indisoluble entre comunidad, tierra y naturaleza.

La tercera dimensión es la Tierra-Territorio: mientras que la «tierra» designa únicamente un espacio geográfico delimitado que se cultiva o habita, el «territorio» refiere a la apropiación cultural de ese espacio, el lugar donde los pueblos indígenas desarrollan su vida en comunidad, cultivan sus prácticas y viven su relación con la naturaleza.

Estas tres dimensiones son inseparables entre sí: la integridad del propio cuerpo es condición previa para la salud de las tierras comunales, y viceversa. Por eso, la defensa del territorio en Oaxaca es al mismo tiempo una defensa de la vida mismaviii.


2. Análisis

Istmo: Poner el cuerpo frente a la conflictividad

Con 51 acciones, casi un tercio del total registrado (32,10 %), la resistencia se concentra claramente en la región del Istmo de Tehuantepec. Destaca especialmente la alta concentración de formas de resistencia directa: más de la mitad de todas las acciones directas registradas en el estado (52,60 %) tuvieron lugar en el Istmo. Desglosado por tipo de acción, el Istmo concentra el 58 % de todas las acciones directas, el 60,10 % de todos los bloqueos y el 41 % de todas las manifestaciones registradas en Oaxaca. En contraste, las formas de resistencia narrativas son mucho menos frecuentes en esta región y representan únicamente el 13,25 % de las acciones narrativas del estado.

Las razones de las acciones de resistencia difieren de un municipio a otro en su forma concreta, pero en gran medida se pueden atribuir a la implementación de los megaproyectos en el marco del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que, según los municipios afectados, se iniciaron sin consultar previamente a la población, y cuando lo hicieron, las consultas no respetaron los estándares internacionales en la materia.

Cabe destacar San Juan Guichicovi, seguido de San Blas Atempa, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y Santa María Mixtequilla. En el marco de la modernización de la vía férrea del Corredor Interoceánico y la consiguiente ampliación del «derecho de vía» reclamado por el Estado, se ejerció presión para desalojar las viviendas situadas en las inmediaciones de las vías a lo largo de gran parte del trayecto. Esta dinámica fue especialmente pronunciada en el municipio de San Juan Guichicovi, donde los habitantes afectados protestaron contra las amenazas de expropiación y organizaron bloqueos aislados de la vía férrea. Estas formas de protesta fueron perseguidas penalmente y sirvieron al mismo tiempo para legitimar una mayor presencia de la Guardia Nacional. La criminalización de las prácticas de defensa territorial parece ser aquí un patrón recurrente en la gestión de conflictos por parte del Estado. Esto también se puede demostrar mediante otros análisis, que también se basan en el monitoreo de Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxacai.

Un patrón de conflicto similar se observa en San Blas Atempa (Puente Madera) y en Santa María Mixtequilla. Allí, a pesar de la oposición declarada de parte de las comunidades, se reasignaron tierras agrícolas y comunitarias para convertirlas en los llamados «polos de desarrollo para el bienestar». Estas zonas se integrarán en la infraestructura del CIIT como centros industriales. Tras el anuncio de los proyectos, se desarrolló rápidamente en la región un movimiento de resistencia local muy complejo. Este se organizó en asambleas comunitarias, coordinó acciones de protesta y estableció bloqueos para imponer sus demandas de transparencia, condiciones laborales justas y distribución equitativa de los recursos. Además, los afectados recurrieron a medios legales para reclamar sus derechos y someter a revisión jurídica los efectos de los proyectos. En Salina Cruz, los trabajadores y los residentes bloquearon repetidamente los accesos a las obras de modernización del puerto para protestar contra las condiciones contractuales poco transparentes y los salarios pendientes de pago. Al mismo tiempo, las comunidades vecinas se quejan del uso de materias primas locales para medidas de infraestructura sin una compensación adecuada o transparente.

Por lo tanto, la expansión de la infraestructura genera aquí tensiones tanto en materia de derecho laboral como de recursos.

Además de la infraestructura directa del CIIT, hay otros megaproyectos en el istmo, especialmente en el ámbito de la energía eólica. En la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza se produjeron acusaciones relacionadas con los parques eólicos por la falta de consentimiento libre, previo e informado para el uso de tierras comunales. Las personas afectadas organizaron bloqueos de las carreteras de acceso, ocuparon las zonas del proyecto, realizaron manifestaciones y aprovecharon las reuniones para deliberar conjuntamente y preparar acciones legales contra los contratos de uso. En San Dionisio del Mar se observan dinámicas similares. Allí también se ocuparon las obras o se bloquearon los accesos, mientras que las asambleas comunitarias tomaban decisiones en contra del proyecto y presentaban demandas.

Conclusión Istmo

El análisis muestra que el Istmo de Tehuantepec se caracteriza por un claro predominio de formas de resistencia directa. El trasfondo lo constituyen los proyectos industriales y de infraestructura a gran escala en el marco del CIIT, así como otros megaproyectos que afectan profundamente a las tierras comunales colectivas, administradas en su mayoría por comunidades indígenas. Los territorios agrícolas organizados se ven especialmente afectados, ya que su uso se redefine mediante la reclasificación estatal, el «derecho de vía» o los parques industriales. Los formatos discursivos, como las asambleas y los encuentros, sirven principalmente para la toma de decisiones internas dentro de las estructuras de autogobierno indígenas. La resistencia contra estas intervenciones se criminaliza repetidamente. La intensidad de las formas de protesta directas se explica por las intervenciones territoriales directas, lo que contrasta claramente con la situación en la ciudad de Oaxaca.

Las demandas inmediatas de las comunidades del Istmo de Tehuantepec pueden resumirse en derechos de protección, reparación del daño y participación. Según las comunidades en resistencia, se dirigen contra formas concretas de apropiación de tierras, destrucción del medio ambiente y represión estatal, y tienen como objetivo el restablecimiento de la integridad territorial, la reparación de los daños materiales, la transparencia y la participación en los procesos de toma de decisiones.

Ciudad de Oaxaca: La caja de resonancia del movimiento social.

En la región metropolitana de Oaxaca se registró el segundo mayor número de acciones de resistencia. Alrededor del 79 % de estas acciones pueden clasificarse como formas narrativas de resistencia. Esto se debe a que la ciudad de Oaxaca, como capital del estado, es la sede de las autoridades políticas y administrativas centrales y, debido a su ubicación y su gran visibilidad pública, se utiliza preferentemente como lugar de intercambio, creación de redes y articulación política. En total, el 45,8% % de todas las acciones de resistencia discursiva y alrededor del 30,2 % (48 acciones) de todas las acciones registradas tuvieron lugar en la ciudad de Oaxaca.

La ciudad de Oaxaca suele ser el foco de concentración de los conflictos de otras regiones. Así, se han celebrado repetidamente conferencias de prensa de comunidades (indígenas) en el espacio urbano para llamar la atención sobre represiones de todo tipo. Por ejemplo, las mujeres mazatecas de Eloxochitlán utilizaron el Zócalo e instalaron un plantón de varios días con un tendedero público con fotos de presos políticos. Exigieron su liberación, la reforma del «amparo indirecto» y garantías de protección para las familias de los detenidos. Además, en la ciudad de Oaxaca se llevaron a cabo acciones sobre temas internacionales, como las consecuencias sociales, ecológicas y económicas que se esperan de la crisis climática global para el estado de Oaxaca, o la solidaridad con Palestina. Un tema central a nivel nacional es la persistencia de la violencia de género y la desaparición de mujeres. Así, como cada año, el 8 de marzo se celebró una concurrida manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer. Familiares de desaparecidos, periodistas, defensoras indígenas y colectivos solidarios tomaron las calles centrales de la ciudad.

En todo el estado de Oaxaca las mujeres constituyen una parte fundamental de la resistencia. Sin embargo, en los análisis no se les da la importancia que merecen. El sistema capitalista es un sistema patriarcal. El modelo neoliberal extractivista es un modelo patriarcal. Por ello, las mujeres no solo luchan por sus tierras y sus medios de subsistencia, sino también por su propia integridad física. Porque, en aras de su propia seguridad (territorial), se resisten a la estructura que amenaza ambas cosas. Porque la seguridad territorial y corporal no solo se entiende como la integridad de las tierras comunales, sino también como la integridad del cuerpo, ya que la integridad del propio cuerpo es un requisito previo para la salud de las tierras comunales.

También se abordaron problemas urbanos en Oaxaca de Juaréz concretos. Los temas centrales en la ciudad de Oaxaca son, en particular, el suministro de agua y la gentrificación. Aunque las formas de resistencia directa son relativamente poco frecuentes, casi siempre se centran en conflictos urbanos.

Concentran las críticas contra la represión estatal, el aumento del coste de la vida, la expropiación cultural y la reestructuración del espacio urbano. Esto quedó patente, entre otras cosas, en las manifestaciones contra la gentrificación, que dieron lugar a detenciones y represión policial.

Conclusión Oaxaca

El análisis muestra que las formas narrativas de resistencia en Oaxaca de Juárez tienen como objetivo principal llamar la atención pública y lograr visibilidad política, más que provocar bloqueos materiales inmediatos. Más allá del contexto urbano, la ciudad de Oaxaca funciona como caja de resonancia política y mediática para conflictos supra regionales, nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, la ciudad se convierte en un espacio de conflicto, especialmente allí donde las acciones directas ponen de manifiesto líneas de conflicto urbanas como la gentrificación, el desplazamiento social y la represión estatal.

Municipios: La cultura y la identidad también son formas de resistencia

Mientras que en el Istmo y en la ciudad de Oaxaca se concentra aproximadamente un tercio de las acciones, el 37,7 % se distribuye de forma mucho más heterogénea entre los 36 municipios en resistencia del estado. En total, el 50,75 % de todas las formas de resistencia discursiva y el 34,45 % de todas las formas de resistencia directa tuvieron lugar en los municipios registrados. Cabe destacar que el 50 % de todas las conferencias de prensa registradas y la mayoría (43,4 %) de todas las celebraciones tuvieron lugar en estos municipios. A continuación se describen las formas de resistencia en municipios seleccionados a modo de ejemplo, en orden descendente de intensidad.

1. Uno de los municipios con una resistencia especialmente visible es Santiago Jamiltepec, situado en el sur, incluidas las comunidades vecinas a lo largo del río Verde. Desde 2018, aquí se celebra anualmente el «Día de acción de gracias al Río Verde», en el que se celebran con música, bailes, rituales y actos simbólicos a orillas del río. Estas acciones están dirigidas contra los modelos de desarrollo extractivos y la reconversión del río en recurso energético o de infraestructura, en particular contra los proyectos de construcción de presas. La resistencia tiene como objetivo defender la autonomía, los medios de vida y la continuidad cultural de las comunidades. Además de las celebraciones anuales, se llevan a cabo diversos rituales y prácticas ecológicas para reforzar la protección del río y el medio ambiente.

2. En el norte de Oaxaca, las comunidades de Eloxochitlán de Flores Magón y Huautla de Jiménez, entre otros, se encuentran en resistencia. Aquí, la justicia política y judicial ocupa un lugar central. En Huautla, por ejemplo, se ocupó simbólicamente el tribunal local para llamar la atención sobre la criminalización y la prolongada prisión preventiva de los presos políticos, consecuencia de conflictos intra comunitarios sin resolver. Al mismo tiempo, la región atrae la atención por el intento de asesinato de un fotoperiodista que informa sobre las actividades extractivas.

3. La comunidad de El Coyul, en el municipio de San Pedro Huamelula, es un ejemplo de resistencia contra actores no estatales. Los actores inmobiliarios privados (cartel inmobiliario) amenazan más de 1452 hectáreas de tierras comunales y quieren imponer su control sobre los recursos costeros. Por ello, la región se ve amenazada por un «ecocidio» y un «etnocidio», provocados por la destrucción de manglares, playas y otros ecosistemas costeros, así como por la gentrificación que se avecina. Esto da lugar a violencia contra las familias, intentos de expropiación, amenazas a los habitantes locales y procesos judiciales. En su resistencia, la comunidad apuesta por iniciativas propias y acciones colectivas: gestiona una infraestructura cooperativa de Internet para reforzar su propia voz, visibilizar la resistencia e informar sobre los conflictos locales. Además, organiza encuentros colectivos, como el «Encuentro en Defensa de las Playas, Manglares y Territorios», en el que participaron 25 comunidades, 33 organizaciones y unas 250 personas, con el fin de crear redes de solidaridad, intercambiar experiencias y planificar medidas para la protección de las costas y los territorios.

4. Villa de Tututepec es un ejemplo de formas de resistencia preventiva en el sentido del empoderamiento ecológico y cultural. Al igual que en Jamiltepec, el Río Verde es un punto de referencia central. En cooperación con organizaciones como EDUCA, se llevaron a cabo talleres participativos para la protección del río con el fin de analizar conjuntamente los problemas medioambientales y desarrollar estrategias de acción locales. La resistencia se manifiesta aquí mediante la creación de estructuras de comunicación propias, como por ejemplo la emisora de radio comunitaria «Voces Afromexicanas», fundada por mujeres afro-mexicanas, que fortalece la identidad cultural y da a conocer públicamente las preocupaciones territoriales. En el mismo municipio, la radio comunitaria Estéreo Lluvia tiene una larga trayectoria con diferentes enfoques de resistencia cultural.

5. Las comunidades de Oaxaca se ven especialmente afectadas por la minería ilegal y el desprecio estructural de los derechos de la población indígena. Un ejemplo de ello es la resistencia de los municipios de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso. Allí, las comunidades lograron, mediante un amparo, que se detuvieran momentáneamente las concesiones mineras otorgadas. Estas concesiones fueron otorgadas por actores a nivel federal sin consultar a la población sobre terrenos comunales. Ahora las empresas mineras no pueden seguir operando. Además de la intervención jurídica, las comunidades de Magdalena Ocotlán, San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, Ocotes, Vergel, Cerro de las Huertas entre otras, utilizan desde 2023 acciones simbólicas y narrativas para dar visibilidad a su resistencia. Entre ellas se incluyen actos conmemorativos públicos el 10 de abril, desfiles, rituales y altares, conferencias de prensa en Oaxaca de Juárez y la participación en foros regionales y nacionales. A través de estas medidas, las comunidades fortalecen sus redes, transmiten sus demandas al público y dan a conocer los conflictos sociales, ecológicos y territoriales.

Conclusión sobre los municipios

En el resto de municipios, las formas de resistencia comunicativas marcan el panorama de las acciones. Cabe destacar especialmente el elevado número de celebraciones y ruedas de prensa. Los rituales, las fiestas culturales y las ceremonias comunitarias no solo sirven para la articulación simbólica, sino que también refuerzan la identidad territorial, las estructuras de decisión colectivas y el posicionamiento común frente a posibles intervenciones, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de paz. Aquí, la resistencia suele comenzar como una reafirmación cultural. También llama la atención que una parte considerable de todas las conferencias de prensa se celebra fuera de los dos puntos conflictivos. Estas conferencias funcionan como un instrumento estratégico para llevar los conflictos locales de las regiones periféricas a un público más amplio, visibilizar la represión y movilizar el apoyo político. De este modo, la opinión pública se convierte en sí misma en una forma de protección e intervención. Las acciones conflictivas se producen especialmente donde se inician proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado. La falta de información es una estrategia habitual en los megaproyectos que se observa ampliamente en diferentes municipios. Entre otras cosas, esto provoca una división deliberada dentro de un municipio. Sin embargo, en general, la resistencia en estos municipios se manifiesta como una práctica continua de auto organización indígena que combina estrategias culturales, comunicativas y territoriales.


3. Claves para entender las resistencias en Oaxaca

La resistencia abarca diversos ámbitos políticos y sociales: si bien el territorio constituye el eje fundamental de la resistencia oaxaqueña, las comunidades luchan igualmente por la protección del medio ambiente, los derechos laborales, la justicia política y judicial, la identidad y la cultura, la integridad física de las mujeres y el rechazo a la gentrificación urbana. Quienes la practican luchan por la justicia social, la protección del medio ambiente y los recursos, la supervivencia de su propia cultura, la paz, la conservación de su propio territorio, el fin de la impunidad de los responsables y los represores. Las comunidades no luchan únicamente contra las intervenciones concretas en su territorio, sino también por el derecho a definir y nombrar su propia resistencia. El Estado utiliza su poder narrativo para presentar a quienes defienden su territorio como agresores, legitimando así sus propias medidas represivas como una reacción necesaria. Los bloqueos, las ocupaciones y las protestas son criminalizados, a pesar de ser respuestas a intervenciones ilegales en el marco jurídico vigente. Por ello, las comunidades reivindican no solo la protección de su territorio, sino también el derecho a nombrar sus propias prácticas por lo que son: formas legítimas, estratégicas y jurídicamente fundamentadas de autodefensa. La resistencia se lleva a cabo a nivel municipal, estatal y federal. En función de los problemas regionales respectivos, se eligen las formas de resistencia adecuadas dentro del marco de los recursos disponibles. Estas se dirigen contra actores estatales, actores no estatales, asociaciones delictivas y estructuras del crimen organizado en general.

El análisis muestra que la resistencia en Oaxaca no puede entenderse como un fenómeno homogéneo, sino que se manifiesta de manera sistemáticamente diferente en función del tipo de espacio, la intensidad del conflicto y la proximidad a los centros de poder político. Así, Oaxaca puede entenderse en su conjunto como un espacio de prácticas de resistencia diversas, en el que, sin embargo, se pueden identificar claras concentraciones regionales.

Especialmente en el istmo de Tehuantepec, las formas de resistencia se intensifican donde se producen intervenciones territoriales directas a causa de megaproyectos. El hecho de verse directamente afectados conduce a una mayor intensidad del conflicto, que se manifiesta en formas de resistencia directas. Por el contrario, Oaxaca de Juárez actúa sobre todo como un espacio de visibilidad, articulación y creación de redes, en el que predominan las formas narrativas de resistencia. En los demás municipios, por el contrario, la resistencia se manifiesta a menudo como una práctica a largo plazo, preventiva y arraigada culturalmente, que no reacciona ante escaladas agudas, sino que protege y fortalece de antemano las estructuras territoriales, sociales y ecológicas.

La resistencia no es, por tanto, aleatoria ni homogénea, sino una práctica contextual y estratégica que se adapta a condiciones específicas y combina diferentes formas entre sí.

El Estado recurre a la narrativa de presentar a los defensores como agresores para poder presentar sus propias medidas represivas como una reacción a las acciones directas y, de este modo, legitimar a su vez su actuación. La posibilidad de presentar un problema desde otra perspectiva es una herramienta de poder que sirve para imponer los propios intereses.

Las acciones de resistencia constituyen pues reacciones a la desestabilización de la paz comunitaria y a las injerencias en el ordenamiento jurídico vigente. La criminalización de la resistencia y de las medidas de protección de las poblaciones indígenas contra el acaparamiento de tierras, la extracción ilegal de recursos y la destrucción de su hábitat suele servir para imponer los intereses económicos de poderosas empresas, quebrantar la resistencia, eludir los derechos sobre la tierra e intimidar a las activistas, al presentar su protesta pacífica como un delito.

Teniendo en cuenta que no todas las acciones de resistencia se han registrado en la base de datos y que, sin embargo, se ha incluido en el análisis un número tan considerable de ellas, esto apunta a un desprecio increíblemente generalizado de los deseos, las reivindicaciones y los derechos reales de la población y las comunidades, y sugiere la existencia de un gran conflicto de intereses entre los capitalistas, los detentadores del poder y la población.

Al mismo tiempo, a pesar de su diversidad, las reivindicaciones de las comunidades pueden resumirse en unas preocupaciones comunes fundamentales: la protección de sus territorios, la salvaguarda de sus medios de vida, la exigencia de justicia y la participación activa en los procesos de toma de decisiones. Estas reivindicaciones unen las diferentes formas de resistencia más allá de las diferencias regionales.

Pero también ponen de manifiesto un gran orgullo de la población y subrayan el deseo de una administración propia. El respeto por la protección del medio ambiente, la importancia secundaria que se concede a la creación de valor capital y las reivindicaciones generales de las comunidades (indígenas) pueden entenderse como el derecho al respeto del llamado «Buen Vivir». Esto significa que existe una búsqueda de una alternativa al sistema capitalista y que este enfoque también se organiza y se vive. Así, también se podría suponer que la fuerte cohesión dentro de las comunidades, el llamado tequio, se refleja en una mayor importancia dentro de las comunidades y se traduce positivamente en el número de acciones de resistencia.

No hay que olvidar que las mujeres desempeñan un papel fundamental en los movimientos de resistencia. No solo luchan por la protección de su territorio, sino también por su propia integridad física, lo que pone de manifiesto que la resistencia en Oaxaca no solo tiene un carácter territorial, sino también físico y de género, ya que la integridad del cuerpo y la integridad de las tierras comunales están estrechamente entrelazadas. Además, luchan por su visibilidad en general.

La resistencia no solo se dirige contra intervenciones concretas, sino que al mismo tiempo formula concepciones alternativas de la sociedad, el desarrollo y la convivencia. Se basa en principios colectivos en los que el bien común, las relaciones sociales y la responsabilidad ecológica desempeñan un papel central.

Precisamente por ello, existe esperanza de que, pese a la represión, la violencia y las profundas desigualdades, las comunidades y pueblos indígenas continúen organizándose y resistiendo frente a las distintas formas de opresión. Sus luchas no solo defienden derechos territoriales, sino también la seguridad, la dignidad y la posibilidad de vivir en paz. La existencia misma de estas resistencias evidencia que la represión nunca logra imponerse de manera absoluta, ya que también emergen respuestas colectivas que rechazan el silencio y la subordinación.

En este contexto, resulta pertinente preguntarse qué significa habitar un estado con una densidad tan alta de resistencias sociales. Por un lado, esto refleja conflictos profundos y desigualdades estructurales persistentes; por otro, revela la existencia de una sociedad políticamente activa, capaz de organizarse, defender sus derechos y participar de manera directa en la construcción de sus propias realidades. Las formas alternativas de convivencia no permanecen únicamente en el terreno de la imaginación política, sino que ya son practicadas cotidianamente por numerosas comunidades en resistencia.

Estas experiencias representan un referente importante más allá de sus contextos locales. Su capacidad de organización, sus formas de unión comunitaria y las estrategias mediante las cuales sostienen la resistencia ofrecen enseñanzas valiosas para otras sociedades atravesadas por la lógica individualista y mercantil del capitalismo contemporáneo. En ese sentido, las luchas anticapitalistas impulsadas desde estas comunidades invitan a repensar las prioridades sociales y económicas, desplazando el énfasis del beneficio a cualquier precio hacia valores centrados en la dignidad humana, la solidaridad y la convivencia colectiva.

Referencias:

i Sin embargo, la mayoría de los datos proceden de los años 2023 a 2025 (solo seis datos son del año 2022).

iii Parte de los datos recopilados por del Monitoreo se excluyeron del proceso de análisis posterior, ya que determinadas acciones de resistencia afectaban a varias regiones o temas al mismo tiempo, o bien las fuentes en las que se basaban no indicaban lugares concretos, por lo que no era posible realizar una cartografía clara. En total, se excluyeron 34 acciones de resistencia del análisis final.

iv La región metropolitana de Oaxaca comprende los siguientes municipios: San Raymundo Jalpan, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, San Andrés Huayápam, Santa María Atzompa, San Lorenzo Cacaotepec, Villa de Etla und Oaxaca de Juaréz.

v La región del Istmo comprende los siguientes municipios: Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Mixtequilla, San Blas Atempa, San Pedro Comitancillo, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, Matías Romero Avendaño y San Juan Guichicovi.

vi Esta categoría abarca acciones de resistencia cuyo objetivo principal es la transmisión comunicativa, discursiva y simbólica. Los foros, las conferencias de prensa, las reuniones y las celebraciones sirven para generar y difundir conocimientos, establecer redes y dar visibilidad pública a las reivindicaciones y los problemas, así como para representar a la resistencia ante la opinión pública.

vii Esta categoría incluye formas de acción que se caracterizan por un alto grado de presencia física, confrontación y intervención en las estructuras de poder y orden existentes. Los bloqueos, las manifestaciones y las acciones directas tienen como objetivo interrumpir la normalidad social, generar urgencia política y presionar a los actores estatales o económicos para que actúen.

viii Fuente: EDUCA/Tequio Jurídico/La Ventana A.C., „Tierra y Territorio, una alternativa de vida», Oaxaca 2013 https://www.educaoaxaca.org/tierra-y-territorio-una-alternativa-de-vida/

Oaxaca entre la criminalización, la violencia y la defensa comunitaria

Monitoreo: Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca (Diciembre 2022 – Mayo 2025)

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Introducción

El presente documento es un análisis sobre el conflicto territorial, los actos de resistencia y las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca, enfocado en el periodo del 1 de diciembre del 2022 al 31 de mayo del 2025. Este periodo abarca los primeros 2 años y medio del actual gobierno de Salomón Jara y por ende del partido político Morena.

Esta investigación se llevó a cabo en el contexto del aumento de los conflictos por el control de la tierra y territorio, el incremento de medidas de seguridad nacional y la militarización en el país, así como de las estructuras criminales y los mercados ilícitos cada vez más visibles y violentos que impregnan México. Sin embargo, el enfoque principal de este análisis se centra en las posibles causas del creciente despojo de tierras y el incremento de la violencia contra los pueblos indígenas, los movimientos sociales, su criminalización y, por tanto, la reducción del espacio cívico en el sureste de México.

Apuntes metodológicos.

Para llegar al fondo de las causas de los fenómenos observados, EDUCA implementó tres monitoreos de seguimiento con sus respectivas bases de datos. El primer seguimiento analiza las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, documentando tanto las circunstancias de la agresión, la forma de agresión y los posibles agresores, entre los más importantes. El segundo monitoreo está dedicado a la conflictividad territorial en Oaxaca, su naturaleza y justificación, enfocándose en los actores que intervienen en los conflictos, así como las respuestas institucionales, además de los esfuerzos de las autoridades federales, estatales y locales para resolverlos. El tercer monitoreo documenta las acciones de resistencia y organización política en Oaxaca y, por tanto, la respuesta de la población ante la conflictividad.

La base de estos datos y su documentación se retoma principalmente de los casos publicados en la Minuta de Educa Oaxaca, igualmente se utilizan otras fuentes periodísticas y de organizaciones de derechos humanos. Cabe señalar que en nuestra base de datos, no todos los hechos conflictivos han sido registrados, ya sea porque no se denunciaron públicamente o por falta de información corroborada. En esta investigación denominamos hecho conflictivo a un evento que genera tensión o confrontación entre dos o más partes y que fue difundido públicamente a través de diferentes medios de comunicación.

Por tanto, la información presentada cuenta con respaldo y confirmación de éstos hechos conflictivos, EDUCA considera que la información es un derecho de la ciudadanía y por tal motivo difunde la sistematización de nuestras bases de datos.

UNO. Criminalización: respuesta del Estado frente a la defensa comunitaria.

En los primeros dos años y medio de la actual administración, se registraron 44 personas agredidas individualmente y 70 actos de agresión contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales en Oaxaca.

De todas las agresiones registradas, 27 fueron catalogadas como atentados a la vida, abarcando tres tipos de agresiones: homicidio , ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

En estos actos de agresión se privó de la vida y asesinó a un total de 32 personas defensoras. Estos casos de atentados a la vida constituyen 20 homicidios individuales, 1 ejecución extrajudicial y 5 ataques hacia grupos de personas en la cual 11 personas defensoras fueron asesinadas. Cabe mencionar que en el periodo analizado se registró 1 desaparición forzada, no obstante, la persona desaparecida (Refugio Román Cortés Hernández) fue localizada con vida un mes después de su desaparición.1

En el estado, la criminalización (31 registros), el hostigamiento (29 registros) y homicidios (25 registros) son los tipos de agresiones con mayor incidencia, los cuales representan el 73.6% de las agresiones cometidas.

En el total de los 114 registros de agresiones hacia personas defensoras que existen en nuestra base de datos, estimamos que 355 personas fueron agredidas2.

Un aspecto preocupante que sobresale en este monitoreo es que el Istmo de Tehuantepec destaca con el 50% de todas las agresiones registradas que se relacionan con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto que cataliza las agresiones contra personas defensoras en la región.

La agresión principal en el contexto de su implementación también es la criminalización. En el Istmo se registraron 20 incidentes de criminalización, constituyendo casi 2/3 de todas las agresiones en el estado. Estos 20 casos de criminalización involucran a 136 personas defensoras.

Si se examina el tema de criminalización de personas defensoras más de cerca, en Oaxaca se observa un patrón de penas excesivas. Estos “castigos ejemplares” para los defensores son una respuesta desproporcionada a su labor de defensa y buscan desalentar a las comunidades en resistencia. En lo que respecta a estas penas excesivas es importante nombrar los casos de Miguel Peralta Betanzos, David Salazar Hernández, y Pablo López Álavez con sentencias de 50, 46 y 30 años, respectivamente.

Se observa que el mayor agresor denunciado son las autoridades estatales (24.6%) seguidas de los poderes fácticos (22.8%) y las autoridades federales (21.1%).

En este sentido, una táctica de disuasión del Estado es el uso de grupos de choque. Un actor que, tras su uso en tiempos oscuros, se pensaba que estaba en desuso; sin embargo, tanto en manifestaciones contra megaproyectos del gobierno federal, como en marchas y bloqueos de comunidades indígenas, migrantes y hasta mujeres, grupos civiles violentos reaparecieron y han generado conatos de violencia en el espacio público. Además, en territorios ocupados por grupos del crimen organizado, se empiezan a borrar las fronteras entre estos poderes fácticos, los grupos sindicales y del partido gobernante. Son los ejemplos de Agencia de Guadalupe Victoria del municipio de San Juan Juquila Mixes, que sufrieron desplazamiento interno de su comunidad, Unión Hidalgo en la defensa de su territorio ante la extracción ilegal de sus bienes comunes, San Antonio de la Cal frente la construcción del centro de residuos sólidos y Capulálpam de Méndez ante la extracción ilegal de sus minerales. En todos estos casos documentamos la presencia de grupos de choque que con violencia intentaron frenar su legítima defensa.

Para finalizar este apartado, es importante visibilizar que el 86% de las personas defensoras, víctimas de agresiones pertenecen a pueblos indígenas, en los que el 35.1% son zapotecos, 17.6% son ayuuk-mixe, 11.4% pertenecen al pueblo triqui, 7% son del pueblo mixteco, 7% del pueblo mazateco y 8% pertenecen a diferentes pueblos.

DOS. Omisión y provocación agudizan los conflictos territoriales en Oaxaca

En el monitoreo sobre la conflictividad territorial en Oaxaca, hemos registrado 166 hechos conflictivos, lo que equivale en promedio a más de un evento conflictivo por semana. Analizando los tipos de conflictos, sobresale que los conflictos agrarios (44 hechos conflictivos) y la imposición del CIIT (42 hechos conflictivos) destacan como focos rojos de conflictividad territorial, seguidos de la operación ilegal de proyectos mineros en los Valles Centrales y la Sierra Norte (22 hechos conflictivos). Cabe señalar que un conflicto emergente se encuentra en la Costa con el despojo de playas por proyectos turísticos.

Respecto a la conflictividad en las regiones, se observa que el Istmo de Tehuantepec destaca como el centro de aglomeración de conflictos con casi la mitad de todos los eventos conflictivos (47.6%), seguido de Valles Centrales con 16.9%, la Mixteca con 11.4% y la Costa con 8.4%.

Del total de hechos conflictivos, destacan los territorios indígenas con un 96%, lo cual representa un alto nivel de vulnerabilidad y falta de atención de las autoridades estatales y federales frente a la conflictividad, en los que las principales causas son la implementación de megaproyectos, es decir, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, la minería en los Valles Centrales y la actual turistificación en la Costa.

Es importante señalar que el aumento del porcentaje en la Mixteca corresponde principalmente a un conflicto agrario, que recibió mucha atención pública y política debido a la presión pública (nos referimos al conflicto Villa de Guadalupe Victoria-Llano de Guadalupe), a este escenario se suma el conflicto triqui, una disputa violenta entre grupos de poder y comunidades por el control político y territorial, un conflicto que ha causado desplazamientos forzados, asesinatos y una crisis humanitaria que persiste desde hace décadas.

De los 166 hechos conflictivos registrados, destacan como principales respuestas de las autoridades estatales (en términos de generar líneas para atender la conflictividad): la omisión con el 38%, la provocación con el 28.3%, y la administración del conflicto con 15.1%.Los números son preocupantes. Esta respuesta de las autoridades estatales y federales derivan en conflictos sociales y políticos agravados e incluso asesinatos.

En el intento de resolver los conflictos territoriales, es importante destacar el papel de las autoridades locales – municipales o agrarias – y el papel de los tribunales en los que su actuación ha producido una disminución de hechos conflictivos en diferentes regiones principalmente relacionados con conflictos político electorales, agrarios y de despojo de bienes comunes (6.6% de los hechos conflictivos). No obstante, aunque existen resoluciones de tribunales y/o acuerdos internos de autoridades municipales y agrarias, la actuación de autoridades estatales y federales reavivan los conflictos.

Respecto a la autonomía y territorio de las comunidades relacionadas con megaproyectos de inversión, hemos documentado que en varios conflictos, las autoridades estatales y federales violentan los acuerdos comunitarios, tal es el caso de Puente Madera, Unión Hidalgo y Santa Cruz Tagolaba en el Istmo de Tehuantepec, San Pedro Quiatoni y otras comunidades de Valles Centrales en contra de la minería. Se imponen poderes fácticos y economías ilegales y aunque existan resoluciones judiciales a favor de las comunidades, estas no se respetan. Una constante en estos proyectos es la falta de acceso a la información pública y la falta de acceso a la justicia.

TRES. Estrategias de resistencia y paz comunitaria.

En términos de respuestas desde los pueblos indígenas, comunidades y los movimientos sociales en Oaxaca ante la situación previamente descrita existe una gran acción popular. Los pueblos indígenas, comunidades y movimientos sociales buscan resolver sus conflictos de forma autónoma. Debido a esto se ha logrado mantener el tejido social en el estado.

Las respuestas de comunidades en el Istmo, Valles Centrales y la Costa se caracterizan por una diversidad de tácticas de defensa que van desde lo jurídico hasta la acción directa. Dicha condición nos indica que los movimientos sociales y comunidades aún apuestan por las instituciones del Estado. Al mismo tiempo, ejercen su derecho a la libre manifestación y movilización. En el panorama de conflictividad descrito documentamos 149 acciones de resistencia, equivalente a por lo menos una acción de resistencia por semana.

Cabe destacar que la mitad de las acciones de resistencia corresponden a manifestaciones, bloqueos y celebraciones siendo las formas de acción más usadas.

También existen estrategias y alternativas emergentes, para enfrentar el escenario de conflictividad y violencia, principalmente enmarcadas en acciones de solidaridad entre los pueblos, movimientos y comunidades, el impulso de foros amplios de información, conferencias de prensa encaminados hacia el fortalecimiento de la identidad, la cultura, además del rescate de lugares espirituales. Si por algo se caracteriza Oaxaca es por su fuerza organizativa y creatividad de formas de resistencias.

Las acciones de resistencia registradas muestran un claro consenso de organización política en las dos regiones de Valles Centrales y el Istmo, que destacan sobre las otras 5 regiones con 50 y 55 acciones de resistencia respectivamente. A estas dos regiones les sigue la región Costa con 17 actos de resistencia.

Estos datos apoyan la hipótesis de que tanto el megaproyecto Corredor Interoceánico en el Istmo, como los proyectos mineros en los Valles Centrales son las principales causas de resistencia política y conflicto territorial. Las cifras de acciones de resistencia en la Costa, a su vez, confirman el reciente fenómeno de turistificación de la región como una de las principales causas de conflicto y resistencia.

Conclusión

Los progresivos procesos ilegales de apropiación de tierras y territorios, la violencia y la criminalidad en el sureste de México se han visto acentuados en los últimos dos años y medio por la imposición de megaproyectos, ligados al proyecto económico de la Cuarta Transformación, que se pretende imponer, principalmente en territorios indígenas (90% de las comunidades y movimientos en resistencia pertenecen a un pueblo indígena).

Las medidas de promoción de megaproyectos extractivistas y la creciente integración de la región del Istmo en el mercado capitalista internacional, ponen de manifiesto claras violaciones de los derechos humanos. Bajo la presión de la creciente militarización de la región, el avance de las empresas transnacionales y las estructuras criminales en diferentes regiones, es cada vez más difícil para las comunidades defenderse contra el despojo de tierras, la destrucción del medio ambiente y la exclusión cultural, incluso están pagando dicha defensa con sus vidas.

El análisis de los datos registrados en el marco de este monitoreo sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, conflictos territoriales y acciones de resistencia, que se centran en los primeros dos años y medio del gobierno de Salomón Jara, muestra claramente que los pueblos indígenas son cada vez más criminalizados. Además de las evidentes amenazas a los derechos humanos que revelan las cifras presentadas, la creciente represión a los movimientos sociales y a la libertad de organización representa una amenaza a la democracia en Oaxaca y muestra explícitamente que el campo de acción de la sociedad civil es cada vez más restringido (reducción de espacios cívicos).

Como se explica en este texto, los conflictos territoriales, la suma de acciones de resistencia y agresiones a defensores de derechos humanos y por ende la represión del movimiento social se concentran en las regiones del Istmo de Tehuantepec, los Valles Centrales y la Costa. Estos datos apoyan la tesis de que la implementación de megaproyectos, especialmente el Corredor Interoceánico, la minería y el turismo son las principales causas del incremento de la conflictividad y la violencia en Oaxaca. Si profundizamos en esta premisa, los datos analizados muestran que el 54,4 % de las agresiones se cometieron contra personas que defendían su derecho a la tierra y territorio.

El 67.7% de éstas ocurrieron en el Istmo de Tehuantepec, seguido por el conflicto agrario en la Mixteca, con 16.1% y nuevamente los Valles Centrales y la Costa con 4.8% cada uno. Estas cifras no sólo confirman la tesis mencionada, sino que muestran que la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec ha promovido masivamente los conflictos por el control de la tierra y el territorio y con ello el despojo y desplazamiento de comunidades y la espiral de violencia asociada, que ahora está alcanzando su punto máximo entre 2022 y 2025.

La respuesta institucional del Estado ante las circunstancias descritas en la segunda parte, con un 38% de omisión y un 28,3% de provocación, muestran una falta de interés político por parte del actual gobierno en resolver los conflictos, así como en responder a las demandas de la población. Por el contrario, se puede interpretar que la represión por intereses económicos es una estrategia del Estado y de las empresas nacionales y transnacionales para avanzar en sus proyectos, mientras que las comunidades afectadas no son tomadas en cuenta, por el contrario, su defensa es criminalizada con la fabricación de delitos penales.

En la crítica situación descrita, el análisis de las acciones de resistencia ofrece un rayo de esperanza. Tanto el número de acciones de resistencia como su concentración en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y la Costa muestran que a pesar de todos los peligros, incluso mortales, que enfrentan las personas en resistencia, y en defensa de los derechos humanos, existe la determinación de defender su territorio, la vida comunitaria y sus propias formas de vida y organización.

Campaña de Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, 09.08.2025

1 Es importante señalar que en los casos aquí mencionados se registra la agresión principal. Por eso un caso como el de la defensora Sandra Estéfana Domínguez Martínez (que después de ser desaparecida por 7 meses -206 días- su cuerpo fue hallado sin vida) se presenta como homicidio en la gráfica, y no como desaparición forzada.

2 Es importante señalar que, en el caso de agresiones perpetradas contra colectivos o grupos, no siempre se puede determinar con claridad el número de personas agredidas. Entonces las agresiones contra manifestaciones o colectivos, para nombrar unos ejemplos, se registraron con el número de 0 personas agredidas. A lo mismo existen agresiones hacia colectivos en los cuales la cifra de las personas agredidas está nombrada

Militarización, impunidad y violencia agravan la crisis de los derechos humanos: Informe EPU Oaxaca

Desde hace 15 años advertimos a la ONU que la situación en materia de derechos humanos se agudizaría debido a problemas estructurales: la política de militarización, la legislación neoliberal, el machismo que permea las estructuras del Estado, la falta de reconocimiento de derechos hacia pueblos indígenas, mujeres e infancias, la impunidad, las violencias en contra de quienes defienden derechos humanos y libertad de expresión y la falta de voluntad política han conducido a una crisis sistemática en materia de derechos humanos”.

Es en ese contexto que, organizaciones y colectivos de Oaxaca presentaron por cuarta ocasión un informe sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca. En este último periodo, desde el 2018, existió una alternancia política a nivel federal y el último año a nivel estatal con la llegada de Salomón Jara a la gubernatura, sin embargo, señalan las organizaciones “pese a la retórica de Estado se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca”. Afirmaron: “Encontramos continuidad entre las administraciones priistas y morenistas caracterizadas por retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción, falta de autonomía de los poderes y desinterés en cuanto a los derechos humanos”.

Existe una grave falta de transparencia y de priorización de los derechos humanos en la asignación presupuestaria. Encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real, es efectivamente imposible saber en qué acciones se ejecutan los montos asignados, por ejemplo, a la política transversal de igualdad de género”.

“Los órganos autónomos claves para la política de derechos humanos y procuración de justicia están supeditados al poder oficial, como se ilustra en los procesos de elección de los últimos dos fiscales y del titular del órgano descentralizado, Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Oaxaca (CEAV)”.

Descargar Informe EPU Oaxaca 2018-2023 | Violaciones a los derechos humanos se han profundizado en Oaxaca, advierten organizaciones | Oaxaca | El Universal | Organizaciones advierten crisis de derechos humanos en Oaxaca – OM | Pese al triunfo de Morena en Oaxaca, se agrava la violación a los derechos humanos – Estado20 | Fotografía EDUCA

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EN OAXACA LA JUSTICIA NO LLEGA

Pronunciamiento sobre la designación del nuevo fiscal y la justicia en Oaxaca

El 25 de enero del presente año la LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca eligió a José Bernardo Rodríguez Alamilla como nuevo titular de la Fiscalía General, en sustitución de Arturo Peimbert Calvo que renunció a dicho cargo el 23 de diciembre de 2022. Este nombramiento ha generado diversas reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil, así como de actores sociales y políticos. Debido a la importancia que reviste esta designación para la impartición de justicia, la democracia y los derechos humanos en el estado, desde Servicios para una Educación Alternativa A. C. EDUCA, hacemos una serie de reflexiones y consideraciones frente a esta situación:

1.- México atraviesa por una grave crisis de acceso a la justicia, corrupción e impunidad. El nuevo sistema de justicia penal fracasó debido a que no avanzó, a la par de las reformas y modificaciones constitucionales, la capacitación de los ministerios públicos, la profesionalización de operadores y funcionarios, el incremento al presupuesto, ni tampoco se logró contar una policía profesional y confiable. El índice de impunidad federal alcanzó, tan sólo en el año 2021, el 96.1 %, superior a la de años anteriores (México Evalúa). En materia de derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas y el sistema Interamericano, difícilmente inciden en las acciones de los operadores de la justicia en el país en casos graves contra personas defensoras y periodistas y, aunque existen convenios de cooperación, casi no se permite su coadyuvancia en las investigaciones. En México la justicia no llega.

2.- Oaxaca es el estado del país donde se han cometido más crímenes en contra de personas defensoras de los derechos humanos y el territorio, a la fecha suman un total de 34 en los últimos 4 años. Estos asesinatos permanecen en total impunidad debido a una falta de rigor en la investigación criminal y a una ineficaz actuación del aparato de impartición de justicia. Aunado a esto, en los dos primeros meses del actual gobierno, ocurrieron 25 feminicidios y la mayoría de los perpetradores siguen libres. En diversas ocasiones familiares de víctimas y organizaciones se pronunciaron sobre la falta de prevención y atención a denuncias de violencia feminicida. Existen expedientes rezagados de casos graves: la Masacre de Agua Fría (2002); los crímenes contra activistas de la APPO (2006-2007); el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2010), sólo por mencionar algunos de los casos de mayor resonancia; con todo y la creación de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, los casos no avanzan. Este panorama nos revela un estado de desinterés, rezago e impunidad en la impartición de justicia en Oaxaca.

3.- En este contexto se inscribe el nombramiento del nuevo fiscal en Oaxaca. La designación de Bernardo Rodríguez sigue un patrón que ya se había observado anteriormente, de la oficina encargada de la protección y defensa de los derechos humanos pasa a la oficina encargada de la política criminal y persecución de los delitos. Es evidente que cubre un perfil idóneo para dar continuidad a un sistema de procuración de justicia que no le dio los resultados a la población, por lo que hubo 24 eventos de linchamientos o intentos de linchamientos en Oaxaca sólo en 2022. La situación estructural que hemos descrito anteriormente va más allá del nombramiento de un fiscal. Hay una estructura inoperante que hace que en Oaxaca tengamos una impunidad del cien por ciento (Impunidad Cero), el estado con mayor grado de impunidad en México. La procuración de la justicia en Oaxaca está asentada en la impunidad, la corrupción y los pactos entre los grupos políticos. Las Fiscalías Regionales están ligadas a los grupos de poder o a los caciques regionales, o bien, a la delincuencia organizada. En las Fiscalías no existen los instrumentos, los procedimientos, ni la tecnología necesaria, no tenemos una policía profesional para investigar delitos. En suma, la reforma al sistema penal no pasó por Oaxaca. La designación de Rodríguez Alamilla, viene a ser otro nombramiento dentro de una estructura que no funciona. Si no observamos la grave crisis de la procuración de justicia en Oaxaca nos vamos a quedar solamente en la crítica al nombramiento de una persona.

4.- En los casos de personas defensoras, que como EDUCA acompañamos, no se han logrado avances. No hay una actuación de la Fiscalía en lógica de derechos humanos, se abren carpetas de investigación como “homicidios cualesquiera”, debido a la falta de claridad de la Fiscalía que no entiende el papel que juegan las personas defensoras en la sociedad. Además, no hay recursos para medidas cautelares, ni un sistema de protección. La justicia sigue siendo a modo, se persiguen delitos por consigna o por interés político. Las actuaciones de la Fiscalía son poco transparentes y eficaces. Existe también mucha responsabilidad de la Federación y del Poder Judicial en estos casos. De muy poco ha servido que desde la sociedad civil se propongan iniciativas de ley, protocolos, medidas de protección, si éstas no se cumplen y la justicia no llega a las víctimas y sus familias.

5.- Consideramos que tienen que darse cambios en el modelo de procuración de justicia en Oaxaca. En principio, se requiere una reforma integral a la Fiscalía, hacer una institución que sirva, transparente, cuyas actuaciones estén apegadas a los más altos estándares en materia de derechos humanos, con personal profesionalizado y presupuesto suficiente para el desempeño de su misión. Revisar el trabajo de las Fiscalías Regionales para impulsar los cambios necesarios. Valorar el desempeño de las Fiscalías Especializadas y la reestructuración de estas. Retomar carpetas y expedientes rezagados para profundizar en investigaciones que lleven a fincar responsabilidades penales a perpetradores de crímenes.

Finalmente, nos preocupa el futuro la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la falta de titular y el poco interés que parece existir en el gobierno de la cuarta transformación en la protección y salvaguarda de los derechos humanos, coloca a este organismo autónomo en una situación de vulnerabilidad. Se suma a esta fragilidad la falta de un Consejo Ciudadano en funciones, el desmantelamiento de las Defensorías Especializadas y la ausencia de estrategias para prevenir riesgos; esto en medio de una ola de asesinatos de personas defensoras. Esperamos que tanto la Fiscalía como la DDHPO no se conviertan en apéndices del gobierno, sino por el contrario que sean instituciones fuertes, que cumplan con su labor de defender a la sociedad y procurar la justicia y el respeto a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.

#JusticiaParaOaxaca

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de febrero de 2023.

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Oaxaca el estado más peligroso para la defensa de derechos humanos: EDUCA

– México sufre crisis de violencia e impunidad, alerta EDUCA

– En el país, 141 personas defensoras asesinadas y 17 desparecidas en 4 años

– Campaña «Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca» denuncia la violencia contra procesos de defensa

En México, 141 personas defensoras fueron asesinadas en cuatro años. Este total de asesinatos data del inicio del actual sexenio en diciembre de 2018 hasta noviembre de 2022, incluye a 19 mujeres y 8 personas de la diversidad, asi como 114 hombres.

Familias enteras desplazadas, niños huérfanos y comunidades con el tejido social roto son algunas de las dramáticas consecuencias que se esconden detrás de las cifras de esta estadística de violencia.

Es importante mencionar que, la gran mayoría de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales ha quedado en total impunidad, por lo que el ciclo vicioso de la violencia se sigue acelerando.

El país padece desde hace años una severa crisis de derechos humanos que incluye una gran vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos de todas y todos.

Nuestro registro contiene información verificada por cada uno de los casos, y cada persona defensora asesinada fue reivindicada por organizaciones locales o internacionales como luchadoras y luchadores que defendieron los derechos humanos.

 

Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua, mortales para la defensa de derechos

De ese total en el país, 34 crímenes corresponden a defensores de Oaxaca. Oaxaca es el estado más peligroso para la defensa de derechos humanos en México. Le siguen Guerrero con 25, Chiapas con 14 y Chihuahua con 10 personas defensoras asesinadas en los últimos cuatro años.

En la lista de las 17 personas defensoras desaparecidas se encuentran los mismos cuatro estados: En 2021, en Chihuahua fueron desaparecidas 10 personas defensoras, siete indígenas yaquis y tres trabajadores de ranchos. En Guerrero, Vicente Suástegui lleva más de un año en calidad de desaparecido. Y en Oaxaca siguen desaparecidas Claudia Uruchurtu de Nochixtlán, asi como cuatro defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca, la ambientalista Irma Galindo entre ellas.

Los estados Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua suman a más de la mitad de asesinatos, ejecuciones y desapariciones de personas defensoras.

En Oaxaca, el mayor peligro para personas defensoras son las autoridades locales. La mayoría de ataques se registró en las regiones Costa y Mixteca. La violencia está alimentada por la complicidad entre poderes fácticos y autoridades locales (emanados de todos los partidos y también del sistema normativo interno).

Entre los temas con más riesgo, en el sur del país se perfila la defensa del territorio frente inversiones y proyectos de desarrollo. En Oaxaca, cada tercera persona defensora asesinada defendió la tierra y el territorio. El 91% de ellos, pertenecía a un pueblo indígena.

A nivel país preocupa el aumento de asesinatos de madres buscadoras de personas desaparecidas, por lo que nos sumamos al llamado de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) a reconocer y proteger a las mujeres buscadoras.

“Cuando defiendo territorio, defiendo mi vida”: resumió un defensor comunitario en la serie de cortos documentales de la campaña «Alas y Raíces del Movimiento Social de Oaxaca», publicado por EDUCA.

Como Servicios de Educación Alternativa EDUCA, compartimos las denuncias y esperanzas de las personas defensoras y de las comunidades que luchan por sus derechos.

Se necesitan urgentemente políticas de protección a personas defensoras en el estado de Oaxaca y el país. Los casos de asesinatos y desapariciones no pueden continuar en la impunidad.

Con el inicio de un nuevo sexenio en Oaxaca, acrecentarémos nuestros esfuerzos de monitoreo de agresiones y trabajaremos también en la resolución no-violenta de los conflictos sociales y políticos.

En el contexto de este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, EDUCA reconoce el trabajo, el esfuerzo y sacrificio de todas estas personas defensoras que fueron asesinadas, y cuyo compromiso en defensa del territorio, la cultura y los derechos a la vida ha quedado plasmada en el imaginario colectivo de la sociedad.

Serie documental “Alas y Raíces de los movimientos sociales en Oaxaca”

Cartel de la campaña:

Episodio 1 del documental: “Alas y Raíces de los movimientos sociales en Oaxaca”

«Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca» es una campaña que tiene el objetivo de visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus derechos en Oaxaca, sus principales denuncias y esperanzas, así como las estructuras de desigualdad históricas hacia los mismos, reivindicando la defensa comunitaria como un derecho humano.

Iniciamos con una serie de 5 vídeos los cuales profundizan en los testimonios de los movimientos sociales de Oaxaca, donde la memoria histórica conduce a la movilización social y cuestiona profundamente el contexto neoliberal y el despojo capitalista.

La serie se enfoca en las lecturas, retos y alternativas de los movimientos sociales en Oaxaca, quienes están profundamente enraizados en la memoria histórica, en el trabajo comunitario, en la búsqueda y construcción permanente de alternativas al modelo desarrollista: la acción colectiva, la participación de las mujeres, la recuperación y defensa de los territorios, la educación comunal y la agroecología son expresiones que cobran vital importancia en esta serie.

La serie consta de 5 capítulos, el primero de ellos, “Las raíces y las alas del movimiento popular en Oaxaca” realiza un recuento histórico de las diversas luchas en Oaxaca: la construcción del poder local (municipal y agrario), contra los cacicazgos, por la autonomía universitaria, la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas son distintivos frente a los gobiernos autoritarios y el capitalismo, de igual forma realiza un análisis sobre el gobierno de la Cuarta Transformación y la perspectiva de los movimientos frente a éste.

Ver el primer video de la Serie documental “Alas y Raíces de los movimientos sociales en Oaxaca”