La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denunció una nueva serie de actos de hostigamiento, violencia e intimidación dirigidos contra sus integrantes, en un contexto de defensa del territorio frente a la imposición de megaproyectos en el Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con un pronunciamiento publicado por el Congreso Nacional Indígena (CNI), los hechos recientes incluyen amenazas armadas, vigilancia irregular y la presencia de personas no identificadas en domicilios y oficinas vinculadas a sus integrantes.

Entre los incidentes documentados, UCIZONI reportó detonaciones de armas de alto poder en las inmediaciones del domicilio de Carlos Beas, –uno de sus principales asesores– en Santa María Petapa, el pasado 19 de marzo, así como la presencia reiterada de individuos armados merodeando el mismo lugar días posteriores. A estos hechos se suma la visita de personas que se identificaron como personal de una institución federal, quienes acudieron a oficinas de la organización sin acreditar su identidad oficial, lo que fue interpretado como un acto de intimidación.

Al día siguiente, el 20 de marzo, una camioneta con vidrios polarizados, se estacionó a un costado de las oficinas de UCIZONI, sus ocupantes operaron un dron que sobrevoló las instalaciones. En paralelo, se reportaron detonaciones de armas de fuego en las inmediaciones del domicilio de Juana Inés Ramírez Villegas y de Alberto Cayetano Matus, en el municipio de Matías Romero, Oaxaca. Ambos fueron víctimas de un ataque directo en octubre pasado, cuando transitaban por el camino que conecta a San Juan Guichicovi con Mogoñe Viejo.

El CNI condenó estos hechos de violencia y exigió “el cese inmediato de las agresiones dirigidas en contra de esta organización indígena, las cuales, sin lugar a dudas, buscan que la UCIZONI se desista de la defensa de nuestras comunidades”. La UCIZONI impulsa acciones de defensa de los territorios en el marco de la imposición del llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, megaproyecto a cargo de la Secretaría de Marina.

COMUNICADO DENUNCIANDO HOSTIGAMIENTO Y VIOLENCIA EN CONTRA DE LA UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ZONA NORTE DEL ISTMO (Congreso Nacional Indígena) | Escala la violencia: Denuncian amenazas contra Ucizoni en el Istmo (El Muro) | Antecedentes La Minuta Exige UCIZONI medidas cautelares para pobladores del bajo mixe desplazados en el Istmo y Tren Transistmico descarriló por exceso de velocidad: FGR; Gobierno intenta acallar a las víctimas: UCIZONI | Ilustración: El Muro MX

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Esta madrugada cuando regresaba a su domicilio fue acribillada Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam. En el ataque su hija de 24 años resultó herida. Los hechos se registraron este jueves sobre la carretera federal 190 en San Pedro Totolápam, distrito Tlacolula. Las víctimas se trasladaban en una camioneta color gris, con razón social COMISARIADO EJIDAL DE SAN PEDRO TOTOLAPAM; en el parabrisas la autoridad ministerial contabilizó 12 orificios de arma de fuego, en el suelo se observaron 29 casquillos percutidos calibre 9 mm y un cartucho útil.

Apenas el pasado 9 de marzo Cortés Velasco había realizado una jornada de Ordenamiento Territorial Comunitario que consistía en la instalación de cámaras trampa para monitorear la fauna silvestre sobre el paraje de Barranca Escarbada, acción realizada con el acompañamiento de la organización no gubernamental Tierra de Agaves. En esta ocasión, la comisaria ejidal dio una video-entrevista sobre su labor de protección de fauna.

Cabe recordar que en Totolápam, a 80 kilómetros de la capital Oaxaca de Juárez, el control de los recursos que el ejido recibe por la actividad minera ha sido motivo de pugnas internas. Además, trabajadores mineros recientemente han protagonizado paros laborales en demanda del reparto de utilidades. En la localidad de San José de Gracia, Don David Gold, filial de la empresa estadunidense Gold Resource Corporation, explota oro y otros minerales en sus minas El Águila, a cielo abierto, y Arista, subterránea. Desde hace años, comunidades vecinas denuncian a esta minera por causar enfermedades y daños irreversibles en la naturaleza.

Un segundo megaproyecto en este municipio con 3.297 habitantes, de los cuales 87 % se encuentran en situación de pobreza, es el nuevo tiradero de la capital de Oaxaca. Con un costo de 600 millones de pesos, el llamado Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) empezó a construirse en 2024 en un predio de 30 hectáreas en Totolápam. Según el informe del gobierno estatal, desde 2025 a ese predio son tratados los desechos que diariamente se generan en la zona metropolitana, alrededor de 850 toneladas diarias.

Video-entrevista con Nazaret Cortés Velasco el 9 de marzo sobre sus labores (1 min., Facebook Tierra de Agaves) | Asesinan a comisariada ejidal y defensora del territorio de Totolapám, Oaxaca (Istmo Press, Facebook) | Asesinan a comisaria ejidal que protegía a venados y otras especies en Oaxaca (La Silla Rota) | Foto del video de Tierra de Agaves

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La Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO), integrada por 23 organizaciones de la sociedad civil, presentó una actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en el estado, con el propósito de visibilizar, documentar y analizar de manera permanente las violaciones que enfrentan distintos sectores de la población oaxaqueña.

El documento busca aportar elementos sólidos y confiables para que la sociedad exija a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en un contexto donde persisten graves rezagos en el acceso a la justicia, la protección y la garantía efectiva de derechos.

El informe advierte que en Oaxaca continúan registrándose violaciones sistemáticas a los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de derechos humanos, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas en situación de movilidad y comunidades afectadas por megaproyectos.

Entre los hechos documentados se encuentran agresiones, desplazamientos forzados, feminicidios, desapariciones, violencia institucional, omisiones en servicios de salud, criminalización de la defensa de derechos y falta de atención integral a poblaciones históricamente discriminadas. De acuerdo con las organizaciones, estos casos reflejan no hechos aislados, sino patrones estructurales de exclusión, discriminación, violencia e impunidad.

Asimismo, la ACDHO señala que la respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno ha estado marcada por la omisión, la opacidad, la simulación y la falta de consulta efectiva, lo que ha impedido resolver de fondo las problemáticas denunciadas.

Frente a ello, el informe plantea una serie de recomendaciones dirigidas a fortalecer las políticas públicas, garantizar la participación de las comunidades y asegurar una actuación institucional con perspectiva intercultural, de género, diversidad e interseccionalidad.

Las organizaciones hicieron un llamado urgente a los poderes del Estado y a los organismos autónomos para asumir su responsabilidad y avanzar hacia una política pública centrada en la dignidad, la justicia social y la protección integral de los derechos humanos en Oaxaca.

Aquí puedes consultar el Informe Segundo Informe: Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca – Mano Vuelta A.C. | Juan Carlos Zavala, El Universal Ante asesinatos, hostigamiento y amenazas, advierten retroceso en respeto a los derechos humanos en Oaxaca | Antecedentes La Minuta 33 organizaciones civiles denuncian grave crisis de derechos humanos en Oaxaca – EDUCA | Organizaciones impulsan Agenda de Derechos Humanos frente a olvido gubernamental – EDUCA | La criminalización de personas defensoras amenaza gravemente los derechos de los pueblos en el Istmo de Tehuantepec – EDUCA | Fotografía Mano Vuelta

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La comunidad de Guerrero Grande, perteneciente al municipio de San Esteban Atatlahuca en la región Mixteca, se encuentra en estado de máxima alerta tras la incursión de un grupo de civiles armados durante la tarde y noche del pasado domingo, quienes realizaron disparos al aire, generando un clima de tensión y miedo, denuncio la agenta municipal Eustaquia Sandoval Galindo y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indigenas (Cedhapi).

En un comunicado emitido por la noche de este 15 de marzo, la agenta municipal aseguró que existe alto riesgo de agresión armada contra los habitantes, entre ellos mujeres, niños y personas mayores. “Se escuchan disparos y se observan luces de vehículos y lámparas en movimiento”, advirtió.

Sandoval Galindo detalló que la tarde-noche del domingo, personas armadas ingresaron a la comunidad realizando disparos, tanto desde los accesos principales como desde la azotea de un domicilio particular de un ciudadano plenamente identificado. Por ello, demandó la intervención urgente de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, con la finalidad de proteger la integridad física de la población.

“No nos sentimos seguros” expresó al recalcar que no es la primera vez que ocurre este tipo de eventos violentos en la comunidad, donde habitan menores de edad, adolescentes, mujeres y adultos mayores.

Es importante mencionar, que Guerrero Grande, junto con las comunidades mixtecas de Indonoyuji y Mier y Terán han vivido violencia extrema desde el 2021, cuando les quemaron sus casas, por defender el bosque de invasores y talamontes ilegales, fueron desplazados forzadamente y volvieron a su hogar un año después. En octubre de ese año se denunció asimismo la desaparición de la activista Irma Galindo, defensora de los bosques en San Esteban Atatlahuca y quien fue vista por última vez en la Ciudad de México; hasta ahora se desconoce su paradero.

Luego de estos violentos hechos, el 23 de diciembre del 2021, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de las comunidades indígenas de Guerrero Grande y de Ndoyonoyuji y otros, para proteger los derechos a la vida e integridad física de las familias indígenas de las comunidades antes mencionadas.

Mientras que el 31 de diciembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió acción urgente solicitando al Estado Mexicano la búsqueda inmediata de los señores Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de Irma Galindo Barrios e investigación de su alegada desaparición forzada.

Sin embargo, hasta el día de hoy la paz de esta región oaxaqueña parece no llegar, la violencia se activa con frecuencia, la tala ilegal sigue destruyendo cerros y montañas mientras la defensora Irma Galindo Barrios y sus compañeros continuan desaparecidos.

Cedhapi COMUNICADO URGENTE – GUERRERO GRANDE, SAN ESTEBAN ATATLAUCA | Aristegui Noticias Alertan por violencia en comunidad mixteca de Guerrero Grande: ‘Urge seguridad y presencia policial’ | Antecedentes La Minuta Por luchar contra la tala de su bosque, comunidades de Atatlahuca viven desplazamiento y desaparición forzada (Documental) | Denuncian tala ilegal en Guerrero Grande Atatlahuca y urgen intervención de autoridades ante riesgo de enfrentamientos

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Cuatro personas fueron detenidas arbitrariamente por la noche del domingo, al finalizar la marcha por el Día Internacional de la Mujer, en Oaxaca. Esa misma madrugada fueron liberadas, gracias a la presión social de diversas organizaciones de derechos humanos en Oaxaca, Quetzal y Lourdes, integrantes de la Asamblea Oaxaqueña por Palestina (AOP).

Sin embargo, los dos hombres detenidos; Diego Jacob, también integrante de la Asamblea y César Hernández, originario de la región mixteca y que se encontraba vendiendo en la vía publica junto a su familia cuando fue detenido, continúan en la incertidumbre legal, por lo que exigen su liberación inmediata.

A través de un comunicado de la Asamblea Oaxaqueña por Palestina y firmada por más de 50 organizaciones y colectividades señalaron “denunciamos las detención es arbitrarias e ilegales de dos compañeras y un compañero de las Asamblea Oaxaqueña  por Palestina y un ciudadano originario de la mixteca, ocurridas posterior a la movilización realizada este 8 de marzo, en el Marco del Día Internacional de la Mujer en Oaxaca de Juárez. La detención se realizó sin justificación alguna ya que no fueron detenidos cometiendo ningún delito y al momento de la detención no se les informó la razón de esta” afirmaron en el documento.

Asimismo, detallaron que sus compañeras y compañero fueron detenidos en las calles de M.Bravo y García Vigil por elemento de la Policía Estatal de Oaxaca mucho tiempo después de que la marcha terminó y los contingentes se dispersaron. El ciudadano originario de la mixteca estaba vendiendo en la vía pública cerca de esta zona cuando fue detenido por la misma policía.

Ante estos hechos integrantes de la AOP, señalaron que la protesta social y la participación en movilizaciones públicas son derechos legítimos, protegidos por la Constitución del país y por diverso instrumentos internacionales de derechos humanos. “Este actuar arbitrario, Documentado ampliamente, es una forma de reprimir y criminalizar la protesta social lo que significa un grave retroceso en nuestras libertades” apuntaron.

Estas acciones por parte del gobierno, no son aislados, cabe recordar que el año pasado estas mismas autoridades utilizaron policías con armas largas que disparaban bombas de gas lacrimógeno desde el techo del Palacio de Gobierno contra las manifestantes de todas las edades que se encontraban en la plancha del zócalo, las imágenes que circularon ese año provocó que distintos organismos nacionales e internacionales condenaran el uso de la fuerza policial por parte del gobierno de Salomón Jara Cruz.

Este año la estrategia cambio pero la criminalización y represión fue la misma, por ello las organizaciones exigieron la liberación inmediata de Diego Jacob y César Hernández, que continua detenidos injustificadamente ; pidieron a la autoridades garantizar la seguridad física y psicológica y la no represalia hacia  las colectividades y personas denunciantes; información clara y transparente sobre la situación legal de los compañeros; una disculpa pública por las detenciones arbitrarias e ilegales; que se garantice el respeto al derecho a la protesta y la libre expresión.

Comunicado urgente de la Asamblea Oaxaqueña por Palestina  Exigimos la liberación inmediata de Diego Jacob y César Hernández| Antecedentes la Minuta #8MOaxaca: la marcha transincluyente de madres buscadoras, defensoras, educadoras y niñeces, reprimida por Jara (Crónica)| 8M: Pese a la represión, las mujeres seguirán en las calles “mientras continúe la violencia machista”

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