Autoridades comunales y la Asamblea General de Comuneros de Santa María Chimalapa rechazaron la reciente resolución del Tribunal Superior Agrario (TSA), que confirmó la improcedencia de juicios de nulidad promovidos contra dotaciones ejidales otorgadas a los núcleos agrarios “General Rafael Cal y Mayor” y “Canaán”, de origen chiapaneco, asentados dentro de su territorio comunal.

La decisión, aprobada el pasado 18 de febrero por mayoría de tres votos contra dos, respalda lo determinado previamente por el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec y plantea la expropiación de 2 mil 651 hectáreas correspondientes al núcleo Canaán, con una indemnización “en especie” para la comunidad zoque.

Las autoridades chimalapas sostienen que el fallo desconoce sus derechos agrarios e indígenas, así como la resolución emitida en noviembre de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió el conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas a favor de Oaxaca y de los Chimalapas.

En un pronunciamiento público dirigido al pueblo de México y a los pueblos indígenas, la comunidad señaló que la sentencia contiene “aberraciones jurídicas” y omite considerar los derechos colectivos respaldados por convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano.

Asimismo, advirtió sobre la grave afectación ambiental en la zona de Cal y Mayor y sus alrededores, donde —afirman— más de 50 mil hectáreas de selva y bosque de niebla han sido devastadas por talamontes y grupos armados.

Los comuneros recordaron que desde 1991 han impulsado procesos de conciliación con campesinos asentados en la zona oriente de su territorio, logrando acuerdos con seis núcleos agrarios entre 1994 y 2017, que actualmente forman parte de la comunidad.

En asamblea celebrada el 21 de febrero, Santa María Chimalapa determinó no aceptar la resolución del TSA ni permitir, “por ningún precio”, el despojo de su territorio ancestral. También anunció que continuará la defensa por la vía jurídica y, de ser necesario, recurrirá a instancias internacionales en materia de derechos indígenas y protección ambiental.

Finalmente, la comunidad hizo un llamado urgente al gobierno federal para que intervenga de manera inmediata, advirtiendo que lo responsabilizará de cualquier consecuencia derivada de la situación.

Diana Manzo Santa María Chimalapa rechaza fallo del Tribunal Superior Agrario y anuncia defensa legal de su territorio | Notas La Minuta Defensoría emite Alerta Temprana a favor de comunidades de Chimalapas amenazadas – EDUCA | La Libertad, comunidad cuidadora del territorio de Chimalapas incomunicada desde febrero, clama ayuda – EDUCA | Fotografía Especial

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Comunidades y organizaciones sociales denunciaron un nuevo episodio de despojo territorial en Playa Salchi, Pochutla, ubicado en la costa oaxaqueña, donde “despojadores” y elementos de la policía estatal ingresaron a medio día de este 29 de enero en tierras del defensor comunitario Miguel Sánchez Hernández, de 87 años, para “consumar el despojo de tierras” así como la demolición con maquinaria pesada de las viviendas de quienes acompañan este proceso de defensa.

A través de comunicado urgente, alertaron que el “Cártel del Despojo”: una red integrada por operadores políticos locales y estatales que buscan expulsar a las comunidades de sus tierras para favorecer proyectos hoteleros, turísticos e inmobiliarios con respaldo institucional y empresarial, “opera impunemente gracias a la protección del secretario del Gobierno de Oaxaca.

“Esta política de agresión y de oídos sordos del Gobierno de la PRImavera Oaxaqueña y la obsoleta representación Estatal del Gobierno Federal que lidera José Carlos de la Fuente han dejado claro que es complicidad con el cartel del despojo que los despojadores actúen conjuntamente con elementos oficiales de la policía estatal solo evidencia la complicidad y respaldo de este gobierno” afirmaron en su comunicado.

Los hechos de este 29 de enero se inscriben en un conflicto de larga data que ha colocado a Playa Salchi y otras playas de la costa como epicentro de la ofensiva de despojo territorial y mercantilización del litoral oaxaqueño. Desde al menos 2025, defensores de derechos agrarios han denunciado el intento de apropiación de al menos 26 hectáreas de playa y tierra cultivable que pertenecen tradicionalmente a la comunidad de Salchi y que, aseguran, han sido sistemáticamente atacadas por redes de poder político, empresarial y económico.

Asimismo denunciaron que esta acción ocurre días después de que las comunidades y organizaciones denunciaron públicamente la presencia de grupos armados y drones sobrevolando las tierras de Miguel Sánchez. En la misma denuncia frente al palacio de gobierno de Salomón Jara Cruz, las organizaciones y comunidades también señalaron que el despojo de tierras también está ocurriendo en Playa El Coyote en Santa María Huatulco.

Los testimonios de defensores y organizaciones incluyen no solo amenazas jurídicas sino también amenazas físicas y acciones violentas contra quienes resisten. Por ello han hecho un llamado a la solidaridad nacional e internacional para exigir protección efectiva para el defensor Miguel Sánchez y demás defensores, así como el cese inmediato de acciones de despojo y demolición, una investigación independiente de políticos, empresarios y policías implicados en estos hechos. Y, por último el respeto a los derechos agrarios y territoriales inscritas en la constitución y en tratados internacionales.

Frente de Organizaciones Oaxaqueñas Comunicado Urgente  | Comunicado del 13 de enero El Frente de Organizaciones Oaxaqueñas denuncian el Despojo de playa Salchi y playa Coyote VIDEO |El Giro de la rueda Despojo Territorial en Playa Salchi: Comunidades Denuncian Nuevo Ataque del “Cártel del Despojo” | Amtecedentes en la Minuta ¡Nuestras tierras y playas no se venden, se cuidan, se defienden y se liberan! Declaración de Salchi, Oaxaca

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La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Alerta Temprana de Medidas Cautelares, a favor de las Congregaciones Comunales de Chocomanatlán (López Portillo) y Nuevo San Andrés, perteneciente al municipio de Santa María Chimalapas. Estas comunidades denunciaron el 8 de enero una serie de amenazas por parte del crimen organizado, por lo que temen por sus vidas.

Ayer, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas informó que la DDHPO ha sido notificada de esta Alerta Temprana emitida el 16 de enero, que fue solicitada por comuneros y organizaciones civiles. Cabe señalar que, hasta el día de hoy, esta Alerta Temprana de Medidas Cautelares 2/2026 no fue publicada ni en la página ni en las redes sociales de la Defensoría.

El Comité señala que en Alerta, la Defensoría recomienda que “ante este panorama, para este Organismo resulta necesaria la implementación de mecanismos de protección de parte del estado, pues los hechos narrados podrían vulnerar de manera directa sus derechos a la vida, a la integridad personal, a sufrir desplazamiento forzado, así como a vivir en un ambiente libre de violencia…”. Insta a las autoridades de seguridad “de los diferentes niveles de gobierno” implementar un plan de seguridad “basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en especial a los derechos normativos indígenas de las comunidades involucradas”.

Cabe recordar que los habitantes de Chocomanatlán y Nuevo San Andrés informaron a inicios del mes que un grupo de civiles armados entraron con camionetas de lujo para exigirles firmar documentos donde ceden sus tierras, de no hacerlo los matarían, y en caso de firmar, recibirían 20 mil pesos. Ante la negativa de ceder a la petición del crimen, los habitantes habrían organizado un frente común para evitar la intervención, y evitar ser desplazados.  Por las noches, los habitantes aseguran escuchar el zumbido de drones, lo que ha reforzado la sensación de vigilancia externa. Además, los niños están perdiendo clases y las familias no tienen en acceso a los servicios de salud.

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas reconoció en su comunicado a las comuneras y comuneros, que pese a amenazas directas contra su integridad física tuvieron el valor de denunciar los graves acontecimientos que se estaban presentando en el territorio.

Comunicado (Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas) | Emite Defensoría de Oaxaca medidas cautelares a favor de comunidades chimalapas amenazadas por el crimen organizado (Istmo Press) | Habitantes de los Chimalapas piden base militar por amenazas de grupo delincuencial (Proceso) | Antecedentes La Minuta Chimalapas: Comunidades piden protección urgente para evitar una masacre

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La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denuncia “hechos de hostigamiento, intimidación y amenazas ocurridos en los últimos días contra el compañero Carlos Beas, defensor de derechos humanos, así como contra el equipo”.

En un comunicado urgente, firmado por docenas de colectivos y organizaciones, la UCIZONI documenta que “el jueves 15 de enero de 2026, aproximadamente a las 22:15 horas, se escuchó una ráfaga de metralleta en la parte trasera vecina del domicilio de Carlos Beas, ubicado en la colonia Rincón Viejo, Santa María Petapa, Oaxaca”. Dos días después, “un individuo armado fue visto en dos ocasiones afuera del mismo domicilio. Al ser abordado, simuló estar en estado de ebriedad y se retiró; sin embargo, fue claramente visible que portaba un arma en la cintura”. Además, dos individuos se presentaron en las oficinas de UCIZONI, “afirmando ser supuestos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR). Preguntaron por tres personas desconocidas para entregar una notificación. Se negaron a identificarse y no acreditaron su carácter oficial”.

Estas amenazas se dan en el contexto del descarrilamiento del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ocurrido el pasado 28 de diciembre. Tras el trágico accidente donde fallecieron 14 pasajeros y hubo más de cien personas heridas, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) se solidarizó con las víctimas y exigió una investigación clara y real. La organización indígena también recordo que las violaciones a los derechos de los pueblos y las irregularidades en el diseño y ejecución de las obras del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) del Corredor Interoceánico fueron denunciadas en diferentes momentos entre 2019 y 2025.

Exigimos medidas inmediatas de protección para el compañero Carlos Beas y el equipo de UCIZONI (Facebook)  | Antecedentes La Minuta UCIZONI se reorganiza mientras crece la criminalización por el Corredor Interoceánico

 

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