Prueba alas y raices

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) condenó los actos represivos de diversos gobiernos estatales durante las movilizaciones del pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer; entre éstos se enlista a Oaxaca, donde el gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz, detonó bombas de gas lacrimógeno para disuadir la protesta que llegó al Palacio de Gobierno.

La red precisa que existe el registro del uso de gases lacrimógenos, polvo extintor y gas pimienta en ocho entidades estatales, entre éstas, Oaxaca, Nuevo León y la Ciudad de México. También se registraron ataques contra mujeres defensoras, periodistas y feminista en Puebla y Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán y Tlaxcala.

Además, mientras la entidad suma 128 muertes violentas de mujeres documentadas por organizaciones sociales sólo durante la administración del morenista Salomón Jara Cruz, 19 de éstas en lo que va de 2024, en conferencia de prensa de ayer, el gobernador descalificó la exigencia de justicia de las mujeres que salieron a movilizarse a las calles el pasado Día Internacional de la Mujer.

En su boletín, la RNDDHM señala: “Advertimos sobre las campañas de estigmatización y criminalización de las movilizaciones en torno al 8M, como práctica que convoca a la violencia en contra de las mujeres; tal y como sucedió en el estado de Oaxaca en el que colectivas y organizaciones de derechos humanos y feministas demandaron del titular del ejecutivo estatal el cese y abstención de las narrativas estigmatizantes en contra de las participantes en las manifestaciones y actos públicos del 8M.”

Boletines La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condena los actos de represión y violencia cometidos en contra de las movilizaciones realizadas en el marco del 8M “Día Internacional de la Mujer” | Condenamos la campaña de criminalización que el Estado lanza contra las mujeres en el marco del 8M (Consorcio Oaxaca) | Documentan en Oaxaca y 7 estados más represión contra mujeres durante protestas del 8M (El Universal) | Descalifica Jara protesta del 8M para exigir justicia por mujeres asesinadas en Oaxaca; van 128 en su gobierno (El Universal) | Antecedente La Minuta “Seguimos enfrentando despojo, contaminación y violencia extractiva en nuestros territorios”: Día Internacional de la Mujer

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Seis meses de la 4T en Oaxaca: A la violencia contra las personas defensoras se suma la difamación gubernamental

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– De diciembre de 2022 a mayo de 2023, en Oaxaca se registran 59 agresiones contra personas defensoras y procesos colectivos de defensa de derechos.

– Campaña “Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca” alerta sobre el aumento de la difamación y criminalización en el estado y el país.

– Una luz de esperanza: la solidaridad logra frenar la criminalización.

La campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, que inició en 2022 y tiene el objetivo de visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus derechos en Oaxaca, comparte un análisis del contexto actual para la defensa de derechos humanos durante el primer semestre de la nueva administración estatal, y lo enmarca en el escenario nacional.

Constatamos que, desde el poder se recrudece la difamación del ejercicio de defensa de los derechos humanos. En los primeros seis meses del nuevo gobierno en Oaxaca fueron criminalizadas y hostigadas 18 organizaciones o comunidades. En un promedio de diez días se registró una agresión colectiva, como son desalojo de protestas, detenciones arbitrarias, difamación desde el poder y otros tipos de criminalización.

Ejemplos recientes del aumento de hostigamiento gubernamental son la estigmatización del trabajo de organizaciones civiles y sociales por servidores públicos de primer nivel, incluido el gobernador Salomón Jara Cruz, contra actores como la Sección 22 de la CNTE-SNTE y Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., así como las reiteradas difamaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la población mixe de Mogoñé Viejo en el Istmo de Tehuantepec que protesta contra las afectaciones del megaproyecto del Corredor Transístmico.

Estas difamaciones gubernamentales preparan el terreno para actos represivos, ejecutados por grupos civiles al servicio de caciques, empresas, cuerpos policíacos locales o estatales y autoridades federales (Guardia Nacional-Marina).

En estos primeros seis meses de la nueva administración en Oaxaca, 41 personas defensoras fueron violentadas en sus derechos. La agresión más común es la criminalización (p.ej. órdenes de aprehensión y detenciones arbitrarias).

La defensa del territorio contra los megaproyectos es una de las principales razones de ataques contra personas defensoras en el país. La construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) causó una avalancha de violencia contra personas defensoras indígenas, con agresiones registradas en los municipios de San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Matías Romero, San Francisco Ixhuatán y San Juan Guichicovi.

La población indígena sigue siendo el sector más atacado, y las agresiones en su gran mayoría se dieron en la defensa de la tierra y el territorio, especialmente contra la instalación de megaproyectos, o en la defensa del derecho a la seguridad y la autonomía, contra intereses de caciques y otros poderes fácticos.

En nuestro monitoreo a nivel país, en estos meses causó gran preocupación el contexto violento de las inversiones mineras en Michoacán, con la desaparición de los dos defensores Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia y el asesinato de Eustacio Alcalá Díaz.

Estos casos son un claro ejemplo de la mayor vulnerabilidad de personas defensoras en contextos de control territorial ejercida por la “macrocriminalidad”, un fenómeno delictivo de nueva calidad donde se vinculan estructuras criminales, empresariales y políticos que cuentan con la participación u omisión de autoridades del Estado. Situaciones muy complejas a las que se enfrentan personas defensoras en otros estados como Chiapas, Chihuahua y Guerrero.

En el sector femenino, a nivel nacional las mujeres buscadoras de familiares desaparecidas son las defensoras más vulnerables, con asesinatos y desapariciones. Y en Oaxaca, este 2023 se registraron 4 detenciones arbitrarias de mujeres mixes de Mogoñé Viejo, que es solo la parte más visible de la constante discriminación hacia mujeres defensoras.

Pese a este sombrío panorama, hay también algunas luces de esperanza. En 2023, los intentos de criminalización del derecho a la tierra y el territorio, con personas indígenas detenidas y procesadas sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Puebla, terminaron en la mayoría de los casos con la libertad condicional o absoluta, gracias a la amplia solidaridad con las personas defensoras acosadas.

Entre los casos de siete desapariciones durante este 2023, tres personas regresaron con vida: Santos de la Cruz, defensor del territorio wixárika, la buscadora de personas desaparecidas Yesenia Guadalupe Durazo Cota en Sonora, y la ambientalista Karina Aragón Piña en Morelos. La inmediata alerta desde la sociedad y en consecuencia la oportuna intervención de las autoridades garantizó el derecho a la vida.

En el caso de la defensora Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida en Nochixtlán en marzo del 2021 durante una protesta contra la corrupción de autoridades municipales, en este semestre fueron sentenciados varios actores materiales que formaban parte de la pasada administración municipal de Asunción Nochixtlán, lo que significa un avance en el combate a la impunidad. Estas sentencias se lograron gracias a la intervención de autoridades federales y al seguimiento que le dieron instancias internacionales al caso. Sin embargo, la autoría intelectual de este crimen de lesa humanidad aún no fue aclarada por el poder judicial, y Claudia Uruchurtu Cruz sigue desaparecida.

Seguimos exigiendo la búsqueda de las personas defensoras desaparecidas, entre ellas los defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca en la Mixteca Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño e Irma Galindo, así como Claudia Uruchurtu Cruz.

En diciembre de 2022, la la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina y la CIDH advirtieron en una declaración conjunta sobre “el incremento de discursos estigmatizantes que buscan deslegitimar, o bien silenciar la labor de defensa de los derechos humanos en diversos países de la región. En algunos casos, preocupa que estos discursos provienen desde las más altas autoridades de los Estados”.

La base de datos del monitoreo de “Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca” verifica esta tendencia peligrosa. Reconocemos el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de las personas defensoras y exigimos al Estado mexicano el respecto y la protección del derecho a defender derechos humanos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 8 de junio de 2023.

Campaña Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca

Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, A.C.


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200 atentados a la vida contra personas defensoras durante el actual sexenio en México: EDUCA

En cinco años, en México registramos 200 atentados a la vida contra personas defensoras, dichas agresiones incluyen: desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, y concuerdan con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En este escenario, 176 personas defensoras fueron asesinadas, 20 personas defensoras permanecen en calidad de desaparecidas y 4 aparecieron con vida.

Observamos que la seguridad comunitaria es el derecho con mayor riesgo en el país (con 32 asesinatos y 10 desapariciones), producto de la estrategia de seguridad fallida de gobiernos anteriores y gobiernos actuales de los tres niveles, la violencia contra personas defensoras se agrava en contextos de inversión y megaproyectos en el país, principalmente por minería.

El estado con mayor número de asesinatos sigue siendo Oaxaca con 41 personas asesinadas desde diciembre de 2018 hasta octubre de 2023, seguidos de Guerrero con 29, Michoacán con 18 y Chiapas con 14 casos.

Desde inicios del sexenio actual en Oaxaca (diciembre 2022), EDUCA realiza un monitoreo sobre todo tipo de agresiones hacia personas y colectivos/organizaciones defensoras. Observamos que la criminalización es la agresión más denunciada, donde los agresores principales son el gobierno estatal y municipales; 24 personas defensoras y 12 colectivos/organizaciones fueron criminalizados durante este año.

Del total de los 54 eventos registrados en Oaxaca, destaca la región del Istmo con 46 agresiones que van desde el hostigamiento, criminalización, hasta agresiones físicas y asesinatos.

En el conjunto de agresiones, los principales agresores denunciados son autoridades estatales con el 44% de los casos y autoridades federales con el 22%, en las que la Marina y Guardia Nacional son actores denunciados principalmente en el Istmo en el marco de la imposición del proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

 

EDUCA ha dado seguimiento a las agresiones a personas defensoras de derechos humanos desde 2012, a partir del diagnóstico “Agresiones a Defensores y Defensoras Comunitarias. El Papel de los Organismos Públicos de Derechos Humanos en Oaxaca”.

Desde diciembre de 2018, ha sistematizado la información de denuncias públicas de diferentes organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre agresiones mortales a personas defensoras; En este sentido, nuestra base de datos se nutre de fuentes de sociedad civil y comunitarias que reivindican a las víctimas de agresiones como defensoras de derechos humanos.

A nivel federal documentamos y sistematizamos desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, además, a nivel estatal aperturamos un monitoreo permanente sobre otro tipo de agresiones como: amenazas, intimidaciones, criminalización y agresiones físicas hacia personas defensoras. Este monitoreo inició en diciembre de 2022.

Realizando un análisis comparativo entre los datos de 2012 y el actual sexenio, vemos que las agresiones contra personas defensoras y sus organizaciones, comunidades y procesos colectivos es una constante, y que los niveles de impunidad se mantienen, no hay justicia para las personas defensoras agredidas. Lejos de garantizar el derecho a defender derechos, el Estado mexicano continúa criminalizando su labor en los tres niveles de gobierno.

EDUCA exige justicia para las personas defensoras agredidas, asesinadas y desaparecidas en el país. A partir de la campaña “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas” y en el marco del día de muertos reivindica la defensa comunitaria como un derecho fundamental y legitimo para la construcción de una vida democrática en el país y las bases para generar condiciones hacia una paz legítima y verdadera.

 

Todos sus Nombres, Todas sus Luchas. Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

30 de octubre de 2023

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

Episodio 6: “Justicia, conflictividad y violencia”, de Alas y Raíces de los movimientos sociales en Oaxaca

Infografía 3. Luces de esperanza en la defensa de personas defensoras

La campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, que inició en 2022, tiene el objetivo de visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus derechos en Oaxaca y enmarcar este análisis en el contexto nacional. Pese a un sombrío panorama, con un aumento de la criminalización de la defensa de derechos, a raíz de la difamación gubernamental, también vemos algunas luces de esperanza.

En 2023, los intentos de criminalización del derecho a la tierra y el territorio, con personas indígenas detenidas y procesadas sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Puebla, terminaron en la mayoría de los casos con la libertad condicional o absoluta, gracias a la amplia solidaridad con las personas defensoras acosadas.

En 2023, siete personas defensoras fueron víctimas de una desaparición forzada, sin embargo tres personas regresaron con vida: Santos de la Cruz, defensor del territorio wixárika, la buscadora de personas desaparecidas Yesenia Guadalupe Durazo Cota en Sonora, y la ambientalista Karina Aragón Piña en Morelos. La inmediata alerta desde la sociedad y en consecuencia la oportuna intervención de las autoridades garantizó su derecho a la vida.

En el caso de la defensora Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida en Nochixtlán en marzo del 2021 durante una protesta contra la corrupción de autoridades municipales, recientemente fueron sentenciados varias personas que formaban parte de la pasada administración municipal, lo que significa un avance en el combate a la impunidad. Estas sentencias se lograron gracias a la intervención de autoridades federales y al seguimiento que le dieron instancias internacionales al caso. Sin embargo, la autoría intelectual de este crimen de lesa humanidad aún no fue aclarada, y Claudia Uruchurtu Cruz sigue desaparecida.

En resumen, la presión social logra frenar la criminalización y hasta salvar vidas, y el acompañamiento solidario a víctimas y familiares puede romper con la impunidad sistemática en el país.

Análisis de EDUCA Seis meses de la 4T en Oaxaca: A la violencia contra las personas defensoras se suma la difamación gubernamental

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Infografía 2. Indígenas la mayoría de defensorxs agredidxs en Oaxaca

En los primeros seis meses de la nueva administración gubernamental de Oaxaca, 41 personas defensoras fueron violentadas en sus derechos, en su gran mayoría de comunidades indígenas, entre ellas de territorios zapotecos, mixes y triquis.

La agresión más común es la criminalización de personas defensoras, como órdenes de aprehensión y detenciones arbitrarias. Pero durante el monitoreo realizado como parte de la campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, que inició en 2022, desde diciembre del año pasado también se registraron amenazas de muerte, agresiones físicas y asesinatos, aunque en menor cantidad.

Las dos personas defensoras asesinadas en Oaxaca son Félix Vicente Cruz, reconocido por su lucha por la defensa de la vida y el territorio en el Istmo de Tehuantepec y agente municipal de la comunidad 20 de Noviembre “El Morro”, municipio zapoteco San Francisco Ixhuatán, en el Istmo de Tehuanepec. Vicente Cruz fue asesinado a balazos el 13 de abril de 2023, y diversas organizaciones sociales del Istmo así como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el asesinato y exigieron justicia para el defensor zapoteco.

Y también falleció Ana Cristina Martínez García de 18 años de edad, originaria de Tierra Blanca Copala e integrante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), reivindicada como defensora por el Comité Cerezo. Ana Cristina Martínez perdió la vida el 20 de diciembre de 2022 después de cuatro meses de agonía al ser herida de bala en la cabeza durante una emboscada en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la Mixteca, el 8 de agosto de 2022.

Análisis completo: Seis meses de la 4T en Oaxaca: A la violencia contra las personas defensoras se suma la difamación gubernamental

 

Infografía 1. En Oaxaca 18 organizaciones y comunidades fueron criminalizadas

A raíz del monitoreo permanente que realizamos desde EDUCA como parte de la campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, constatamos que desde el poder aumenta la difamación contra personas defensoras y procesos colectivos de defensa de los derechos humanos.

Un dato que ratifica esta tendencia, son los eventos de criminalizadas y hostigadas en el primer semestre de gobierno de la actual administración estatal: El registro arroja que 18 organizaciones o comunidades fueron agredidas de forma verbal por funcionarios o enfrentaron actos de criminalización como intentos de desalojo de protestas y detenciones arbitrarias. En un promedio, cada diez días se registró una agresión colectiva en Oaxaca en los últimos seis meses.

Ejemplos recientes del aumento de hostigamiento gubernamental son la estigmatización del trabajo de organizaciones civiles y sociales por servidores públicos de primer nivel, incluido el gobernador Salomón Jara Cruz, contra actores como la Sección 22 de la CNTE-SNTE y Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., así como las reiteradas difamaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la población mixe de Mogoñé Viejo en el Istmo de Tehuantepec que protesta contra las afectaciones del megaproyecto del Corredor Transístmico.

La construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) causó una avalancha de violencia contra procesos de defensa de derechos colectivos, con agresiones individuales o colectivos registradas en los municipios de San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Matías Romero, San Francisco Ixhuatán y San Juan Guichicovi.

La campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, que inició en 2022 y tiene el objetivo de visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus derechos en Oaxaca, comparte un análisis del contexto actual para la defensa de derechos humanos durante el primer semestre de la nueva administración estatal, y lo enmarca en el escenario nacional.

Análisis de EDUCA Seis meses de la 4T en Oaxaca: A la violencia contra las personas defensoras se suma la difamación gubernamental

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Tras visita de AMLO y Kerry, civiles y policías estatales atacan a manifestantes para imponer Corredor Interoceánico

En la misma semana de la visita del presidente AMLO y representantes del gobierno de Estados Unidos a Oaxaca, civiles armados y policías estatales atacaron al plantón de los campesinos de Mogoñe Viejo, municipio San Juan Guichicovi.

En el ataque en la noche del 24 de marzo de 2023, dos manifestantes resultaron heridos con golpes. Los agresores se llevaron tres máquinas. A pesar de ello, se mantiene el plantón y bloqueo a los trabajos de modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en el tramo Mogoñe Viejo-Vixidu. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) hizo un llamado a la solidaridad y apoyo de alimentos para sostener el plantón.

El plantón contra las afectaciones de las obras del Corredor Transístmico lleva 25 días instalado y ha sido acosado por grupos de choque, soldados y elementos de la Marina. Han sido amenazados activistas como Carlos Beas, miembro de UCIZONI, esto tras la visita de Obrador y sus patrones-cómplices gringos que se pasearon sobre la imposición del megaproyecto.

La principal demanda de la protesta de los mixes es la negación a una reubicación de sus viviendas, debido a que se asientan supuestamente en el derecho de vía. Además, reiteran que la ejecución de las obras del Corredor Transístmico no respetan el marco legal en materia laboral ni las recomendaciones en materia ambiental emitidas por la Semarnat.

Educa se suma a la condena de la agresión contra el plantón en Mogoñe Viejo y alerta que, en el contexto de la imposición del Corredor Transístmico, la división comunitaria aumenta y se pone en peligro la integridad y la vida de personas defensoras en el Istmo

La Coperacha Reprimen plantón de campesinos mixes en Mogoñé Viejo, Oaxaca Noticias de abajo Civiles armados y policías estatales atacan el plantón de campesinos en Guichicovi para imponer corredor interoceánico Istmo Press “Lic. anda buscándolo a usted el ejercito, cuídese” : Alertan amenazas y criminalización contra Carlos Beas, líder de la UCIZONI en Oaxaca

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Micrositio “Alas y Raíces” sobre movimientos sociales de Oaxaca y agresiones a personas defensoras en el país

EDUCA estrena el nuevo micrositio “Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca” que forma parte de la campaña con el mismo nombre y que tiene el objetivo de visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus derechos en Oaxaca, sus principales denuncias y esperanzas, así como las estructuras de desigualdad históricas hacia los mismos, reivindicando la defensa comunitaria como un derecho humano.

La documentación publicada en este micrositio también alerta sobre las agresiones contra personas defensoras en Oaxaca y en todo México. Incluye la base de datos “Todos sus nombres, todas sus luchas” sobre las personas defensoras asesinadas o desaparecidas en el país, que se actualiza periódicamente. Oaxaca destaca tristemente como el estado con más personas que perdieron la vida ejerciendo su derecho a defender derechos.

Además del monitoreo de la conflictividad territorial y social en Oaxaca y la criminalización de la labor de defensa, en el micrositio “Alas y Raíces” también se encuentra información sobre la resolución pacífica de conflictos. En este sentido, esta labor de sistematización no solamente es un instrumento de denuncia sino también un aporte a la construcción de gobernabilidad comunitaria y la paz en Oaxaca.

Micrositio Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca

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EN OAXACA LA JUSTICIA NO LLEGA

Pronunciamiento sobre la designación del nuevo fiscal y la justicia en Oaxaca

El 25 de enero del presente año la LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca eligió a José Bernardo Rodríguez Alamilla como nuevo titular de la Fiscalía General, en sustitución de Arturo Peimbert Calvo que renunció a dicho cargo el 23 de diciembre de 2022. Este nombramiento ha generado diversas reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil, así como de actores sociales y políticos. Debido a la importancia que reviste esta designación para la impartición de justicia, la democracia y los derechos humanos en el estado, desde Servicios para una Educación Alternativa A. C. EDUCA, hacemos una serie de reflexiones y consideraciones frente a esta situación:

1.- México atraviesa por una grave crisis de acceso a la justicia, corrupción e impunidad. El nuevo sistema de justicia penal fracasó debido a que no avanzó, a la par de las reformas y modificaciones constitucionales, la capacitación de los ministerios públicos, la profesionalización de operadores y funcionarios, el incremento al presupuesto, ni tampoco se logró contar una policía profesional y confiable. El índice de impunidad federal alcanzó, tan sólo en el año 2021, el 96.1 %, superior a la de años anteriores (México Evalúa). En materia de derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas y el sistema Interamericano, difícilmente inciden en las acciones de los operadores de la justicia en el país en casos graves contra personas defensoras y periodistas y, aunque existen convenios de cooperación, casi no se permite su coadyuvancia en las investigaciones. En México la justicia no llega.

2.- Oaxaca es el estado del país donde se han cometido más crímenes en contra de personas defensoras de los derechos humanos y el territorio, a la fecha suman un total de 34 en los últimos 4 años. Estos asesinatos permanecen en total impunidad debido a una falta de rigor en la investigación criminal y a una ineficaz actuación del aparato de impartición de justicia. Aunado a esto, en los dos primeros meses del actual gobierno, ocurrieron 25 feminicidios y la mayoría de los perpetradores siguen libres. En diversas ocasiones familiares de víctimas y organizaciones se pronunciaron sobre la falta de prevención y atención a denuncias de violencia feminicida. Existen expedientes rezagados de casos graves: la Masacre de Agua Fría (2002); los crímenes contra activistas de la APPO (2006-2007); el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2010), sólo por mencionar algunos de los casos de mayor resonancia; con todo y la creación de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, los casos no avanzan. Este panorama nos revela un estado de desinterés, rezago e impunidad en la impartición de justicia en Oaxaca.

3.- En este contexto se inscribe el nombramiento del nuevo fiscal en Oaxaca. La designación de Bernardo Rodríguez sigue un patrón que ya se había observado anteriormente, de la oficina encargada de la protección y defensa de los derechos humanos pasa a la oficina encargada de la política criminal y persecución de los delitos. Es evidente que cubre un perfil idóneo para dar continuidad a un sistema de procuración de justicia que no le dio los resultados a la población, por lo que hubo 24 eventos de linchamientos o intentos de linchamientos en Oaxaca sólo en 2022. La situación estructural que hemos descrito anteriormente va más allá del nombramiento de un fiscal. Hay una estructura inoperante que hace que en Oaxaca tengamos una impunidad del cien por ciento (Impunidad Cero), el estado con mayor grado de impunidad en México. La procuración de la justicia en Oaxaca está asentada en la impunidad, la corrupción y los pactos entre los grupos políticos. Las Fiscalías Regionales están ligadas a los grupos de poder o a los caciques regionales, o bien, a la delincuencia organizada. En las Fiscalías no existen los instrumentos, los procedimientos, ni la tecnología necesaria, no tenemos una policía profesional para investigar delitos. En suma, la reforma al sistema penal no pasó por Oaxaca. La designación de Rodríguez Alamilla, viene a ser otro nombramiento dentro de una estructura que no funciona. Si no observamos la grave crisis de la procuración de justicia en Oaxaca nos vamos a quedar solamente en la crítica al nombramiento de una persona.

4.- En los casos de personas defensoras, que como EDUCA acompañamos, no se han logrado avances. No hay una actuación de la Fiscalía en lógica de derechos humanos, se abren carpetas de investigación como “homicidios cualesquiera”, debido a la falta de claridad de la Fiscalía que no entiende el papel que juegan las personas defensoras en la sociedad. Además, no hay recursos para medidas cautelares, ni un sistema de protección. La justicia sigue siendo a modo, se persiguen delitos por consigna o por interés político. Las actuaciones de la Fiscalía son poco transparentes y eficaces. Existe también mucha responsabilidad de la Federación y del Poder Judicial en estos casos. De muy poco ha servido que desde la sociedad civil se propongan iniciativas de ley, protocolos, medidas de protección, si éstas no se cumplen y la justicia no llega a las víctimas y sus familias.

5.- Consideramos que tienen que darse cambios en el modelo de procuración de justicia en Oaxaca. En principio, se requiere una reforma integral a la Fiscalía, hacer una institución que sirva, transparente, cuyas actuaciones estén apegadas a los más altos estándares en materia de derechos humanos, con personal profesionalizado y presupuesto suficiente para el desempeño de su misión. Revisar el trabajo de las Fiscalías Regionales para impulsar los cambios necesarios. Valorar el desempeño de las Fiscalías Especializadas y la reestructuración de estas. Retomar carpetas y expedientes rezagados para profundizar en investigaciones que lleven a fincar responsabilidades penales a perpetradores de crímenes.

Finalmente, nos preocupa el futuro la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la falta de titular y el poco interés que parece existir en el gobierno de la cuarta transformación en la protección y salvaguarda de los derechos humanos, coloca a este organismo autónomo en una situación de vulnerabilidad. Se suma a esta fragilidad la falta de un Consejo Ciudadano en funciones, el desmantelamiento de las Defensorías Especializadas y la ausencia de estrategias para prevenir riesgos; esto en medio de una ola de asesinatos de personas defensoras. Esperamos que tanto la Fiscalía como la DDHPO no se conviertan en apéndices del gobierno, sino por el contrario que sean instituciones fuertes, que cumplan con su labor de defender a la sociedad y procurar la justicia y el respeto a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.

#JusticiaParaOaxaca

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de febrero de 2023.

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