20 años después: Oaxaca resiste al despojo capitalista

Acciones de resistencia de los pueblos en el estado de Oaxaca (enero 2022 – agosto 2025 )


Presentación

A 20 años de la lucha y resistencia de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en EDUCA nos dimos a la tarea de reflexionar y analizar las formas de organización, acción colectiva y resistencia que actualmente se desarrollan en el estado.

En este ejercicio, las principales demandas de los pueblos y las expresiones de defensa del territorio adquieren especial relevancia, pues durante las últimas dos décadas el avance de los proyectos extractivos, así como diversas políticas gubernamentales, han configurado un escenario marcado por la conflictividad social, pero también por la resistencia, la organización comunitaria y la dignidad de los pueblos de Oaxaca.

Han sido los pueblos, comunidades y organizaciones sociales y civiles quienes, particularmente durante la última década y con mayor intensidad en los años recientes, han sostenido la defensa de sus territorios y derechos frente al extractivismo y otras amenazas.

En este contexto, el presente informe busca reconocer las luchas y resistencias que se desarrollan en Oaxaca, así como visibilizar los esfuerzos colectivos que mantienen viva la defensa del territorio, la autonomía de los pueblos y la construcción de alternativas frente a los modelos de despojo.

A dos décadas de la irrupción de la APPO, las luchas y resistencias que hoy se desarrollan en Oaxaca nos recuerdan que la defensa de la vida, el territorio, los bienes comunes y los derechos colectivos sigue siendo una tarea vigente. Reconocer estas experiencias implica no solo valorar la capacidad organizativa y la dignidad de los pueblos que las sostienen, sino también comprender que sus demandas interpelan al conjunto de la sociedad.

Este informe invita a las y los lectores a acercarse a estas voces, a reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las comunidades y a reconocer que las resistencias que emergen desde los territorios no solo defienden intereses locales, sino que contribuyen a la construcción de un futuro más justo, democrático y sustentable para Oaxaca y para el país.

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA, 20 de junio de 2026.

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Resumen ejecutivo

Este análisis examina las acciones de resistencia de la población de Oaxaca durante el periodo comprendido entre enero de 2022 y agosto de 2025, prestando especial atención al periodo de gobierno de Salomón Jara. A partir del monitoreo «Alas y raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca» de EDUCA, se registraron 159 acciones de resistencia en 56 municipios, las cuales están distribuidos en siete categorías.

Para el análisis del presente informe se presenta la información en dos apartados importantes: “formas de resistencia narrativas” y “formas de resistencia directas”. Se observa una mayor concentración espacial, sobre todo en el Istmo de Tehuantepec y en la ciudad de Oaxaca, mientras que otras regiones se ven afectadas de forma más puntual, lo que refleja la amenaza inmediata que suponen los megaproyectos y los proyectos de infraestructura.

La resistencia se dirige contra decisiones de actores estatales y no estatales, así como contra intereses económicos, y se opone a las injerencias en los derechos sobre la tierra, el territorio, el medio ambiente, las prácticas culturales y la justicia social. Las formas de resistencia se basan en los problemas regionales, la disponibilidad de recursos y la intensidad del conflicto. En dichas acciones, las mujeres desempeñan un papel central, ya que defienden tanto la protección del territorio como su propia integridad física, lo que confiere a la resistencia en Oaxaca un carácter territorial, físico y de género.

El análisis muestra que la resistencia no debe entenderse únicamente como una reacción a la represión, sino como una práctica continua y estratégica de auto organización indígena. Las comunidades formulan enfoques alternativos a las estructuras capitalistas que sitúan en el centro el bien común, la responsabilidad ecológica y los principios de vida colectiva. A pesar de la violencia, la desigualdad y la represión, la resistencia se mantiene fuerte, genera visibilidad, fortalece a las comunidades y ofrece perspectivas para formas alternativas de vida y organización. Oaxaca se convierte así en un ejemplo de resistencia estratégica, solidaria y orientada al futuro, que tiene relevancia más allá de las fronteras regionales.

1. Introducción y Metodología

El presente documento es un análisis sobre las acciones de resistencia de los pueblos oaxaqueños. Los datos subyacentes se recopilaron entre el 11 enero de 2022 y el 30 agosto de 2025i. Por lo tanto, la mayoría de los datos corresponden al período del gobernador Salomón Jara. La fuente de los datos es el Monitoreo “Alas y raíces de los Movimientos Sociales en Oaxacaii” elaborado por EDUCA.

Durante el periodo analizado, 56 municipios se encontraban en resistencia y se registraron 159 acciones para este análisisiii. Estas 159 acciones se dividieron en siete categorías: acciones directas, bloqueos, celebraciones, conferencias de prensa, encuentros, foros y manifestaciones. Basándose en el número absoluto de acciones de resistencia registradas por municipio, los acciones se pueden dividir en tres regiones: la región metropolitana de Oaxacaiv, la región del Istmov y un panorama de acciones dispersas en el resto del estado.

¿Que estamos entendiendo por resistencia? En este texto, las acciones de resistencia se entienden como una práctica social autónoma. No solo se manifiesta en acciones visibles como manifestaciones o bloqueos, sino también en formas cotidianas de organización colectiva, en asambleas, prácticas culturales, rituales comunitarios y en la construcción de estructuras de comunicación propias. La resistencia se convierte así en un proceso continuo de auto organización que fortalece las relaciones sociales y genera capacidad de acción política.

Los datos se dividen en dos categorías superiores según el criterio del tipo y la intensidad de las acciones de resistencia. La división sirve para la reducción analítica y permite una comparación de la distribución espacial de los diferentes niveles de intensidad de la resistencia. Así, las formas de resistencia que se refieren a las «celebraciones», «conferencias de prensa», «encuentros» y «foros» se resumen como «formas de resistencia narrativasvi».

Las formas de resistencia referidas a las «acciones directas», «bloqueos» y «manifestaciones» se agrupan de manera general como «formas de resistencia directasvii».

Las formas de resistencia narrativas se desarrollan principalmente dentro de espacios de comunicación institucionalizados o socialmente aceptados y se caracterizan por un grado relativamente bajo de confrontación directa. En comparación, las formas de resistencia directa tienden más bien a la apropiación física directa de espacios públicos y, por lo tanto, conllevan un mayor riesgo de represión por parte de otros actores. Por lo tanto, esta categoría puede interpretarse como la expresión de una situación de conflicto agudizada.

¿Como definimos el territorio en el que se desarrollan las acciones de resistencia?

El territorio es, para los pueblos indígenas, mucho más que un espacio geográficamente delimitado. Abarca tres dimensiones interrelacionadas que juntas conforman una comprensión integral del concepto.

Para comprender esta concepción, es necesario partir de una distinción fundamental: mientras que el Estado concibe el territorio como un espacio administrativo y geográfico, o bien como una mercancía sujeta a explotación y privatización, los pueblos indígenas lo entienden como un espacio sagrado y vivo, inseparable de su identidad, su cultura y su espiritualidad. Esta diferencia de visiones no es menor, sino que constituye el núcleo del conflicto que se vive en Oaxaca, visible especialmente en regiones como el Istmo de Tehuantepec, donde los megaproyectos del CIIT redefinen el territorio como recurso económico con consultas inadecuadas a quienes lo habitan.

En este sentido, las palabras del intelectual indígena mixe Floriberto Díaz Gómez expresan con claridad lo que el territorio significa desde adentro: la tierra no es solo el suelo, sino que la conforman los animales, las plantas, los ríos, las piedras, el aire, las aves y los seres humanos. La tierra tiene vida, y los pueblos indígenas le deben su existencia. Como madre, no puede convertirse en propiedad privada, pues de lo contrario no sería posible asegurar el futuro colectivo de los pueblos.

Esta concepción cobra una dimensión adicional cuando se considera el papel de las mujeres. La defensa del territorio no es únicamente la defensa de un espacio físico, sino también la defensa del propio cuerpo. La integridad corporal y la integridad territorial están profundamente entrelazadas: el cuerpo es en sí mismo un territorio que debe ser protegido. Por eso, las mujeres en Oaxaca no solo luchan por sus tierras y sus medios de subsistencia, sino también por su propia seguridad física, lo que confiere a la resistencia un carácter simultáneamente territorial, corporal y de género.

A partir de estas bases, el territorio puede entenderse en tres dimensiones interrelacionadas:

La primera dimensión es el Cuerpo-Territorio: el territorio es el cuerpo mismo, la vida misma, la «primera piel» de las personas. Tiene un significado espiritual, cultural y religioso. La tierra no es algo que pertenece a los pueblos indígenas, sino que son los pueblos los que forman parte de ella.

La segunda dimensión es el Comunidad-Territorio: el territorio es el espacio geográfico en el que se inscribe la memoria colectiva, el soporte material de la vida comunitaria y el referente simbólico de la identidad colectiva. Aquí se expresa la unidad indisoluble entre comunidad, tierra y naturaleza.

La tercera dimensión es la Tierra-Territorio: mientras que la «tierra» designa únicamente un espacio geográfico delimitado que se cultiva o habita, el «territorio» refiere a la apropiación cultural de ese espacio, el lugar donde los pueblos indígenas desarrollan su vida en comunidad, cultivan sus prácticas y viven su relación con la naturaleza.

Estas tres dimensiones son inseparables entre sí: la integridad del propio cuerpo es condición previa para la salud de las tierras comunales, y viceversa. Por eso, la defensa del territorio en Oaxaca es al mismo tiempo una defensa de la vida mismaviii.


2. Análisis

Istmo: Poner el cuerpo frente a la conflictividad

Con 51 acciones, casi un tercio del total registrado (32,10 %), la resistencia se concentra claramente en la región del Istmo de Tehuantepec. Destaca especialmente la alta concentración de formas de resistencia directa: más de la mitad de todas las acciones directas registradas en el estado (52,60 %) tuvieron lugar en el Istmo. Desglosado por tipo de acción, el Istmo concentra el 58 % de todas las acciones directas, el 60,10 % de todos los bloqueos y el 41 % de todas las manifestaciones registradas en Oaxaca. En contraste, las formas de resistencia narrativas son mucho menos frecuentes en esta región y representan únicamente el 13,25 % de las acciones narrativas del estado.

Las razones de las acciones de resistencia difieren de un municipio a otro en su forma concreta, pero en gran medida se pueden atribuir a la implementación de los megaproyectos en el marco del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que, según los municipios afectados, se iniciaron sin consultar previamente a la población, y cuando lo hicieron, las consultas no respetaron los estándares internacionales en la materia.

Cabe destacar San Juan Guichicovi, seguido de San Blas Atempa, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y Santa María Mixtequilla. En el marco de la modernización de la vía férrea del Corredor Interoceánico y la consiguiente ampliación del «derecho de vía» reclamado por el Estado, se ejerció presión para desalojar las viviendas situadas en las inmediaciones de las vías a lo largo de gran parte del trayecto. Esta dinámica fue especialmente pronunciada en el municipio de San Juan Guichicovi, donde los habitantes afectados protestaron contra las amenazas de expropiación y organizaron bloqueos aislados de la vía férrea. Estas formas de protesta fueron perseguidas penalmente y sirvieron al mismo tiempo para legitimar una mayor presencia de la Guardia Nacional. La criminalización de las prácticas de defensa territorial parece ser aquí un patrón recurrente en la gestión de conflictos por parte del Estado. Esto también se puede demostrar mediante otros análisis, que también se basan en el monitoreo de Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxacai.

Un patrón de conflicto similar se observa en San Blas Atempa (Puente Madera) y en Santa María Mixtequilla. Allí, a pesar de la oposición declarada de parte de las comunidades, se reasignaron tierras agrícolas y comunitarias para convertirlas en los llamados «polos de desarrollo para el bienestar». Estas zonas se integrarán en la infraestructura del CIIT como centros industriales. Tras el anuncio de los proyectos, se desarrolló rápidamente en la región un movimiento de resistencia local muy complejo. Este se organizó en asambleas comunitarias, coordinó acciones de protesta y estableció bloqueos para imponer sus demandas de transparencia, condiciones laborales justas y distribución equitativa de los recursos. Además, los afectados recurrieron a medios legales para reclamar sus derechos y someter a revisión jurídica los efectos de los proyectos. En Salina Cruz, los trabajadores y los residentes bloquearon repetidamente los accesos a las obras de modernización del puerto para protestar contra las condiciones contractuales poco transparentes y los salarios pendientes de pago. Al mismo tiempo, las comunidades vecinas se quejan del uso de materias primas locales para medidas de infraestructura sin una compensación adecuada o transparente.

Por lo tanto, la expansión de la infraestructura genera aquí tensiones tanto en materia de derecho laboral como de recursos.

Además de la infraestructura directa del CIIT, hay otros megaproyectos en el istmo, especialmente en el ámbito de la energía eólica. En la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza se produjeron acusaciones relacionadas con los parques eólicos por la falta de consentimiento libre, previo e informado para el uso de tierras comunales. Las personas afectadas organizaron bloqueos de las carreteras de acceso, ocuparon las zonas del proyecto, realizaron manifestaciones y aprovecharon las reuniones para deliberar conjuntamente y preparar acciones legales contra los contratos de uso. En San Dionisio del Mar se observan dinámicas similares. Allí también se ocuparon las obras o se bloquearon los accesos, mientras que las asambleas comunitarias tomaban decisiones en contra del proyecto y presentaban demandas.

Conclusión Istmo

El análisis muestra que el Istmo de Tehuantepec se caracteriza por un claro predominio de formas de resistencia directa. El trasfondo lo constituyen los proyectos industriales y de infraestructura a gran escala en el marco del CIIT, así como otros megaproyectos que afectan profundamente a las tierras comunales colectivas, administradas en su mayoría por comunidades indígenas. Los territorios agrícolas organizados se ven especialmente afectados, ya que su uso se redefine mediante la reclasificación estatal, el «derecho de vía» o los parques industriales. Los formatos discursivos, como las asambleas y los encuentros, sirven principalmente para la toma de decisiones internas dentro de las estructuras de autogobierno indígenas. La resistencia contra estas intervenciones se criminaliza repetidamente. La intensidad de las formas de protesta directas se explica por las intervenciones territoriales directas, lo que contrasta claramente con la situación en la ciudad de Oaxaca.

Las demandas inmediatas de las comunidades del Istmo de Tehuantepec pueden resumirse en derechos de protección, reparación del daño y participación. Según las comunidades en resistencia, se dirigen contra formas concretas de apropiación de tierras, destrucción del medio ambiente y represión estatal, y tienen como objetivo el restablecimiento de la integridad territorial, la reparación de los daños materiales, la transparencia y la participación en los procesos de toma de decisiones.

Ciudad de Oaxaca: La caja de resonancia del movimiento social.

En la región metropolitana de Oaxaca se registró el segundo mayor número de acciones de resistencia. Alrededor del 79 % de estas acciones pueden clasificarse como formas narrativas de resistencia. Esto se debe a que la ciudad de Oaxaca, como capital del estado, es la sede de las autoridades políticas y administrativas centrales y, debido a su ubicación y su gran visibilidad pública, se utiliza preferentemente como lugar de intercambio, creación de redes y articulación política. En total, el 45,8% % de todas las acciones de resistencia discursiva y alrededor del 30,2 % (48 acciones) de todas las acciones registradas tuvieron lugar en la ciudad de Oaxaca.

La ciudad de Oaxaca suele ser el foco de concentración de los conflictos de otras regiones. Así, se han celebrado repetidamente conferencias de prensa de comunidades (indígenas) en el espacio urbano para llamar la atención sobre represiones de todo tipo. Por ejemplo, las mujeres mazatecas de Eloxochitlán utilizaron el Zócalo e instalaron un plantón de varios días con un tendedero público con fotos de presos políticos. Exigieron su liberación, la reforma del «amparo indirecto» y garantías de protección para las familias de los detenidos. Además, en la ciudad de Oaxaca se llevaron a cabo acciones sobre temas internacionales, como las consecuencias sociales, ecológicas y económicas que se esperan de la crisis climática global para el estado de Oaxaca, o la solidaridad con Palestina. Un tema central a nivel nacional es la persistencia de la violencia de género y la desaparición de mujeres. Así, como cada año, el 8 de marzo se celebró una concurrida manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer. Familiares de desaparecidos, periodistas, defensoras indígenas y colectivos solidarios tomaron las calles centrales de la ciudad.

En todo el estado de Oaxaca las mujeres constituyen una parte fundamental de la resistencia. Sin embargo, en los análisis no se les da la importancia que merecen. El sistema capitalista es un sistema patriarcal. El modelo neoliberal extractivista es un modelo patriarcal. Por ello, las mujeres no solo luchan por sus tierras y sus medios de subsistencia, sino también por su propia integridad física. Porque, en aras de su propia seguridad (territorial), se resisten a la estructura que amenaza ambas cosas. Porque la seguridad territorial y corporal no solo se entiende como la integridad de las tierras comunales, sino también como la integridad del cuerpo, ya que la integridad del propio cuerpo es un requisito previo para la salud de las tierras comunales.

También se abordaron problemas urbanos en Oaxaca de Juaréz concretos. Los temas centrales en la ciudad de Oaxaca son, en particular, el suministro de agua y la gentrificación. Aunque las formas de resistencia directa son relativamente poco frecuentes, casi siempre se centran en conflictos urbanos.

Concentran las críticas contra la represión estatal, el aumento del coste de la vida, la expropiación cultural y la reestructuración del espacio urbano. Esto quedó patente, entre otras cosas, en las manifestaciones contra la gentrificación, que dieron lugar a detenciones y represión policial.

Conclusión Oaxaca

El análisis muestra que las formas narrativas de resistencia en Oaxaca de Juárez tienen como objetivo principal llamar la atención pública y lograr visibilidad política, más que provocar bloqueos materiales inmediatos. Más allá del contexto urbano, la ciudad de Oaxaca funciona como caja de resonancia política y mediática para conflictos supra regionales, nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, la ciudad se convierte en un espacio de conflicto, especialmente allí donde las acciones directas ponen de manifiesto líneas de conflicto urbanas como la gentrificación, el desplazamiento social y la represión estatal.

Municipios: La cultura y la identidad también son formas de resistencia

Mientras que en el Istmo y en la ciudad de Oaxaca se concentra aproximadamente un tercio de las acciones, el 37,7 % se distribuye de forma mucho más heterogénea entre los 36 municipios en resistencia del estado. En total, el 50,75 % de todas las formas de resistencia discursiva y el 34,45 % de todas las formas de resistencia directa tuvieron lugar en los municipios registrados. Cabe destacar que el 50 % de todas las conferencias de prensa registradas y la mayoría (43,4 %) de todas las celebraciones tuvieron lugar en estos municipios. A continuación se describen las formas de resistencia en municipios seleccionados a modo de ejemplo, en orden descendente de intensidad.

1. Uno de los municipios con una resistencia especialmente visible es Santiago Jamiltepec, situado en el sur, incluidas las comunidades vecinas a lo largo del río Verde. Desde 2018, aquí se celebra anualmente el «Día de acción de gracias al Río Verde», en el que se celebran con música, bailes, rituales y actos simbólicos a orillas del río. Estas acciones están dirigidas contra los modelos de desarrollo extractivos y la reconversión del río en recurso energético o de infraestructura, en particular contra los proyectos de construcción de presas. La resistencia tiene como objetivo defender la autonomía, los medios de vida y la continuidad cultural de las comunidades. Además de las celebraciones anuales, se llevan a cabo diversos rituales y prácticas ecológicas para reforzar la protección del río y el medio ambiente.

2. En el norte de Oaxaca, las comunidades de Eloxochitlán de Flores Magón y Huautla de Jiménez, entre otros, se encuentran en resistencia. Aquí, la justicia política y judicial ocupa un lugar central. En Huautla, por ejemplo, se ocupó simbólicamente el tribunal local para llamar la atención sobre la criminalización y la prolongada prisión preventiva de los presos políticos, consecuencia de conflictos intra comunitarios sin resolver. Al mismo tiempo, la región atrae la atención por el intento de asesinato de un fotoperiodista que informa sobre las actividades extractivas.

3. La comunidad de El Coyul, en el municipio de San Pedro Huamelula, es un ejemplo de resistencia contra actores no estatales. Los actores inmobiliarios privados (cartel inmobiliario) amenazan más de 1452 hectáreas de tierras comunales y quieren imponer su control sobre los recursos costeros. Por ello, la región se ve amenazada por un «ecocidio» y un «etnocidio», provocados por la destrucción de manglares, playas y otros ecosistemas costeros, así como por la gentrificación que se avecina. Esto da lugar a violencia contra las familias, intentos de expropiación, amenazas a los habitantes locales y procesos judiciales. En su resistencia, la comunidad apuesta por iniciativas propias y acciones colectivas: gestiona una infraestructura cooperativa de Internet para reforzar su propia voz, visibilizar la resistencia e informar sobre los conflictos locales. Además, organiza encuentros colectivos, como el «Encuentro en Defensa de las Playas, Manglares y Territorios», en el que participaron 25 comunidades, 33 organizaciones y unas 250 personas, con el fin de crear redes de solidaridad, intercambiar experiencias y planificar medidas para la protección de las costas y los territorios.

4. Villa de Tututepec es un ejemplo de formas de resistencia preventiva en el sentido del empoderamiento ecológico y cultural. Al igual que en Jamiltepec, el Río Verde es un punto de referencia central. En cooperación con organizaciones como EDUCA, se llevaron a cabo talleres participativos para la protección del río con el fin de analizar conjuntamente los problemas medioambientales y desarrollar estrategias de acción locales. La resistencia se manifiesta aquí mediante la creación de estructuras de comunicación propias, como por ejemplo la emisora de radio comunitaria «Voces Afromexicanas», fundada por mujeres afro-mexicanas, que fortalece la identidad cultural y da a conocer públicamente las preocupaciones territoriales. En el mismo municipio, la radio comunitaria Estéreo Lluvia tiene una larga trayectoria con diferentes enfoques de resistencia cultural.

5. Las comunidades de Oaxaca se ven especialmente afectadas por la minería ilegal y el desprecio estructural de los derechos de la población indígena. Un ejemplo de ello es la resistencia de los municipios de Magdalena Ocotlán y San José del Progreso. Allí, las comunidades lograron, mediante un amparo, que se detuvieran momentáneamente las concesiones mineras otorgadas. Estas concesiones fueron otorgadas por actores a nivel federal sin consultar a la población sobre terrenos comunales. Ahora las empresas mineras no pueden seguir operando. Además de la intervención jurídica, las comunidades de Magdalena Ocotlán, San Martín de los Cansecos, Monte del Toro, Ocotes, Vergel, Cerro de las Huertas entre otras, utilizan desde 2023 acciones simbólicas y narrativas para dar visibilidad a su resistencia. Entre ellas se incluyen actos conmemorativos públicos el 10 de abril, desfiles, rituales y altares, conferencias de prensa en Oaxaca de Juárez y la participación en foros regionales y nacionales. A través de estas medidas, las comunidades fortalecen sus redes, transmiten sus demandas al público y dan a conocer los conflictos sociales, ecológicos y territoriales.

Conclusión sobre los municipios

En el resto de municipios, las formas de resistencia comunicativas marcan el panorama de las acciones. Cabe destacar especialmente el elevado número de celebraciones y ruedas de prensa. Los rituales, las fiestas culturales y las ceremonias comunitarias no solo sirven para la articulación simbólica, sino que también refuerzan la identidad territorial, las estructuras de decisión colectivas y el posicionamiento común frente a posibles intervenciones, el fortalecimiento del tejido social y la construcción de paz. Aquí, la resistencia suele comenzar como una reafirmación cultural. También llama la atención que una parte considerable de todas las conferencias de prensa se celebra fuera de los dos puntos conflictivos. Estas conferencias funcionan como un instrumento estratégico para llevar los conflictos locales de las regiones periféricas a un público más amplio, visibilizar la represión y movilizar el apoyo político. De este modo, la opinión pública se convierte en sí misma en una forma de protección e intervención. Las acciones conflictivas se producen especialmente donde se inician proyectos sin el consentimiento libre, previo e informado. La falta de información es una estrategia habitual en los megaproyectos que se observa ampliamente en diferentes municipios. Entre otras cosas, esto provoca una división deliberada dentro de un municipio. Sin embargo, en general, la resistencia en estos municipios se manifiesta como una práctica continua de auto organización indígena que combina estrategias culturales, comunicativas y territoriales.


3. Claves para entender las resistencias en Oaxaca

La resistencia abarca diversos ámbitos políticos y sociales: si bien el territorio constituye el eje fundamental de la resistencia oaxaqueña, las comunidades luchan igualmente por la protección del medio ambiente, los derechos laborales, la justicia política y judicial, la identidad y la cultura, la integridad física de las mujeres y el rechazo a la gentrificación urbana. Quienes la practican luchan por la justicia social, la protección del medio ambiente y los recursos, la supervivencia de su propia cultura, la paz, la conservación de su propio territorio, el fin de la impunidad de los responsables y los represores. Las comunidades no luchan únicamente contra las intervenciones concretas en su territorio, sino también por el derecho a definir y nombrar su propia resistencia. El Estado utiliza su poder narrativo para presentar a quienes defienden su territorio como agresores, legitimando así sus propias medidas represivas como una reacción necesaria. Los bloqueos, las ocupaciones y las protestas son criminalizados, a pesar de ser respuestas a intervenciones ilegales en el marco jurídico vigente. Por ello, las comunidades reivindican no solo la protección de su territorio, sino también el derecho a nombrar sus propias prácticas por lo que son: formas legítimas, estratégicas y jurídicamente fundamentadas de autodefensa. La resistencia se lleva a cabo a nivel municipal, estatal y federal. En función de los problemas regionales respectivos, se eligen las formas de resistencia adecuadas dentro del marco de los recursos disponibles. Estas se dirigen contra actores estatales, actores no estatales, asociaciones delictivas y estructuras del crimen organizado en general.

El análisis muestra que la resistencia en Oaxaca no puede entenderse como un fenómeno homogéneo, sino que se manifiesta de manera sistemáticamente diferente en función del tipo de espacio, la intensidad del conflicto y la proximidad a los centros de poder político. Así, Oaxaca puede entenderse en su conjunto como un espacio de prácticas de resistencia diversas, en el que, sin embargo, se pueden identificar claras concentraciones regionales.

Especialmente en el istmo de Tehuantepec, las formas de resistencia se intensifican donde se producen intervenciones territoriales directas a causa de megaproyectos. El hecho de verse directamente afectados conduce a una mayor intensidad del conflicto, que se manifiesta en formas de resistencia directas. Por el contrario, Oaxaca de Juárez actúa sobre todo como un espacio de visibilidad, articulación y creación de redes, en el que predominan las formas narrativas de resistencia. En los demás municipios, por el contrario, la resistencia se manifiesta a menudo como una práctica a largo plazo, preventiva y arraigada culturalmente, que no reacciona ante escaladas agudas, sino que protege y fortalece de antemano las estructuras territoriales, sociales y ecológicas.

La resistencia no es, por tanto, aleatoria ni homogénea, sino una práctica contextual y estratégica que se adapta a condiciones específicas y combina diferentes formas entre sí.

El Estado recurre a la narrativa de presentar a los defensores como agresores para poder presentar sus propias medidas represivas como una reacción a las acciones directas y, de este modo, legitimar a su vez su actuación. La posibilidad de presentar un problema desde otra perspectiva es una herramienta de poder que sirve para imponer los propios intereses.

Las acciones de resistencia constituyen pues reacciones a la desestabilización de la paz comunitaria y a las injerencias en el ordenamiento jurídico vigente. La criminalización de la resistencia y de las medidas de protección de las poblaciones indígenas contra el acaparamiento de tierras, la extracción ilegal de recursos y la destrucción de su hábitat suele servir para imponer los intereses económicos de poderosas empresas, quebrantar la resistencia, eludir los derechos sobre la tierra e intimidar a las activistas, al presentar su protesta pacífica como un delito.

Teniendo en cuenta que no todas las acciones de resistencia se han registrado en la base de datos y que, sin embargo, se ha incluido en el análisis un número tan considerable de ellas, esto apunta a un desprecio increíblemente generalizado de los deseos, las reivindicaciones y los derechos reales de la población y las comunidades, y sugiere la existencia de un gran conflicto de intereses entre los capitalistas, los detentadores del poder y la población.

Al mismo tiempo, a pesar de su diversidad, las reivindicaciones de las comunidades pueden resumirse en unas preocupaciones comunes fundamentales: la protección de sus territorios, la salvaguarda de sus medios de vida, la exigencia de justicia y la participación activa en los procesos de toma de decisiones. Estas reivindicaciones unen las diferentes formas de resistencia más allá de las diferencias regionales.

Pero también ponen de manifiesto un gran orgullo de la población y subrayan el deseo de una administración propia. El respeto por la protección del medio ambiente, la importancia secundaria que se concede a la creación de valor capital y las reivindicaciones generales de las comunidades (indígenas) pueden entenderse como el derecho al respeto del llamado «Buen Vivir». Esto significa que existe una búsqueda de una alternativa al sistema capitalista y que este enfoque también se organiza y se vive. Así, también se podría suponer que la fuerte cohesión dentro de las comunidades, el llamado tequio, se refleja en una mayor importancia dentro de las comunidades y se traduce positivamente en el número de acciones de resistencia.

No hay que olvidar que las mujeres desempeñan un papel fundamental en los movimientos de resistencia. No solo luchan por la protección de su territorio, sino también por su propia integridad física, lo que pone de manifiesto que la resistencia en Oaxaca no solo tiene un carácter territorial, sino también físico y de género, ya que la integridad del cuerpo y la integridad de las tierras comunales están estrechamente entrelazadas. Además, luchan por su visibilidad en general.

La resistencia no solo se dirige contra intervenciones concretas, sino que al mismo tiempo formula concepciones alternativas de la sociedad, el desarrollo y la convivencia. Se basa en principios colectivos en los que el bien común, las relaciones sociales y la responsabilidad ecológica desempeñan un papel central.

Precisamente por ello, existe esperanza de que, pese a la represión, la violencia y las profundas desigualdades, las comunidades y pueblos indígenas continúen organizándose y resistiendo frente a las distintas formas de opresión. Sus luchas no solo defienden derechos territoriales, sino también la seguridad, la dignidad y la posibilidad de vivir en paz. La existencia misma de estas resistencias evidencia que la represión nunca logra imponerse de manera absoluta, ya que también emergen respuestas colectivas que rechazan el silencio y la subordinación.

En este contexto, resulta pertinente preguntarse qué significa habitar un estado con una densidad tan alta de resistencias sociales. Por un lado, esto refleja conflictos profundos y desigualdades estructurales persistentes; por otro, revela la existencia de una sociedad políticamente activa, capaz de organizarse, defender sus derechos y participar de manera directa en la construcción de sus propias realidades. Las formas alternativas de convivencia no permanecen únicamente en el terreno de la imaginación política, sino que ya son practicadas cotidianamente por numerosas comunidades en resistencia.

Estas experiencias representan un referente importante más allá de sus contextos locales. Su capacidad de organización, sus formas de unión comunitaria y las estrategias mediante las cuales sostienen la resistencia ofrecen enseñanzas valiosas para otras sociedades atravesadas por la lógica individualista y mercantil del capitalismo contemporáneo. En ese sentido, las luchas anticapitalistas impulsadas desde estas comunidades invitan a repensar las prioridades sociales y económicas, desplazando el énfasis del beneficio a cualquier precio hacia valores centrados en la dignidad humana, la solidaridad y la convivencia colectiva.

Referencias:

i Sin embargo, la mayoría de los datos proceden de los años 2023 a 2025 (solo seis datos son del año 2022).

iii Parte de los datos recopilados por del Monitoreo se excluyeron del proceso de análisis posterior, ya que determinadas acciones de resistencia afectaban a varias regiones o temas al mismo tiempo, o bien las fuentes en las que se basaban no indicaban lugares concretos, por lo que no era posible realizar una cartografía clara. En total, se excluyeron 34 acciones de resistencia del análisis final.

iv La región metropolitana de Oaxaca comprende los siguientes municipios: San Raymundo Jalpan, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, San Andrés Huayápam, Santa María Atzompa, San Lorenzo Cacaotepec, Villa de Etla und Oaxaca de Juaréz.

v La región del Istmo comprende los siguientes municipios: Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Mixtequilla, San Blas Atempa, San Pedro Comitancillo, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, Matías Romero Avendaño y San Juan Guichicovi.

vi Esta categoría abarca acciones de resistencia cuyo objetivo principal es la transmisión comunicativa, discursiva y simbólica. Los foros, las conferencias de prensa, las reuniones y las celebraciones sirven para generar y difundir conocimientos, establecer redes y dar visibilidad pública a las reivindicaciones y los problemas, así como para representar a la resistencia ante la opinión pública.

vii Esta categoría incluye formas de acción que se caracterizan por un alto grado de presencia física, confrontación y intervención en las estructuras de poder y orden existentes. Los bloqueos, las manifestaciones y las acciones directas tienen como objetivo interrumpir la normalidad social, generar urgencia política y presionar a los actores estatales o económicos para que actúen.

viii Fuente: EDUCA/Tequio Jurídico/La Ventana A.C., „Tierra y Territorio, una alternativa de vida», Oaxaca 2013 https://www.educaoaxaca.org/tierra-y-territorio-una-alternativa-de-vida/

En los últimos seis años fueron asesinadas 225 personas defensoras en México

En el contexto de la celebración del Día de Muertos, EDUCA presenta los resultados del monitoreo “Todos sus nombres, Todas sus luchas“, sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México. El estudio abarca el periodo comprendido de diciembre de 2018 a octubre de 2024; durante este tiempo se registraron un total de 252 atentados a la vida contra personas defensoras, estos casos de violencia letal incluyen: desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Del total de casos registrados, 225 corresponden a asesinatos y 27 a desapariciones.

El propósito de la presentación de estos resultados es honrar la memor        ia de todas las personas que ofrendaron su vida en la lucha de defender derechos, así como llamar la atención del Estado y la ciudadanía, sobre la grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos.

El estudio arroja información valiosa que se deberá leer con detenimiento. Una de las primeras cosas que llama la atención es que durante seis años (2018-2024), periodo también denominado de la Cuarta Transformación, 225 personas defensoras fueron asesinadas. En 42 de estos 225 casos, las organizaciones señalan al Estado mexicano como responsable de haber cometido una ejecución extrajudicial.

Las luchas más peligrosas corresponden a la defensa del territorio y los derechos civiles. 94 personas asesinadas defendieron el derecho a la tierra y territorio y a un medio ambiente sano. Otras 85 personas asesinadas defendieron derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la libertad de asociación. Estas luchas representan el 80% de los asesinatos de personas defensoras (179 de 225).

El Sur-Sureste es la región más peligrosa para la defensa comunitaria; Oaxaca registró 58 personas defensoras asesinadas. Le siguen Guerrero con 39 y Chiapas con 17 personas defensoras asesinadas. Estos 114 asesinatos de personas defensoras en el Sur-Sureste representan el 51 % de todos los casos en México.

Un hallazgo importante del monitoreo es que los defensores indígenas y campesinos enfrentan racismo y violencia. Del total de 225 personas defensoras asesinadas, 140 eran indígenas, una afromexicana. El 62 % de las personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena y 57 % eran campesinas. La conclusión que se desprende es que los mataron porque, además de ser defensores, eran indígenas y campesinos.

Personas defensoras, feminicidios y transfobia: De los 252 atentados a la vida (homicidios y desapariciones forzadas) 20% se cometieron contra mujeres y personas de la diversidad sexual: Hombres 202 casos; Mujeres 39 y 11 casos de personas de la diversidad.

En 2 de 3 casos, los poderes fácticos y las autoridades locales han sido señaladas como presuntos responsables de estos asesinatos. Este dato contrasta con el contexto de sexenios pasados, cuando autoridades federales fueron señaladas por participar en ataques contra la vida de personas defensoras.

Desaparición forzada de personas defensoras

La desaparición forzada sigue siendo un mecanismo para inhibir la defensa de derechos. En total de los 252 casos, 51 personas defensoras fueron víctimas una desaparición forzada. 23 personas defensoras permanecen en condición de desaparecidas, 24 personas defensoras fueron asesinadas y 4 personas defensoras aparecieron con vida. Esto representa solamente el 8% del total de 51 casos. De las 23 personas defensoras en condición de desaparecidas, 4 son mujeres y 19 hombres. Destacan los estados Sonora: con 10 yaquis desaparecidos y Oaxaca con 3 hombres y 3 mujeres defensoras desaparecidas , entre ellos los casos de 4 mixtecos.

En el Sur-Sureste destacan 5 casos de desaparición forzada de personas defensoras en los cuales autoridades locales del partido Morena fueron denunciadas como presuntas responsables, se trata de los municipios: Amatán, Chiapas; Tlapa de Comonfort, Guerrero; Nochixtlán y San Juan Cotzocón, Oaxaca.

Puntos de análisis y algunas lecturas

La información que aquí se presenta es apenas la punta del iceberg de las agresiones a personas defensoras. Es sólo una parte de la violencia que alcanza a ser visible, pero bajo este témpano se encuentra un entramado de relaciones de poder y dominación, violencia cultural y estructural, racismo y discriminación, pobreza y exclusión, en suma, un complejo mapa de la violencia que azota al país.

Los datos arrojan que existe una estrategia fallida de seguridad a nivel nacional. Constatamos el debilitamiento de las instancias de protección y de los organismos autónomos de derechos humanos. Lo que si se reforzó en este gobierno fue la cultura de la impunidad; la militarización de la seguridad pública; el acceso a la justicia se convirtió en la excepción y no en la regla.

Comparando con el contexto de sexenios pasados, ya no se señalan a las autoridades federales de atentar directamente contra la vida de personas defensoras. Sin embargo, a nivel local, se envalentonaron los grupos de poder ante la inacción del Estado. O bien ante el debilitamiento o aquiescencia de los gobiernos estatales y federales. Existen zonas silenciadas en el país, donde no se denuncia y los casos permanecen en el olvido.

En el caso de las desapariciones, aunque se trate de personas defensoras, las búsquedas siguen siendo deficientes. Como sociedad civil necesitamos reforzar las medidas de seguridad y agilizar las denuncias. Un ejemplo positivo de ello son los casos de aparición con vida.

En todos estos casos, las organizaciones que reivindican a las personas defensoras reclaman búsquedas deficientes y denuncian la falta de acceso a una justicia pronta y expedita.

Apuntes sobre la metodología del monitoreo

Todos los datos están respaldados por organizaciones de derechos humanos, sean locales, nacionales o internacionales. Estas organizaciones reivindican a las víctimas como personas que fueron agredidas en el contexto de la defensa de derechos humanos. Entre las fuentes destacan: Red TDT, Comité Cerezo, CEMDA, IM-Defensoras, Global Witness, Front Line Defenders y ONU-DH.

En muchos casos no hay una investigación exhaustiva por parte de las autoridades ni sentencias condenatorias. En consecuencia, algunos datos, por ejemplo sobre el tipo de agresor, se basan solamente en el señalamiento de las organizaciones de derechos humanos que reivindican a las personas defensoras.

Algunas organizaciones de derechos humanos publican su informe anual sobre agresiones a personas defensoras durante el año siguiente, por lo que el total de personas defensoras agredidas en 2024 es provisional y puede aumentar todavía.

En la campaña permanente “Alas y Raíces del Movimiento Social en Oaxaca“, ampliaremos el análisis con el monitoreo sobre la conflictividad territorial, las agresiones a personas defensoras y la violencia en Oaxaca, y también sobre las acciones de resistencia de las comunidades y organizaciones frente a este difícil escenario.

Visita el micrositio con todos los datos: Alas y Raíces

Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., 30 de octubre de 2024

Infografías:

Seis meses de la 4T en Oaxaca: A la violencia contra las personas defensoras se suma la difamación gubernamental

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– De diciembre de 2022 a mayo de 2023, en Oaxaca se registran 59 agresiones contra personas defensoras y procesos colectivos de defensa de derechos.

– Campaña “Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca” alerta sobre el aumento de la difamación y criminalización en el estado y el país.

– Una luz de esperanza: la solidaridad logra frenar la criminalización.

La campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, que inició en 2022 y tiene el objetivo de visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus derechos en Oaxaca, comparte un análisis del contexto actual para la defensa de derechos humanos durante el primer semestre de la nueva administración estatal, y lo enmarca en el escenario nacional.

Constatamos que, desde el poder se recrudece la difamación del ejercicio de defensa de los derechos humanos. En los primeros seis meses del nuevo gobierno en Oaxaca fueron criminalizadas y hostigadas 18 organizaciones o comunidades. En un promedio de diez días se registró una agresión colectiva, como son desalojo de protestas, detenciones arbitrarias, difamación desde el poder y otros tipos de criminalización.

Ejemplos recientes del aumento de hostigamiento gubernamental son la estigmatización del trabajo de organizaciones civiles y sociales por servidores públicos de primer nivel, incluido el gobernador Salomón Jara Cruz, contra actores como la Sección 22 de la CNTE-SNTE y Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C., así como las reiteradas difamaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la población mixe de Mogoñé Viejo en el Istmo de Tehuantepec que protesta contra las afectaciones del megaproyecto del Corredor Transístmico.

Estas difamaciones gubernamentales preparan el terreno para actos represivos, ejecutados por grupos civiles al servicio de caciques, empresas, cuerpos policíacos locales o estatales y autoridades federales (Guardia Nacional-Marina).

En estos primeros seis meses de la nueva administración en Oaxaca, 41 personas defensoras fueron violentadas en sus derechos. La agresión más común es la criminalización (p.ej. órdenes de aprehensión y detenciones arbitrarias).

La defensa del territorio contra los megaproyectos es una de las principales razones de ataques contra personas defensoras en el país. La construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) causó una avalancha de violencia contra personas defensoras indígenas, con agresiones registradas en los municipios de San Blas Atempa, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Matías Romero, San Francisco Ixhuatán y San Juan Guichicovi.

La población indígena sigue siendo el sector más atacado, y las agresiones en su gran mayoría se dieron en la defensa de la tierra y el territorio, especialmente contra la instalación de megaproyectos, o en la defensa del derecho a la seguridad y la autonomía, contra intereses de caciques y otros poderes fácticos.

En nuestro monitoreo a nivel país, en estos meses causó gran preocupación el contexto violento de las inversiones mineras en Michoacán, con la desaparición de los dos defensores Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia y el asesinato de Eustacio Alcalá Díaz.

Estos casos son un claro ejemplo de la mayor vulnerabilidad de personas defensoras en contextos de control territorial ejercida por la “macrocriminalidad”, un fenómeno delictivo de nueva calidad donde se vinculan estructuras criminales, empresariales y políticos que cuentan con la participación u omisión de autoridades del Estado. Situaciones muy complejas a las que se enfrentan personas defensoras en otros estados como Chiapas, Chihuahua y Guerrero.

En el sector femenino, a nivel nacional las mujeres buscadoras de familiares desaparecidas son las defensoras más vulnerables, con asesinatos y desapariciones. Y en Oaxaca, este 2023 se registraron 4 detenciones arbitrarias de mujeres mixes de Mogoñé Viejo, que es solo la parte más visible de la constante discriminación hacia mujeres defensoras.

Pese a este sombrío panorama, hay también algunas luces de esperanza. En 2023, los intentos de criminalización del derecho a la tierra y el territorio, con personas indígenas detenidas y procesadas sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Puebla, terminaron en la mayoría de los casos con la libertad condicional o absoluta, gracias a la amplia solidaridad con las personas defensoras acosadas.

Entre los casos de siete desapariciones durante este 2023, tres personas regresaron con vida: Santos de la Cruz, defensor del territorio wixárika, la buscadora de personas desaparecidas Yesenia Guadalupe Durazo Cota en Sonora, y la ambientalista Karina Aragón Piña en Morelos. La inmediata alerta desde la sociedad y en consecuencia la oportuna intervención de las autoridades garantizó el derecho a la vida.

En el caso de la defensora Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida en Nochixtlán en marzo del 2021 durante una protesta contra la corrupción de autoridades municipales, en este semestre fueron sentenciados varios actores materiales que formaban parte de la pasada administración municipal de Asunción Nochixtlán, lo que significa un avance en el combate a la impunidad. Estas sentencias se lograron gracias a la intervención de autoridades federales y al seguimiento que le dieron instancias internacionales al caso. Sin embargo, la autoría intelectual de este crimen de lesa humanidad aún no fue aclarada por el poder judicial, y Claudia Uruchurtu Cruz sigue desaparecida.

Seguimos exigiendo la búsqueda de las personas defensoras desaparecidas, entre ellas los defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca en la Mixteca Marcos Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño e Irma Galindo, así como Claudia Uruchurtu Cruz.

En diciembre de 2022, la la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina y la CIDH advirtieron en una declaración conjunta sobre “el incremento de discursos estigmatizantes que buscan deslegitimar, o bien silenciar la labor de defensa de los derechos humanos en diversos países de la región. En algunos casos, preocupa que estos discursos provienen desde las más altas autoridades de los Estados”.

La base de datos del monitoreo de “Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca” verifica esta tendencia peligrosa. Reconocemos el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de las personas defensoras y exigimos al Estado mexicano el respecto y la protección del derecho a defender derechos humanos.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 8 de junio de 2023.

Campaña Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca

Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, A.C.


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200 atentados a la vida contra personas defensoras durante el actual sexenio en México: EDUCA

En cinco años, en México registramos 200 atentados a la vida contra personas defensoras, dichas agresiones incluyen: desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, y concuerdan con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En este escenario, 176 personas defensoras fueron asesinadas, 20 personas defensoras permanecen en calidad de desaparecidas y 4 aparecieron con vida.

Observamos que la seguridad comunitaria es el derecho con mayor riesgo en el país (con 32 asesinatos y 10 desapariciones), producto de la estrategia de seguridad fallida de gobiernos anteriores y gobiernos actuales de los tres niveles, la violencia contra personas defensoras se agrava en contextos de inversión y megaproyectos en el país, principalmente por minería.

El estado con mayor número de asesinatos sigue siendo Oaxaca con 41 personas asesinadas desde diciembre de 2018 hasta octubre de 2023, seguidos de Guerrero con 29, Michoacán con 18 y Chiapas con 14 casos.

Desde inicios del sexenio actual en Oaxaca (diciembre 2022), EDUCA realiza un monitoreo sobre todo tipo de agresiones hacia personas y colectivos/organizaciones defensoras. Observamos que la criminalización es la agresión más denunciada, donde los agresores principales son el gobierno estatal y municipales; 24 personas defensoras y 12 colectivos/organizaciones fueron criminalizados durante este año.

Del total de los 54 eventos registrados en Oaxaca, destaca la región del Istmo con 46 agresiones que van desde el hostigamiento, criminalización, hasta agresiones físicas y asesinatos.

En el conjunto de agresiones, los principales agresores denunciados son autoridades estatales con el 44% de los casos y autoridades federales con el 22%, en las que la Marina y Guardia Nacional son actores denunciados principalmente en el Istmo en el marco de la imposición del proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec.

 

EDUCA ha dado seguimiento a las agresiones a personas defensoras de derechos humanos desde 2012, a partir del diagnóstico “Agresiones a Defensores y Defensoras Comunitarias. El Papel de los Organismos Públicos de Derechos Humanos en Oaxaca”.

Desde diciembre de 2018, ha sistematizado la información de denuncias públicas de diferentes organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre agresiones mortales a personas defensoras; En este sentido, nuestra base de datos se nutre de fuentes de sociedad civil y comunitarias que reivindican a las víctimas de agresiones como defensoras de derechos humanos.

A nivel federal documentamos y sistematizamos desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, además, a nivel estatal aperturamos un monitoreo permanente sobre otro tipo de agresiones como: amenazas, intimidaciones, criminalización y agresiones físicas hacia personas defensoras. Este monitoreo inició en diciembre de 2022.

Realizando un análisis comparativo entre los datos de 2012 y el actual sexenio, vemos que las agresiones contra personas defensoras y sus organizaciones, comunidades y procesos colectivos es una constante, y que los niveles de impunidad se mantienen, no hay justicia para las personas defensoras agredidas. Lejos de garantizar el derecho a defender derechos, el Estado mexicano continúa criminalizando su labor en los tres niveles de gobierno.

EDUCA exige justicia para las personas defensoras agredidas, asesinadas y desaparecidas en el país. A partir de la campaña “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas” y en el marco del día de muertos reivindica la defensa comunitaria como un derecho fundamental y legitimo para la construcción de una vida democrática en el país y las bases para generar condiciones hacia una paz legítima y verdadera.

 

Todos sus Nombres, Todas sus Luchas. Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

30 de octubre de 2023

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

EN OAXACA LA JUSTICIA NO LLEGA

Pronunciamiento sobre la designación del nuevo fiscal y la justicia en Oaxaca

El 25 de enero del presente año la LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca eligió a José Bernardo Rodríguez Alamilla como nuevo titular de la Fiscalía General, en sustitución de Arturo Peimbert Calvo que renunció a dicho cargo el 23 de diciembre de 2022. Este nombramiento ha generado diversas reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil, así como de actores sociales y políticos. Debido a la importancia que reviste esta designación para la impartición de justicia, la democracia y los derechos humanos en el estado, desde Servicios para una Educación Alternativa A. C. EDUCA, hacemos una serie de reflexiones y consideraciones frente a esta situación:

1.- México atraviesa por una grave crisis de acceso a la justicia, corrupción e impunidad. El nuevo sistema de justicia penal fracasó debido a que no avanzó, a la par de las reformas y modificaciones constitucionales, la capacitación de los ministerios públicos, la profesionalización de operadores y funcionarios, el incremento al presupuesto, ni tampoco se logró contar una policía profesional y confiable. El índice de impunidad federal alcanzó, tan sólo en el año 2021, el 96.1 %, superior a la de años anteriores (México Evalúa). En materia de derechos humanos, el sistema de Naciones Unidas y el sistema Interamericano, difícilmente inciden en las acciones de los operadores de la justicia en el país en casos graves contra personas defensoras y periodistas y, aunque existen convenios de cooperación, casi no se permite su coadyuvancia en las investigaciones. En México la justicia no llega.

2.- Oaxaca es el estado del país donde se han cometido más crímenes en contra de personas defensoras de los derechos humanos y el territorio, a la fecha suman un total de 34 en los últimos 4 años. Estos asesinatos permanecen en total impunidad debido a una falta de rigor en la investigación criminal y a una ineficaz actuación del aparato de impartición de justicia. Aunado a esto, en los dos primeros meses del actual gobierno, ocurrieron 25 feminicidios y la mayoría de los perpetradores siguen libres. En diversas ocasiones familiares de víctimas y organizaciones se pronunciaron sobre la falta de prevención y atención a denuncias de violencia feminicida. Existen expedientes rezagados de casos graves: la Masacre de Agua Fría (2002); los crímenes contra activistas de la APPO (2006-2007); el asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola (2010), sólo por mencionar algunos de los casos de mayor resonancia; con todo y la creación de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, los casos no avanzan. Este panorama nos revela un estado de desinterés, rezago e impunidad en la impartición de justicia en Oaxaca.

3.- En este contexto se inscribe el nombramiento del nuevo fiscal en Oaxaca. La designación de Bernardo Rodríguez sigue un patrón que ya se había observado anteriormente, de la oficina encargada de la protección y defensa de los derechos humanos pasa a la oficina encargada de la política criminal y persecución de los delitos. Es evidente que cubre un perfil idóneo para dar continuidad a un sistema de procuración de justicia que no le dio los resultados a la población, por lo que hubo 24 eventos de linchamientos o intentos de linchamientos en Oaxaca sólo en 2022. La situación estructural que hemos descrito anteriormente va más allá del nombramiento de un fiscal. Hay una estructura inoperante que hace que en Oaxaca tengamos una impunidad del cien por ciento (Impunidad Cero), el estado con mayor grado de impunidad en México. La procuración de la justicia en Oaxaca está asentada en la impunidad, la corrupción y los pactos entre los grupos políticos. Las Fiscalías Regionales están ligadas a los grupos de poder o a los caciques regionales, o bien, a la delincuencia organizada. En las Fiscalías no existen los instrumentos, los procedimientos, ni la tecnología necesaria, no tenemos una policía profesional para investigar delitos. En suma, la reforma al sistema penal no pasó por Oaxaca. La designación de Rodríguez Alamilla, viene a ser otro nombramiento dentro de una estructura que no funciona. Si no observamos la grave crisis de la procuración de justicia en Oaxaca nos vamos a quedar solamente en la crítica al nombramiento de una persona.

4.- En los casos de personas defensoras, que como EDUCA acompañamos, no se han logrado avances. No hay una actuación de la Fiscalía en lógica de derechos humanos, se abren carpetas de investigación como “homicidios cualesquiera”, debido a la falta de claridad de la Fiscalía que no entiende el papel que juegan las personas defensoras en la sociedad. Además, no hay recursos para medidas cautelares, ni un sistema de protección. La justicia sigue siendo a modo, se persiguen delitos por consigna o por interés político. Las actuaciones de la Fiscalía son poco transparentes y eficaces. Existe también mucha responsabilidad de la Federación y del Poder Judicial en estos casos. De muy poco ha servido que desde la sociedad civil se propongan iniciativas de ley, protocolos, medidas de protección, si éstas no se cumplen y la justicia no llega a las víctimas y sus familias.

5.- Consideramos que tienen que darse cambios en el modelo de procuración de justicia en Oaxaca. En principio, se requiere una reforma integral a la Fiscalía, hacer una institución que sirva, transparente, cuyas actuaciones estén apegadas a los más altos estándares en materia de derechos humanos, con personal profesionalizado y presupuesto suficiente para el desempeño de su misión. Revisar el trabajo de las Fiscalías Regionales para impulsar los cambios necesarios. Valorar el desempeño de las Fiscalías Especializadas y la reestructuración de estas. Retomar carpetas y expedientes rezagados para profundizar en investigaciones que lleven a fincar responsabilidades penales a perpetradores de crímenes.

Finalmente, nos preocupa el futuro la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la falta de titular y el poco interés que parece existir en el gobierno de la cuarta transformación en la protección y salvaguarda de los derechos humanos, coloca a este organismo autónomo en una situación de vulnerabilidad. Se suma a esta fragilidad la falta de un Consejo Ciudadano en funciones, el desmantelamiento de las Defensorías Especializadas y la ausencia de estrategias para prevenir riesgos; esto en medio de una ola de asesinatos de personas defensoras. Esperamos que tanto la Fiscalía como la DDHPO no se conviertan en apéndices del gobierno, sino por el contrario que sean instituciones fuertes, que cumplan con su labor de defender a la sociedad y procurar la justicia y el respeto a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.

#JusticiaParaOaxaca

Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de febrero de 2023.

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Oaxaca el estado más peligroso para la defensa de derechos humanos: EDUCA

– México sufre crisis de violencia e impunidad, alerta EDUCA

– En el país, 141 personas defensoras asesinadas y 17 desparecidas en 4 años

– Campaña «Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca» denuncia la violencia contra procesos de defensa

En México, 141 personas defensoras fueron asesinadas en cuatro años. Este total de asesinatos data del inicio del actual sexenio en diciembre de 2018 hasta noviembre de 2022, incluye a 19 mujeres y 8 personas de la diversidad, asi como 114 hombres.

Familias enteras desplazadas, niños huérfanos y comunidades con el tejido social roto son algunas de las dramáticas consecuencias que se esconden detrás de las cifras de esta estadística de violencia.

Es importante mencionar que, la gran mayoría de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales ha quedado en total impunidad, por lo que el ciclo vicioso de la violencia se sigue acelerando.

El país padece desde hace años una severa crisis de derechos humanos que incluye una gran vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos de todas y todos.

Nuestro registro contiene información verificada por cada uno de los casos, y cada persona defensora asesinada fue reivindicada por organizaciones locales o internacionales como luchadoras y luchadores que defendieron los derechos humanos.

 

Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua, mortales para la defensa de derechos

De ese total en el país, 34 crímenes corresponden a defensores de Oaxaca. Oaxaca es el estado más peligroso para la defensa de derechos humanos en México. Le siguen Guerrero con 25, Chiapas con 14 y Chihuahua con 10 personas defensoras asesinadas en los últimos cuatro años.

En la lista de las 17 personas defensoras desaparecidas se encuentran los mismos cuatro estados: En 2021, en Chihuahua fueron desaparecidas 10 personas defensoras, siete indígenas yaquis y tres trabajadores de ranchos. En Guerrero, Vicente Suástegui lleva más de un año en calidad de desaparecido. Y en Oaxaca siguen desaparecidas Claudia Uruchurtu de Nochixtlán, asi como cuatro defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca, la ambientalista Irma Galindo entre ellas.

Los estados Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua suman a más de la mitad de asesinatos, ejecuciones y desapariciones de personas defensoras.

En Oaxaca, el mayor peligro para personas defensoras son las autoridades locales. La mayoría de ataques se registró en las regiones Costa y Mixteca. La violencia está alimentada por la complicidad entre poderes fácticos y autoridades locales (emanados de todos los partidos y también del sistema normativo interno).

Entre los temas con más riesgo, en el sur del país se perfila la defensa del territorio frente inversiones y proyectos de desarrollo. En Oaxaca, cada tercera persona defensora asesinada defendió la tierra y el territorio. El 91% de ellos, pertenecía a un pueblo indígena.

A nivel país preocupa el aumento de asesinatos de madres buscadoras de personas desaparecidas, por lo que nos sumamos al llamado de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) a reconocer y proteger a las mujeres buscadoras.

“Cuando defiendo territorio, defiendo mi vida”: resumió un defensor comunitario en la serie de cortos documentales de la campaña «Alas y Raíces del Movimiento Social de Oaxaca», publicado por EDUCA.

Como Servicios de Educación Alternativa EDUCA, compartimos las denuncias y esperanzas de las personas defensoras y de las comunidades que luchan por sus derechos.

Se necesitan urgentemente políticas de protección a personas defensoras en el estado de Oaxaca y el país. Los casos de asesinatos y desapariciones no pueden continuar en la impunidad.

Con el inicio de un nuevo sexenio en Oaxaca, acrecentarémos nuestros esfuerzos de monitoreo de agresiones y trabajaremos también en la resolución no-violenta de los conflictos sociales y políticos.

En el contexto de este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, EDUCA reconoce el trabajo, el esfuerzo y sacrificio de todas estas personas defensoras que fueron asesinadas, y cuyo compromiso en defensa del territorio, la cultura y los derechos a la vida ha quedado plasmada en el imaginario colectivo de la sociedad.

Serie documental “Alas y Raíces de los movimientos sociales en Oaxaca”

Cartel de la campaña:

En Día de Muertos no olvidamos sus nombres ni sus luchas: 135 personas defensoras asesinadas en México

México se prepara para celebrar una de las festividades más antiguas y de mayor arraigo popular en la región mesoamericana: el Día de Muertos. De acuerdo con la tradición de los pueblos originarios durante estos días, fin de octubre y principios de noviembre, instalamos altares y ofrendas en nuestras casas y panteones para recibir a nuestros muertos, porque existe la firme creencia que ellos vienen en este tiempo a compartir con nosotros los alimentos, la música y la fiesta.

En este marco celebratorio, EDUCA presenta una suerte de memorial para reconocer el trabajo, el esfuerzo y sacrificio de personas defensoras que fueron asesinadas, y cuyo compromiso en defensa del territorio, la cultura y los derechos a la vida ha quedado plasmada en el imaginario colectivo de la sociedad.

La base de datos que ahora presentamos contiene los nombres, las fechas y los lugares en que fueron asesinadas 135 personas defensoras en el periodo que va de diciembre de 2018 a octubre de 2022 en México. De ese total 33 crímenes corresponden a defensores de Oaxaca. Así mismo presentamos la lista de 18 personas defensoras registradas oficialmente como desaparecidas.

El registro que presentamos contiene información verificada por cada uno de los casos. Ofrecemos esta información para quienes hacen trabajo de investigación y registro, o bien acciones de comunicación y periodismo, para hacer conciencia de esta grave problemática que enfrenta México y, sobre todo, para que sus nombres y sus luchas de quienes han dado su vida por defender la de los demás, no se olvide.

Personas defensoras asesinadas durante el actual sexenio

12.2018 y 2019

1. 24.12.2018. Manuel Martínez Bautista, nahua, defensor del territorio, ejecutado en Yahualica, Hidalgo. FNLS

2. 03.01.2019. Sinar Corzo Esquinca, miembro del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos Coloso de Piedra. Asesinado en Arriaga, Chiapas. ONU-DH

3. 18.01.2019. Noé Jiménez Pablo, tsotsil, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN) y del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán. Defendía el derecho a la vida digna y fue asesinado en Amatán, Chiapas. Red TDT

4. 18.01.2019. José Santiago Álvarez Gómez, tsotsil, miembro del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de Amatán. Defendía el derecho a la vida digna y fue ejecutado en Amatán, Chiapas. Red TDT

5. 20.01.2019. Gustavo Cruz Mendoza, chinanteco, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), integrante de la comisión de comunicación. Defendía el derecho a la tierra y fue ultimado en Santiago Jocotepec, Oaxaca. CIPO-RFM

6. 20.01.2019. Rafael Manríquez Murúa, periodista y defensor de los derechos humanos. Defendía el derecho a la libertad de expresión; era beneficiario del Mecanismo federal y fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur. ONU-DH

7. 21.01.2019. Bernardino García Hernández, mixteco, representante de Zimatlán de Lázaro Cárdenas en la comisión que busca la solución al conflicto por medio del diálogo entre su comunidad y San Sebastián Nopalera en esa región mixteca de Oaxaca. Cedhapi

8. 23.01.2019. Estelina Gómez López, tsotsil, integrante de la Organización Popular Ricardo Flores Magón y de la organización Luz y Fuerza del Pueblo. Defensora del derecho al territorio, ejecutada en Amatenango del Valle, Chiapas. Comité Cerezo

9. 09.02.2019. Oscar Cazorla, zapoteca, activista muxe y fundador de Las Auténticas Intrépidas Buscadoras del Peligro. Defensor de los derechos LGTB. Asesinado en Juchitán, Oaxaca. ONU-DH

10. 20.02.2019. Samir Flores Soberanes, nahua, fundador de la estación comunitaria Radio Amilzinko, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Opositor al Proyecto Integral Morelos, ejecutado en Amilcingo, Temoac, Morelos. CNI

11. 25.03.2019. Eulodia Lilia Díaz Ortiz (60), indígena, integrante del Consejo Indígena de Trueque (integrantes otomís, tlahuicas y nahuas) y defensora del territorio, asesinada en Santiago Tianguistenco, Estado de México. CDHZL

12. 30.03.2019. Abiram Hernández Fernández, abogado y activista del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM) y psicólogo que apoyó a familias de desaparecidos, asesinado en Xalapa, Veracruz. CESEM

13. 03.04.2019. Camilo Pérez Álvarez, triqui, líder natural de la comunidad Ojo de Agua, militante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), emboscado y acribillado en el paraje la Ladera perteneciente a la Sabana Copala, Oaxaca. HRD-Memorial

14. 11.04.2019. Luis Armando Fuentes Aquino, zapoteco, defensor comunitario e integrante de la organización Corriente del Pueblo Sol Rojo, así como activista de la Red de resistencia contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica. Ultimado a balazos en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. FIDH

15. 12.04.2019. Julián Cortés Flores, mephaa, líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), asesinado en San Luis Acatlán, Guerrero. Red TDT

16. 14.04.2019. Héctor Mauricio Rosas Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, A.C. y DJ, asesinado cuando promovía el rescate de los jóvenes de la colonia Obrera, Guanajuato. HRD-Memorial

17. 19.04.2019. Héctor Armando Domínguez, muralista y artista plástico, defensor del arte urbano, sus obras fueron vandalizados en varias ocasiones. En el ataque a Héctor Domínguez también le arrebataron la vida a su padre Aureliano Domínguez, y a su hermano Julio Emmanuel Domínguez Rodríguez, asesinados en Ciudad Valles, San Luís Potosí. HRD Memorial

18 y 19. 01.05.2019. Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz, rarámuris, madre e hijo, defensores de la ecología y familiares de Julián Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas de la Virgen asesinado en 2018. Fueron asesinados en el municipio de Guadalupe y Calvo, en los límites de Chihuahua y Sinaloa. HRD Memorial

20. 02.05.2019. Telésforo Santiago Enríquez, zapoteco, profesor indígena y fundador de la radio comunitaria El Cafetal donde criticó casos de corrupción en la política local, emboscado y asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, Oaxaca. RSF

21. 02.05.2019. Eugenio Máximo Hilario, nahua, líder del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y ex comandante regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), asesinado en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, Guerrero. CRAC-PF

22 y 23. 04.05.2019. José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, nahuas, promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ). José Bartolo era Concejal Nahua del Concejo Indígena de Gobierno y además era coordinador regional del Comité de la CRAC-PF. Asesinados en Chilapa de Álvarez, Guerrero. HRD Memorial

24. y 25. 23.05.2019. Bartolo Morales Hilario e Isaías Xantenco Ahuejote, nahuas, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), del poblado Xicotlán, municipio de Chilapa de Álvarez, ambos promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), asesinados en la carretera Chilapa-Tlapa, Guerrero. HRD Memorial y HRD Memorial

26. 10.06.2019. José Luis Álvarez Flores, defensor del río Usumacinta, fue asesinado en los límites entre Tabasco y Chiapas, a la altura del Ejido Calatraba, Chiapas. CDHCM

27. 18.06.2019. Mario Moreno López (64), miembro del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, asesinado en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. FNLS

28. 28.06.2019. María Cristina Vázquez Chavarría, integrante del movimiento vecinal de la colonia Condesa en la Ciudad de México. ONU-DH

29. 19.07.2019. Zenaida Pulido Lonbera, activista social en la búsqueda de personas desaparecidas, abatida a tiros en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. IM-Defensoras

30. 22.08.2019. Hugo Gómez Cruz, defensor de la tierra y del territorio de Paso de la Reyna, así como integrante del Copudever, Oaxaca.

31. 11.10.2019. Isaías Cantú Carrasco, mephaa, presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Paraje Montero, Malinaltepec, e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), asesinado en Malinaltepec, Guerrero. REMA

32. 19.10.2019. Cruz Soto Caraveo, integrante del Colectivo de Familias Desplazadas Forzadamente de la Sierra Tarahumara en el municipio de Guazapares, desaparecido el 13.10.19, encontrado asesinado en Chihuahua. HRD Memorial

33. 20.11.2019. Arnulfo Cerón Soriano, nahua, dirigente del Frente Popular de la Montaña (FPM), Tlapa de Comonfort, desaparecido el 11 de octubre de 2019 y encontrado en una fosa clandestina el 20 de noviembre, en Tlapa, Guerrero. CDHM Tlachinollan

34. 30.11.2019. Catalino Barradas Santiago, chatino de la comunidad de Santa Lucia Teotepec y parte de los “vigilantes de la legalidad” para las elecciones a presidente municipal. Asesinado supuestamente por elementos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, región Costa de Oaxaca. CEDHAPI

35. 09.12.2019. Manuel Alejandro Gutiérrez, nahua, fundador y coordinador del Comité de Enlace de la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, Guerrero. CDHM Tlachinollan.

36. 16.12.2019. Josué Bernardo Marcial Santos, alías Tío Bad, músico defensor y promotor de la lengua y cultura mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, el narco estado en Veracruz Asesinado en el municipio San Juan Evangelista, Istmo de Veracruz. Colmix

2020

1. 29.01.2020. Homero Gómez González, defensor de la naturaleza y administrador del Santuario de la Mariposa Monarca “El Rosario”, Ocampo, Michoacán. Desaparecido 13.01.2020, encontrado 29.01.2020., en Michoacán. UNESCO

2. 18.01.2020. Isabel Cabanillas de la Torre, defensora de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Colectivo Hijas de Su Maquilera Madre

3. 01.02.2020. Raúl Hernández Romero, defensor de la naturaleza y guía de turista del Santuario de la Mariposa Monarca “El Rosario”, Ocampo, Michoacán. Desaparecido 27.01.2020, encontrado 01.02.2020 en Michoacán. UNESCO

4. 22.03.2020. Paulina Gómez Palacios Escudero, defensora del medio ambiente y guardiana del territorio sagrado de Wirikuta, desaparecida 19.03.2020, encontrada 22.03.2020, en El Salvador, Zacatecas. REMA

5. 23.03.2020. Isaac Medardo Herrera Avilés, defensor ambiental de la reserva natural “Los Venados”, asesinado en Juitepec, Morelos. ONU-DH México

6. 29.03.2020. Karla Valentina Camarena del Castillo, mujer transgénero y defensora de derechos LGBTTI+, asesinada en San Felipe, Guanajuato. IM-Defensoras

7. 30.03.2020. Benito Peralta Arias, nahua, líder de San Jerónimo Amanalco, Texcoco, Estado de México. Red TDT

8. 01.04.2020. Juan Zamarrón Torres (72), rarámuri, defensor del bosque, asesinado en Bocoyna, Sierra Tarahumara, Chihuahua. Red TDT

9. 08.04.2020. Adán Vez Lira, defensor del medio ambiente, municipio de Actopan, Veracruz. ONU DH México

10. 09.04.2020. Esteban Martínez Pérez, activista del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), asesinado en Putla de Guerrero, Oaxaca. Comité Cerezo

11. 09.04.2020. Pablo Guzmán Solano, activista del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT), asesinado en Putla de Guerrero, Oaxaca. Comité Cerezo

12. 24.04.2020. Jesús Memije Martínez, delegado de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en Costa Grande de Guerrero, asesinado junto con su hijo cuando se dirigían a la comunidad de Yetla, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

13. 07.05.2020. Eugui Roy Martínez Pérez (21), defensor ambiental, asesinado en San Agustín Loxicha, Oaxaca. ONU-DH México

14. 12.05.2020. Óscar Ontiveros Martínez, líder minero opositor a empresa Media Luna, Cocula, Guerrero. Comité Cerezo

15. 19.06.2020. María Elizabeth Montaño, educadora médica, activista LGBTTI+ y mujer trans, asesinada en la Ciudad de México. Red TDT

16. 01.06.2020. Umber Gómez González, activista de la Organización Proletaria Emiliano Zapata –Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas, desaparecido 28.05.2020, encontrado muerto 01.06.2020 en Siltepec, Chiapas. Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

17. 06.06.2020. Antonio Montes Enríquez, líder rarámuri de la comunidad Bosques de San Elías Repechique, Chihuahua. Consultoría Técnica Comunitaria AC (Contec)

18. y 19. 23.07.2020. Jesús Miguel Jerónimo, y su hijo Jesús Miguel Junior (18). Jefe de Tenencia de la comunidad purépecha de Ichán, asesinados en el municipio de Chilchota, Michoacán. CEMDA

20. 11.08.2020. Jonathan Santos, defensor de derechos de la comunidad LGBTTI+, asesinado en Zapopan, Jalisco. Red TDT

21. 19.08.2020. Javier Eduardo Pérez Hidalgo, defensor de derechos de la comunidad LGBTTI+, asesinado en Acapancingo, Morelos. Red TDT

22. 24.08.2020. Tomás Martínez Pinacho, líder Frente Popular Revolucionario – Sierra Sur, asesinado en Ánimas Trujano, Oaxaca. Red TDT

23. 27.08.2020. Jeanine Huerta López, defensora de los derechos de la comunidad LGBTTI+ y personas viviendo con VIH, Centro de Servicios SER A.C. Asesinada en Tijuana, Baja California. IM-Defensoras

24. 02.09.2020. Mireya Rodríguez Lemus, defensora de los derechos de las personas LGBTTI+. Asesinada em Aquiles Serdán, Chihuahua. ONU-DH

25. 24.09.2020. Óscar Eyraud Adams, kumiai, defensor ambiental que denunció acaparamiento del agua en Tecate, Baja California. Agua para Todos

26. 25.09.2020. Daniel Sotelo, kumiai, defensor ambiental que denunció acaparamiento del agua en Tecate, familiar de Óscar Eyraud Adams, Baja California. CEMDA.

27. 28.10.2020. Juan Aquino González, nahua, defensor nahua del bosque, municipio de Copalillo, región Norte, Guerrero. Consejo Consultivo Para el Desarrollo Sustentable Núcleo Guerrero

28. 02.11.2020. Rodolfo Díaz Jiménez, zapoteco, activista social de la asamblea comunitaria de San Baltazar Loxicha, Oaxaca. Comité Cerezo

29. 20.11.2020. Gabino Ávila Martínez, triqui, dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult), asesinado en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Comité Cerezo

30. 25.11.2020. Maurilio Hernández Martínez, triqui, agente de policía de la comunidad de Río Metate, asesinado en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Comité Cerezo

31. 04.12.2020. María Eufemia Reyes Esquivel, purépecha, defensora de la autonomía indígena, asesinada en Zitácuaro, Michoacán. CDHM Tlachinollan

32.-35. 20.12.2020 María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, nahuas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), asesinados en la carretera Chilapa-Tlapa, Guerrero. CEMDA

2021

1.-3. 17.01.2021. Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón, purépechas asesinados cuando cumplieron con el ejercicio de autonomía en la ronda comunitaria de Zitácuaro, Michoacán. Tlachinollan

4. 23.01.2021. Fidel Heras Cruz, chatino, comisariado Ejidal en Paso de la Reyna y defensor del Río Verde, asesinado en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Copudever

5. 17.02.2021. Manuel Carmona Esquivel, purépecha, defensor de la autonomía indígena, asesinado en Zitácuaro, Michoacán. Tlachinollan

6. 20.02.2021. Ramiro Rodríguez Sántiz, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ejecutado extrajudicialmente por miembros del grupo paramilitar Los Petules en un contexto de vigilancia por parte de agentes del estado en la comunidad de Río Florido, Ocosingo, Chiapas. OLEP.

7. 08.03.2021, Jordán Terjiño Luna, integrante nahua del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), asesinado en la comunidad de Tlatoaqui, municipio de Olinalá, Guerrero. Global Witness.

8. 15.03.2021. Isaías Elacio Palma, integrante de la CRAC-PC de Huamuchitos, asesinado en Acapulco, Guerrero. Global Witness.

9.-11. 15.03.2021. Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, chatinos, defensores del Río Verde asesinados en Paso de la Reina, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Global Witness

12. 18.03.2021. José de Jesús Sánchez García, brigadista y cuidador de las áreas naturales protegidas en parque ecoturístico Lagunas de Zempoala, asesinado en Huitzilac, Morelos. Global Witness.

13. 28.03.2021. Jaime Jiménez Ruiz, chatino, exagente municipal de Paso de la Reina y defensor del Río Verde, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Copudever

14. 03.04.2021. José Santos Isaac Chávez, candidato a presidente del comisariado del ejido de la comunidad indígena Ayotitlán, opositor a la mina Peña Colorada, asesinado en Ayotitlán, Jalisco. Global Witness.

15. 04.04.2021. Carlos Marqués Oyorzábal, campesino ecologista y comisario municipal del poblado Las Conchitas, municipio de San Miguel Totolapan, Tierra Caliente, Guerrero. CCTI

16. y 17. 29.4.2021. José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, ejidatario y avecindada del ejido El Bajío, firmes opositores a la minera Penmont de Grupo Peñoles, Sonora. REMA

18. 08.05.2021. Pedro Lunez Pérez, indígena tzotzil del municipio de Aldama, asesinado durante un patrullaje de la Guardia Nacional, en Los Altos de Chiapas. Global Witness.

19. 21.05.2021. Marco Antonio Arcos Fuentes, comisario de Jaleaca de Catalán y defensor del bosque, asesinado en Chilpancingo, Guerrero. CCTI

20. 29.05.2021. Javier Barajas Piña, funcionario de la Comisión de Búsqueda de Guanajuato, asesinado en Salvatierra, Guanajuato. ONU-DH

21. 08.06.2021. Luis Urbano Domínguez Mendoza, yaqui, defensor del agua, Loma de Guamúchil, asesinado en Ciudad Obregón, Sonora. Laberinto Yoéme

22. 10.06.2021. José Ascensión Carrillo Vázquez, defensor del medioambiente que encabezó movilizaciones contra la minera Peñasquito en el municipio de Mazapil, Zacatecas. FPLZ

23. 12.06.2021. Manuel Hidalgo Vázquez, Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP), asesinado a tiros por miembros de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos en Venustiano Carranza, Chiapas. Global Witness.

24. 12.06.2021. Marco Antonio Jiménez de la Torre, Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP), asesinado a tiros por miembros de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos en Venustiano Carranza, Chiapas. Global Witness.

25. 12.06.2021. Rolando Pérez González, Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-CP), asesinado a tiros por miembros de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos en Venustiano Carranza, Chiapas. Global Witness.

26. 15.06.2021. Leobardo Hernández Regino, otomí habitante de Xuchitlán del municipio de San Salvador, herido gravemente el 01.06. en manifestación en Hidalgo, Hidalgo, falleció el 15.06.2021. Global Witness.

27. 17.06.2021. Tomás Rojo Valencia, líder yaqui, defensor del agua y del territorio, Vícam, Sonora. Desaparecido el 27 de mayo, encontrado el 17 de junio de 2021, en Vícam, Sonora. Agua para Todxs

28. 23.06.2021. Federico de Jesús Gutiérrez. Triqui, MULT, asesinado en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca. Global Witness.

29. 28.06.2021. Flor de Jesús Hernández, maestro y miembro del MULT, asesinado cuando se dirigían a brindar una asesoría a sus alumnos en la comunidad de Coyuchi Copala, Santiago Juxtlahuaca. Global Witness.

30.06.2021. Oliverio Martínez Merino, maestro y miembro del MULT, asesinado cuando se dirigían a brindar una asesoría a sus alumnos en la comunidad de Coyuchi Copala, Santiago Juxtlahuaca. Global Witness.

31. 02.07.2021. David Díaz Valdez, defensor del medioambiente, opositor a termoeléctrica en Campos, Manzanillo, Colima. CNDH

32. 05.07.2021. Simón Pedro Pérez López, pacifista, catequista, integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Presidente de su Mesa Directiva en el año 2020). Asesinado en Simojovel, Chiapas. Abejas de Acteal

33. 15.07.2021. Aranza Ramos Gurrola, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, asesinada en Ortiz, Guaymas, Sonora. ONU-DH

34. 19.07.2021. Aline Sánchez, mujer transexual y defensora de los derechos de la comunidad LGBTTI+ y miembro del Colectivo Mujeres Trans Famosas Toluca, asesinada en Mexicaltzingo, Estado de México. ONEA

35. 21.07.2021. Román Rubio López, líder del Colectivo Tarahumara Sinaloense y miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Colectivo Tarahumara Sinaloense

36. 30.07.2021. José Nicanor Araiza Dávila, buscaba a su hijo desaparecido en 2018 y participaba con varios colectivos de familiares, desaparecido el 22 de julio, hallado muerto el 30 de julio en El Durazno, en Concepción del Oro, Zacatecas. Familias Unidas en busca de una esperanza, Zacatecas

37. 04.08.2021. Ramiro Ventura Apolonio, policía comunitario de la CRAC-PC y miembro del CECOP, asesinado en Acapulco, Guerrero. Global Witness.

38. 08.08.2021. Lea Juárez Valenzuela, lideresa del asentamiento irregular denominado La Beraca, asesinada en el municipio de Candelaria, Campeche. Global Witness.

39. 02.09.2021. Rodrigo Morales Vázquez, ambientalista y opositor a la reapertura del basurero de Loma de Mejía en Cuernavaca, Morelos. Comision Independiente de Derechos Humanos de Morelos

40. 03.09.2021. Manuel Cartas Pérez, integrante del comité estatal del Frente Popular Revolucionario (FPR), defensa de la tierra y de mejora en la vivienda, asesinado en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. FPR

41. 07.09.2021. Alejandro García Zagal, activista que exigió a las autoridades someter a investigación a la regidora de Cuernavaca Albina Cortés, que lo amenazaba. Asesinado en Cuernavaca, Morelos. Global Witness.

42. 01.10.2021. Jacinto Hernández Quiroz, desaparecido el 1 de octubre del 2021, encontrado muerto el 3 de octubre. Defensor del bosque de la comunidad Guerrero Grande, San Estéban Atatlahuca, Oaxaca. CEMDA.

43. 10.10.2021. Mayolo Quiroz Barrios, defensor del bosque desaparecido de Mier y Terán, San Sebastián Atatlahuca, Oaxaca. Desparecido el 10.10.2021, encontrado en 13 de enero de 2022. Global Witness.

44. 25.10.2021. Isidoro Hernández, defensor del bosque de la comunidad Mier y Terán, San Esteban Atatlahuca, asesinado en el contexto de los ataques armados contra Mier y Terán, Ndoyonuyuji y Guerrero Grande, Oaxaca. CEMDA.

45. 28.10.2021. Narciso López Vázquez, integrante del Comisariado de Bienes Comunales y líder indígena Tacuate asesinado en Santiago Ixtayutla, región Costa de Oaxaca. EDUCA.

46. 08.11.2021 Jesús Solórzano Díaz, OCEZ Región Carranza, asesinado en Venustiano Carranza. Global Witness.

47. 16.12.2021. Marcelino Álvarez González, agente de Cruz Chiquita y miembro del MULT, asesinado en el centro del municipio Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. Global Witness.

 

2022

01. 22.01.2022. Ximena García, activista de la comunidad LGBTTI+ e integrante de la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de Morena, asesinada en Azcapotzalco, Ciudad de México. Morena.

02. 27.01.2022. Ana Luisa Garduño Juárez, activista en búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija, menor de edad, Ana Karen Huicochea, asesinada en Temixco, Morelos. IM-Defensoras.

03. 11.02.2022. Francisco Vázquez, defensor del agua en el oriente de Morelos e integrante del Consejo de vigilancia de la Asociación de del Río Cuautla (ASURCO), asesinado en Ayala, Morelos. Ejidos en Defensa del Agua de Ayala.

04. 07.03.2022. José Trinidad Baldenegro, indígena rarámuri y defensor del territorio en la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. ONU-DH.

05. 19.03.2022. Patricia Susana Rivera Reyes, abogada y defensora de comunidades indígenas, asesinada en Tijuana, Baja California. IM-Defensoras.

06. 28.04.2022. Luis Donato Ortiz, defensor del pueblo afromexicano, fundador del Consejo Ciudadano en Marquelia, Guerrero, asesinado en Marquelia. CNDH.

07. 21.05.2022. Cecilia Monzón López, abogada y defensora de los derechos humanos de mujeres e infancias, asesinada en San Pedro Cholula, Puebla. IM-Defensoras

08. 23.05.2022. Humberto Valdovinos Fuentes, defensor de tierra y territorio, fundador de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC), asesinado en Pinotepa Nacional, Oaxaca. ONU-DH.

09. 20.06.2022. Jesús Bañuelos Acevedo, defensor del medioambiente que protesto contra relleno sanitario de la empresa DESMEX en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo. ONU-DH.

10. y 11. 20.06.2022. Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, defensores de derechos humanos y sacerdotes asesinados en la comunidad indígena de Cerocahui, estado de Chihuahua. FLD

12. 14.07.2022. Crispín Reyes Pablo, agente municipal de la comunidad mixe de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, desplazados de su comunidad por un grupo armado en 2017, Oaxaca. ONU-DH.

13. 17.07.2022. Brenda Jazmín Beltrán Jaime, defensora buscadora del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, Sonora. IM-Defensoras.

14. 19.07.2022. Álvaro Sebastián Ramírez, expresó político y defensor de derechos humanos de San Agustín Loxicha quien pasó casi 20 años en la cárcel, asesinado en Xoxocotlán, Oaxaca. CNDH.

15. 30.08.2022. Rosario Lilián Rodríguez, buscadora integrante del colectivo “Corazones sin Justicia”, asesinada en el municipio de Elota, Sinaloa. ONU-DH.

16. 04.10.2022. Blanca Esmeralda Gallardo, buscadora integrante del Colectivo Voz de los Desaparecidos, asesinada en la ciudad de Puebla, Puebla. ONU-DH.

17. 26.10.2022. Filogonio Martínez Merino, exagente municipal de Paso de la Reyna, escomisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del Río Verde, asesinado en el municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. ONU-DH

TOTAL: 135 PERSONAS DEFENSORAS ASESINADAS, 33 EN OAXACA.

18 personas defensoras siguen en calidad de desaparecidas

2018

Sergio Rivera Hernández Semanas antes de inicio del actual sexenio, el 23 de agosto de 2018 fue desaparecido el defensor nahua, presumiblemente por su oposición a un proyecto hidroeléctrico que afectaría a los ríos Huitzalan, Atzalan y Coyolapa, en la Sierra Negra de Puebla. Sergio Rivera sigue en calidad de desaparecido, sus agresores aprovecharon el vacío de poder durante la entrega-recepción del gobierno. Tres personas fueron detenidas, pero liberadas por un juez de Puebla, a pesar de que se presentaron testigos. CIEDH

2021

Grisell Pérez Rivera, abogada de 38 años y defensora de los derechos humanos, desaparecida desde el 26 de marzo de 2021 en Tlalmanalco, en el Estado de México. Pérez desapareció luego de haber hecho un plantón ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle que se reuniera con las familias de víctimas de feminicidio y apoyara los refugios para mujeres. ONU-DH

Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida el 26 de marzo del 2021 en Nochixtlán, Oaxaca. Uruchurtu había denunciado supuestos actos de extorsión y abuso de poder por parte de las autoridades municipales de Nochixtlán. Según declaraciones de la Fiscalía de Oaxaca y del presidente AMLO, fue asesinada. Esto sin tener ninguna evidencia física. Claudia Uruchurtu sigue en calidad de desaparecida. ONU-DH

10 personas, siete indígenas yaquis y tres trabajadores de ranchos, desaparecidos. El 14 de julio, 15 personas salieron de la comunidad yaqui Loma de Bácum, en el sur de Sonora, con rumbo al rancho conocido Agua Caliente -a unos 85 kilómetros al norte-. Ahí recogerían algunas vacas que llevarían a su comunidad para la fiesta tradicional que iniciaba ese día. No volvieron a su comunidad y desde ese día no se tiene noticia de su paradero. Global Witness

Sus nombres: Artemio Arballo Canizalez, Benjamín Pórtela Peralta, Braulio Pérez Sol, Fabián Sombra Miranda, Fabián Valencia Romero, Gustavo Acosta Hurtado, Heladio Molina Zavala, Juan Justino Galaviz Cruz, Leocadio Galaviz Cruz, Martín Hurtado Flores

05.08.2021. Vicente Suástegui, miembro del CECOP, desaparecido en Acapulco, Guerrero. CDHM Tlachinollan

23.10.2021. Marcos Quiroz Riaño, defensor del bosque desaparecido de Guerrero Grande, San Sebastián Atatlahuca, Oaxaca. Desaparecido. Global Witness

23.10.2021. Miguel Bautista Avendaño, defensor del bosque desaparecido de Guerrero Grande, San Sebastián Atatlahuca, Oaxaca. Desaparecido. Global Witness

23.10.2021. Donato Bautista Avendaño, defensor del bosque desaparecido de Guerrero Grande, San Sebastián Atatlahuca, Oaxaca. Desaparecido. Global Witness

27.10.2021. Irma Galindo, defensora del bosque de San Sebastián Atatlahuca, Oaxaca. Desaparecida en la Ciudad de México, tras intentar contactar al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Global Witness

Episodio 1 del documental: “Alas y Raíces de los movimientos sociales en Oaxaca”

«Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca» es una campaña que tiene el objetivo de visibilizar a comunidades y movimientos en defensa de sus derechos en Oaxaca, sus principales denuncias y esperanzas, así como las estructuras de desigualdad históricas hacia los mismos, reivindicando la defensa comunitaria como un derecho humano.

Iniciamos con una serie de 5 vídeos los cuales profundizan en los testimonios de los movimientos sociales de Oaxaca, donde la memoria histórica conduce a la movilización social y cuestiona profundamente el contexto neoliberal y el despojo capitalista.

La serie se enfoca en las lecturas, retos y alternativas de los movimientos sociales en Oaxaca, quienes están profundamente enraizados en la memoria histórica, en el trabajo comunitario, en la búsqueda y construcción permanente de alternativas al modelo desarrollista: la acción colectiva, la participación de las mujeres, la recuperación y defensa de los territorios, la educación comunal y la agroecología son expresiones que cobran vital importancia en esta serie.

La serie consta de 5 capítulos, el primero de ellos, “Las raíces y las alas del movimiento popular en Oaxaca” realiza un recuento histórico de las diversas luchas en Oaxaca: la construcción del poder local (municipal y agrario), contra los cacicazgos, por la autonomía universitaria, la defensa del territorio y los derechos de los pueblos indígenas son distintivos frente a los gobiernos autoritarios y el capitalismo, de igual forma realiza un análisis sobre el gobierno de la Cuarta Transformación y la perspectiva de los movimientos frente a éste.

Ver el primer video de la Serie documental “Alas y Raíces de los movimientos sociales en Oaxaca”

Oaxaca 2022, reclamos de justicia y paz

“No todo está perdido. Ante el deterioro de la vida social en Oaxaca, existen personas con deseos, disposiciones, propuestas e historias que, verificadas en el presente, mantienen una esperanza frente al futuro”.

Esta es una idea que se puede vislumbrar y que se desea realizar a través de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, con el Instituto de Investigaciones Sociológicas y su Programa Institucional en Cultura de Paz, que desde el pasado 7 de mayo del 2021, construyeron el proyecto denominado: “Espacio para el análisis y actuación ante la conflictividad en Oaxaca. Cultura de Paz”.

Siendo el objetivo principal del proyecto “promover espacios de análisis e investigación sobre la conflictividad social y sus rasgos principales en el estado”, además, de abordar temáticas en materia de justicia de género, defensa de la tierra y de los territorios, y la investigación y documentación de conflictos sociales.

Todo se desarrolla después de analizar y observar que en los últimos años la conflictividad social y la violencia han tenido una frecuencia creciente, hechos que se pueden corroborar a través de los datos disponibles sobre protestas sociales, feminicidios y distintas formas de violencia que se presentan en el estado.

Por ello se pretende ofrecer con este ejercicio, las herramientas y metodologías de análisis que sean encaminadas a construir enfoques de procesos y espacios de cambio social desde la no-violencia.

Las organizaciones académicas y activistas impulsoras del “Espacio para el análisis y actuación ante la conflictividad en Oaxaca. Cultura de Paz” son: Instituto de Investigaciones Sociológicas y el Programa Institucional de Cultura de Paz, de la UABJO, así como Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ A.C.), el Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales (LAOMS- CEIICH-UNAM), Grupo de Estudios de la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer A.C.), Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA A.C.) y el Observatorio de la Conflictividad Social en el Pacífico Sur (OCSPSur).

Más información en: Oaxaca 2022, reclamos de justicia y paz