Introducción

El presente documento es un análisis sobre el conflicto territorial, los actos de resistencia y las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Oaxaca, enfocado en el periodo del 1 de diciembre del 2022 al 31 de mayo del 2025. Este periodo abarca los primeros 2 años y medio del actual gobierno de Salomón Jara y por ende del partido político Morena.

Esta investigación se llevó a cabo en el contexto del aumento de los conflictos por el control de la tierra y territorio, el incremento de medidas de seguridad nacional y la militarización en el país, así como de las estructuras criminales y los mercados ilícitos cada vez más visibles y violentos que impregnan México. Sin embargo, el enfoque principal de este análisis se centra en las posibles causas del creciente despojo de tierras y el incremento de la violencia contra los pueblos indígenas, los movimientos sociales, su criminalización y, por tanto, la reducción del espacio cívico en el sureste de México.

Apuntes metodológicos.

Para llegar al fondo de las causas de los fenómenos observados, EDUCA implementó tres monitoreos de seguimiento con sus respectivas bases de datos. El primer seguimiento analiza las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, documentando tanto las circunstancias de la agresión, la forma de agresión y los posibles agresores, entre los más importantes. El segundo monitoreo está dedicado a la conflictividad territorial en Oaxaca, su naturaleza y justificación, enfocándose en los actores que intervienen en los conflictos, así como las respuestas institucionales, además de los esfuerzos de las autoridades federales, estatales y locales para resolverlos. El tercer monitoreo documenta las acciones de resistencia y organización política en Oaxaca y, por tanto, la respuesta de la población ante la conflictividad.

La base de estos datos y su documentación se retoma principalmente de los casos publicados en la Minuta de Educa Oaxaca, igualmente se utilizan otras fuentes periodísticas y de organizaciones de derechos humanos. Cabe señalar que en nuestra base de datos, no todos los hechos conflictivos han sido registrados, ya sea porque no se denunciaron públicamente o por falta de información corroborada. En esta investigación denominamos hecho conflictivo a un evento que genera tensión o confrontación entre dos o más partes y que fue difundido públicamente a través de diferentes medios de comunicación.

Por tanto, la información presentada cuenta con respaldo y confirmación de éstos hechos conflictivos, EDUCA considera que la información es un derecho de la ciudadanía y por tal motivo difunde la sistematización de nuestras bases de datos.

UNO. Criminalización: respuesta del Estado frente a la defensa comunitaria.

En los primeros dos años y medio de la actual administración, se registraron 44 personas agredidas individualmente y 70 actos de agresión contra grupos, comunidades, colectivos, organizaciones o movimientos sociales en Oaxaca.

De todas las agresiones registradas, 27 fueron catalogadas como atentados a la vida, abarcando tres tipos de agresiones: homicidio , ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

En estos actos de agresión se privó de la vida y asesinó a un total de 32 personas defensoras. Estos casos de atentados a la vida constituyen 20 homicidios individuales, 1 ejecución extrajudicial y 5 ataques hacia grupos de personas en la cual 11 personas defensoras fueron asesinadas. Cabe mencionar que en el periodo analizado se registró 1 desaparición forzada, no obstante, la persona desaparecida (Refugio Román Cortés Hernández) fue localizada con vida un mes después de su desaparición.¹

En el estado, la criminalización (31 registros), el hostigamiento (29 registros) y homicidios (25 registros) son los tipos de agresiones con mayor incidencia, los cuales representan el 73.6% de las agresiones cometidas.

En el total de los 114 registros de agresiones hacia personas defensoras que existen en nuestra base de datos, estimamos que 355 personas fueron agredidas².

Un aspecto preocupante que sobresale en este monitoreo es que el Istmo de Tehuantepec destaca con el 50% de todas las agresiones registradas que se relacionan con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto que cataliza las agresiones contra personas defensoras en la región.

La agresión principal en el contexto de su implementación también es la criminalización. En el Istmo se registraron 20 incidentes de criminalización, constituyendo casi 2/3 de todas las agresiones en el estado. Estos 20 casos de criminalización involucran a 136 personas defensoras.

Si se examina el tema de criminalización de personas defensoras más de cerca, en Oaxaca se observa un patrón de penas excesivas. Estos “castigos ejemplares” para los defensores son una respuesta desproporcionada a su labor de defensa y buscan desalentar a las comunidades en resistencia. En lo que respecta a estas penas excesivas es importante nombrar los casos de Miguel Peralta Betanzos, David Salazar Hernández, y Pablo López Álavez con sentencias de 50, 46 y 30 años, respectivamente.

Se observa que el mayor agresor denunciado son las autoridades estatales (24.6%) seguidas de los poderes fácticos (22.8%) y las autoridades federales (21.1%).

En este sentido, una táctica de disuasión del Estado es el uso de grupos de choque. Un actor que, tras su uso en tiempos oscuros, se pensaba que estaba en desuso; sin embargo, tanto en manifestaciones contra megaproyectos del gobierno federal, como en marchas y bloqueos de comunidades indígenas, migrantes y hasta mujeres, grupos civiles violentos reaparecieron y han generado conatos de violencia en el espacio público. Además, en territorios ocupados por grupos del crimen organizado, se empiezan a borrar las fronteras entre estos poderes fácticos, los grupos sindicales y del partido gobernante. Son los ejemplos de Agencia de Guadalupe Victoria del municipio de San Juan Juquila Mixes, que sufrieron desplazamiento interno de su comunidad, Unión Hidalgo en la defensa de su territorio ante la extracción ilegal de sus bienes comunes, San Antonio de la Cal frente la construcción del centro de residuos sólidos y Capulálpam de Méndez ante la extracción ilegal de sus minerales. En todos estos casos documentamos la presencia de grupos de choque que con violencia intentaron frenar su legítima defensa.

Para finalizar este apartado, es importante visibilizar que el 86% de las personas defensoras, víctimas de agresiones pertenecen a pueblos indígenas, en los que el 35.1% son zapotecos, 17.6% son ayuuk-mixe, 11.4% pertenecen al pueblo triqui, 7% son del pueblo mixteco, 7% del pueblo mazateco y 8% pertenecen a diferentes pueblos.

DOS. Omisión y provocación agudizan los conflictos territoriales en Oaxaca

En el monitoreo sobre la conflictividad territorial en Oaxaca, hemos registrado 166 hechos conflictivos, lo que equivale en promedio a más de un evento conflictivo por semana. Analizando los tipos de conflictos, sobresale que los conflictos agrarios (44 hechos conflictivos) y la imposición del CIIT (42 hechos conflictivos) destacan como focos rojos de conflictividad territorial, seguidos de la operación ilegal de proyectos mineros en los Valles Centrales y la Sierra Norte (22 hechos conflictivos). Cabe señalar que un conflicto emergente se encuentra en la Costa con el despojo de playas por proyectos turísticos.

Respecto a la conflictividad en las regiones, se observa que el Istmo de Tehuantepec destaca como el centro de aglomeración de conflictos con casi la mitad de todos los eventos conflictivos (47.6%), seguido de Valles Centrales con 16.9%, la Mixteca con 11.4% y la Costa con 8.4%.

Del total de hechos conflictivos, destacan los territorios indígenas con un 96%, lo cual representa un alto nivel de vulnerabilidad y falta de atención de las autoridades estatales y federales frente a la conflictividad, en los que las principales causas son la implementación de megaproyectos, es decir, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, la minería en los Valles Centrales y la actual turistificación en la Costa.

Es importante señalar que el aumento del porcentaje en la Mixteca corresponde principalmente a un conflicto agrario, que recibió mucha atención pública y política debido a la presión pública (nos referimos al conflicto Villa de Guadalupe Victoria-Llano de Guadalupe), a este escenario se suma el conflicto triqui, una disputa violenta entre grupos de poder y comunidades por el control político y territorial, un conflicto que ha causado desplazamientos forzados, asesinatos y una crisis humanitaria que persiste desde hace décadas.

De los 166 hechos conflictivos registrados, destacan como principales respuestas de las autoridades estatales (en términos de generar líneas para atender la conflictividad): la omisión con el 38%, la provocación con el 28.3%, y la administración del conflicto con 15.1%.Los números son preocupantes. Esta respuesta de las autoridades estatales y federales derivan en conflictos sociales y políticos agravados e incluso asesinatos.

En el intento de resolver los conflictos territoriales, es importante destacar el papel de las autoridades locales – municipales o agrarias – y el papel de los tribunales en los que su actuación ha producido una disminución de hechos conflictivos en diferentes regiones principalmente relacionados con conflictos político electorales, agrarios y de despojo de bienes comunes (6.6% de los hechos conflictivos). No obstante, aunque existen resoluciones de tribunales y/o acuerdos internos de autoridades municipales y agrarias, la actuación de autoridades estatales y federales reavivan los conflictos.

Respecto a la autonomía y territorio de las comunidades relacionadas con megaproyectos de inversión, hemos documentado que en varios conflictos, las autoridades estatales y federales violentan los acuerdos comunitarios, tal es el caso de Puente Madera, Unión Hidalgo y Santa Cruz Tagolaba en el Istmo de Tehuantepec, San Pedro Quiatoni y otras comunidades de Valles Centrales en contra de la minería. Se imponen poderes fácticos y economías ilegales y aunque existan resoluciones judiciales a favor de las comunidades, estas no se respetan. Una constante en estos proyectos es la falta de acceso a la información pública y la falta de acceso a la justicia.

TRES. Estrategias de resistencia y paz comunitaria.

En términos de respuestas desde los pueblos indígenas, comunidades y los movimientos sociales en Oaxaca ante la situación previamente descrita existe una gran acción popular. Los pueblos indígenas, comunidades y movimientos sociales buscan resolver sus conflictos de forma autónoma. Debido a esto se ha logrado mantener el tejido social en el estado.

Las respuestas de comunidades en el Istmo, Valles Centrales y la Costa se caracterizan por una diversidad de tácticas de defensa que van desde lo jurídico hasta la acción directa. Dicha condición nos indica que los movimientos sociales y comunidades aún apuestan por las instituciones del Estado. Al mismo tiempo, ejercen su derecho a la libre manifestación y movilización. En el panorama de conflictividad descrito documentamos 149 acciones de resistencia, equivalente a por lo menos una acción de resistencia por semana.

Cabe destacar que la mitad de las acciones de resistencia corresponden a manifestaciones, bloqueos y celebraciones siendo las formas de acción más usadas.

También existen estrategias y alternativas emergentes, para enfrentar el escenario de conflictividad y violencia, principalmente enmarcadas en acciones de solidaridad entre los pueblos, movimientos y comunidades, el impulso de foros amplios de información, conferencias de prensa encaminados hacia el fortalecimiento de la identidad, la cultura, además del rescate de lugares espirituales. Si por algo se caracteriza Oaxaca es por su fuerza organizativa y creatividad de formas de resistencias.

Las acciones de resistencia registradas muestran un claro consenso de organización política en las dos regiones de Valles Centrales y el Istmo, que destacan sobre las otras 5 regiones con 50 y 55 acciones de resistencia respectivamente. A estas dos regiones les sigue la región Costa con 17 actos de resistencia.

Estos datos apoyan la hipótesis de que tanto el megaproyecto Corredor Interoceánico en el Istmo, como los proyectos mineros en los Valles Centrales son las principales causas de resistencia política y conflicto territorial. Las cifras de acciones de resistencia en la Costa, a su vez, confirman el reciente fenómeno de turistificación de la región como una de las principales causas de conflicto y resistencia.

Conclusión

Los progresivos procesos ilegales de apropiación de tierras y territorios, la violencia y la criminalidad en el sureste de México se han visto acentuados en los últimos dos años y medio por la imposición de megaproyectos, ligados al proyecto económico de la Cuarta Transformación, que se pretende imponer, principalmente en territorios indígenas (90% de las comunidades y movimientos en resistencia pertenecen a un pueblo indígena).

Las medidas de promoción de megaproyectos extractivistas y la creciente integración de la región del Istmo en el mercado capitalista internacional, ponen de manifiesto claras violaciones de los derechos humanos. Bajo la presión de la creciente militarización de la región, el avance de las empresas transnacionales y las estructuras criminales en diferentes regiones, es cada vez más difícil para las comunidades defenderse contra el despojo de tierras, la destrucción del medio ambiente y la exclusión cultural, incluso están pagando dicha defensa con sus vidas.

El análisis de los datos registrados en el marco de este monitoreo sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, conflictos territoriales y acciones de resistencia, que se centran en los primeros dos años y medio del gobierno de Salomón Jara, muestra claramente que los pueblos indígenas son cada vez más criminalizados. Además de las evidentes amenazas a los derechos humanos que revelan las cifras presentadas, la creciente represión a los movimientos sociales y a la libertad de organización representa una amenaza a la democracia en Oaxaca y muestra explícitamente que el campo de acción de la sociedad civil es cada vez más restringido (reducción de espacios cívicos).

Como se explica en este texto, los conflictos territoriales, la suma de acciones de resistencia y agresiones a defensores de derechos humanos y por ende la represión del movimiento social se concentran en las regiones del Istmo de Tehuantepec, los Valles Centrales y la Costa. Estos datos apoyan la tesis de que la implementación de megaproyectos, especialmente el Corredor Interoceánico, la minería y el turismo son las principales causas del incremento de la conflictividad y la violencia en Oaxaca. Si profundizamos en esta premisa, los datos analizados muestran que el 54,4 % de las agresiones se cometieron contra personas que defendían su derecho a la tierra y territorio.

El 67.7% de éstas ocurrieron en el Istmo de Tehuantepec, seguido por el conflicto agrario en la Mixteca, con 16.1% y nuevamente los Valles Centrales y la Costa con 4.8% cada uno. Estas cifras no sólo confirman la tesis mencionada, sino que muestran que la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec ha promovido masivamente los conflictos por el control de la tierra y el territorio y con ello el despojo y desplazamiento de comunidades y la espiral de violencia asociada, que ahora está alcanzando su punto máximo entre 2022 y 2025.

La respuesta institucional del Estado ante las circunstancias descritas en la segunda parte, con un 38% de omisión y un 28,3% de provocación, muestran una falta de interés político por parte del actual gobierno en resolver los conflictos, así como en responder a las demandas de la población. Por el contrario, se puede interpretar que la represión por intereses económicos es una estrategia del Estado y de las empresas nacionales y transnacionales para avanzar en sus proyectos, mientras que las comunidades afectadas no son tomadas en cuenta, por el contrario, su defensa es criminalizada con la fabricación de delitos penales.

En la crítica situación descrita, el análisis de las acciones de resistencia ofrece un rayo de esperanza. Tanto el número de acciones de resistencia como su concentración en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales y la Costa muestran que a pesar de todos los peligros, incluso mortales, que enfrentan las personas en resistencia, y en defensa de los derechos humanos, existe la determinación de defender su territorio, la vida comunitaria y sus propias formas de vida y organización.

Campaña de Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, 09.08.2025